A principios de febrero se conoció que el alcalde de Colcapirhua, Nelson Gallinate, y dos funcionarios de ese municipio fueron enviados a la cárcel, acusados por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes por el supuesto sobreprecio en la compra de pruebas de antígeno nasal para detectar covid-19.

El alcalde de ese municipio cochabambino, que llegó a esa posición en las filas de Comunidad Ciudadana, estará detenido durante seis meses mientras se desarrolle la investigación de la adquisición de 10.000 pruebas de antígeno nasal a un costo de Bs 58 por unidad, en un caso en el que se sospecha que hubo sobreprecio.

Presuntamente existiría un sobreprecio de Bs 13 por cada prueba de antígeno, lo que en 10.000 unidades representaría Bs 130.000.

En las consideraciones judiciales para esa detención, se juzgó que existe riesgo de fuga y obstaculización de las indagaciones del Ministerio Público, y se argumentó que se falsificó datos en los registros para los informes a la Contraloría.

Tras conocerse el caso, Comunidad Ciudadana retiró su respaldo a la autoridad del municipio de Colcapirhua, en el valle cochabambino, ubicado a medio camino entre la ciudad de Cochabamba y Quillacollo.

En el caso, la Fiscalía actuó con una celeridad pocas veces observada: la investigación se abrió el 3 de febrero, y tres días después Gallinate y dos de sus colaboradores, Iván Padilla (secretario administrativo financiero) y Josefina Totula (jefa de Contabilidad), fueron enviados a los penales diferentes con nombres de tres santos: San Pablo, San Antonio y San Sebastián.

Diferente fue el procedimiento con el gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, del Movimiento Al Socialismo, acusado por la compra irregular de 41 ambulancias a una empresa desconocida conformada apenas días antes de la convocatoria y cuyo gerente, de 26 años, hizo revelaciones que publicamos en esta edición. Una de ellas es que el proveedor de los vehículos es una persona que sirve de enlace con ciudadanos paquistaníes en Oriente Medio.

La Gobernación de Potosí firmó el acta de recepción de las 41 ambulancias el 31 de diciembre, pero ni ese día ni hasta hoy había recibido ni una sola de las vagonetas, y terminaron convirtiéndose popularmente en las ambulancias fantasmas.

A diferencia de los Bs 580.000 que implicaban la compra de las pruebas de antígeno nasal, en el caso de las ambulancias el monto destinado era superior a los 20 millones de bolivianos.

Sin embargo, el gobernador Mamani ni fue investigado ni mucho menos detenido, y hasta se dio la licencia de decir que “no le importa carajo” lo que digan los medios de comunicación que descubrieron la operación.

Cárcel para unos, si son de la oposición; impunidad para otros, si son del oficialismo. Esa parece la consigna que con absoluta nitidez se puede percibir en dos casos que ocurren casi simultáneamente, en los que, sin embargo, las diferencias del presunto “daño” económico son muy grandes. Si bien el delito es delito, sea cual fuere el monto, los recursos totales destinados a la compra de pruebas antígeno nasal con presunto sobreprecio llegan a Bs 580.000, cifra que alcanzaría para poco más de una de las ambulancias de las 41 adquiridas por la Gobernación de Potosí.

En las declaraciones que se ha tomado respecto a este caso, las ilegalidades saltan a la vista y la responsabilidad del Gobernador la establecen las leyes: él es responsable de todo el proceso de contratación.

Es la clara ley del embudo: ancha para unos, los oficialistas, y angosta para otros, los que no son parte del partido en función de Gobierno, y, lamentablemente, la conducta de los administradores de justicia se ajusta a ese procedimiento.