El ministro de Justicia, Iván Lima, planteó ayer un “acuerdo nacional” en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para allanar el camino y elegir al nuevo Defensor del Pueblo por 2/3 y también a otras autoridades que requieren este requisito constitucional, como el contralor general del Estado y los magistrados del Órgano Judicial.

Sin embargo, el MAS impuso el viernes con su mayoría en la Comisión Mixta de Constitución el Reglamento para la Selección y Designación del Defensor del Pueblo. Este hecho fue duramente criticado por la oposición, que denunció que el oficialismo busca “direccionar” este proceso.

Para Lima, estas observaciones no son verídicas porque el reglamento solo es “operativo” y el tema de fondo son los dos tercios.

“Nuestra institución defensorial tiene requisitos previstos por la Constitución y la ley determina que estos requisitos sean cumplidos por los candidatos. El reglamento es una instancia operativa que da vida a la CPE y la ley. Pero hay un tema estructural que el país tiene que entender: los dos tercios de votos. Lo que necesitamos es una asamblea que llegue a un acuerdo nacional”, dijo Lima.

El ministro aseveró que “ojalá que en este proceso prime la madurez de algunos actores que no aportan, no participan de los procesos y luego los critican. Si hay algo que debería pasar es que todos los candidatos participen”.

Dijo que la idea es que participe la mayor cantidad de personas y que no se debe cerrar las puertas a un acuerdo político.

“Queremos que se presente la mayor cantidad de candidatos idóneos para tomar alguna decisión de manera política, no hay por qué pensar mal de la política”, indicó. 

Aseveró que para este caso se requiere dos tercios de votos que el MAS no tiene y “lo que debería ocurrir en estas elecciones es un ensayo para otras instituciones que deben renovar el mandato. El 1 de julio termina el mandato del contralor general del Estado. (Necesitamos) 2/3 para renovar ese cargo y al año los 26 cargos (de los magistrados) de Sucre se eligen por 2/3. Esperemos que haya madurez política, que vaya a un tema de fondo, que se escoja a personas idóneas al cargo en un acuerdo. No en crítica destructiva, sino en capacidad de escoger”, apuntó.

Las bancadas de oposición, Comunidad Ciudadana y Creemos, presentaron al menos seis observaciones al reglamento aprobado por el MAS en la Comisión Mixta.

Las observaciones van desde temas de meritocracia a requisitos profesionales, pero el punto más polémico es el numeral 15 del artículo 8, que dispone “no haber participado o estar involucrado en actos de gobiernos militares o de facto ni en la ruptura del orden constitucional”.

Con este artículo se prevé dejar fuera a todos los actores de 2019.

“Esta propuesta pretende discriminar, vulnerar derechos de los ciudadanos por el supuesto hecho de haber participado de gobiernos de facto. Ellos quieren imponer la falsa narrativa del supuesto golpe y generar un cernidor para personas que están involucradas en los conflictos de 2019. Esto vulnera derechos y garantías ciudadanas”, dijo el diputado de CC Enrique Urquidi.

Además, se apuntó que el reglamento no permite que la ciudadanía participe activamente del proceso de selección.

LIMA “DESTACA” A NADIA CRUZ

El ministro de Justicia, Iván Lima, no ahorró elogios para la actual defensora interina, Nadia Cruz. “Tenemos en este momento una defensora idónea, ha mostrado valores y principios”, dijo Lima a tiempo de señalar que el nuevo defensor debe ser aprobado por 2/3 de votos de la ALP.

Cruz fue duramente cuestionada por sectores de oposición, el Conade y plataformas ciudadanas, que la acusan de haberse alineado al Gobierno y de ser una “militante” del MAS.

En tanto, en redes sociales se viralizó una campaña para impulsar la postulación de la activista María Galindo, del colectivo Mujeres Creando, para la Defensoría del Pueblo.