En la justicia, preponderantemente,  en la política y en la administración pública se erige impertérrita la conducta corrupta. Y  ésta no procura el bien general,  sino el propio fin egoísta o el de sus allegados y consorcios para la corrupción y la extorsión, estableciendo inequívocamente la sucesión de las conductas corruptas.

Lastima profundamente  al pueblo boliviano -especialmente a los olvidados, discriminados y excluidos con insuficiente economía- la descomunal  corrupción generalizada y que endémicamente  queda  impune debido a la ausencia  de pruebas  preconstituidas  y fehacientes, y de investigaciones  diáfanas exentas de prebendas para inclinar la balanza del criterio de quien realiza la investigación.

Hoy subsiste la proclividad  a generalizar el concepto de la corrupción y peor,  se pretende  crear confusión en las políticas acertadas o erróneas con conductas corruptas  u honestas. Un gobierno  que elimina la participación del Estado  en la vida económica  disminuye  la corrupción debido a que las ocasiones  de corromperse  se minimizan, empero, eso es un mundo ideal.

La corrupción es inherente a la actividad pública y al poder estatal, que tratan de desviar  la atención  y no identificar  las verdaderas conductas corruptas que enardecen al pueblo; se intenta, con declaraciones  no creíbles, crear organismos estatales  para enfrentar  la corrupción  con procedimientos  burocráticos. ¿Cómo se puede  combatir la corrupción con procedimientos burocráticos si está enquistada  en la misma administración, que son los servidores públicos sin distinción?

Lo que acumula sentido  y constituiría un triunfo  para la ciudadanía honesta y preocupada es la eliminación de la  corrupción de los jueces  que tejen para sí  una red de protección. Entonces, por lo precitado,  la tarea  se centraría draconianamente  en identificar  la corrupción de todos los jueces, pues no se puede  eliminar  la corrupción  con tirar varios árboles, hay que tirar todo el bosque.

Una necesaria remoción de todos los jueces por profesionales comprometidos intrínsecamente  con los conocimientos amplios y los posgrados exigibles, con la ética, la moral y la deontología sería un inicio esperanzador de la reforma judicial.

Debe distinguirse la moral de la ética. Ésta  trata de las obligaciones  del profesional  y de su conducta  acorde a la razón  y el objeto  de convivir  en una sociedad armónica,  pues la corrupción quebranta  la paz social. La moral  no es ciencia, sino su ejercicio diario, el empleo de las buenas costumbres y de las prácticas  de quienes  deberían ser  admirados por la sociedad por sus virtudes, que es caso de los jueces y abogados.

Los jueces por la razón  del oficio  están profundamente  comprometidos  frente a  los demás ciudadanos a cumplir  las normas obligadas, a ser veraces, honestos  y fieles cumplidores  de su mandato de impartir justicia aproximada a la perfección. Por ello, existe  una sustancial diferencia entre las obligaciones  morales, éticas y de conocimiento de un juez y las de un ciudadano común; el juez  está superlativamente obligado

Raúl Pino-Ichazo Terrazas es abogado con posgrados en Interculturalidad y Educación Superior, Filosofía y Ciencia Política, Docencia en Educación Superior, Derecho Aeronáutico, Conciliación y  Arbitraje. Doctor  honoris causa en humanidades.