El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) presentó ayer ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) el informe sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.
Los expertos internacionales participaron de la sesión virtual en la que abogaron por justicia para las víctimas de lo que aseguran fue una masacre.
También se pronunció el secretario General de la OEA, Luis Almagro, quien explicó que se tomó nota del informe a tiempo de expresar condolencias para las familias de las víctimas.
Durante su intervención, llamó a respetar los mandatos constitucionales de mandatarios electos para evitar más hechos de violencia.
EL TRABAJO
Patricia Tappatá, una de los miembros del grupo de expertos, indicó que el acuerdo firmado con el Estado Plurinacional de Bolivia habilitó al grupo de expertos para investigar actos de violencia que incluían fallecimientos, lesiones, detenciones arbitrarias e irregulares, actos de racismo y de discriminación, vulneraciones a la libertad de expresión, persecución judicial y extrajudicial, desapariciones forzadas, torturas, incendio y destrucción de las propiedades, amenazas y hechos afines en marco de las protestas movilizaciones.
El trabajo fue realizado en ocho meses en los que se trasladaron a diferentes departamentos para hablar con las víctimas, familiares, autoridades, otros actores y testigos de los hechos. Fueron más de 400 entrevistas y revisión de documentos.
LA JUSTICIA
Julián Burger, otro miembro del GIEI, a tiempo de recomendar que se realice una investigación completa “seria, efectiva, exhaustiva y diligente” y que se procese a los responsables, hizo un llamamiento al sistema de justicia para que “actúe con justicia, imparcialidad e inteligencia en relación con todos los actos de violencia” y con pleno respeto a los derechos humanos.
“El GIEI considera la creación de un mecanismo interno con la participación de las víctimas y la sociedad civil, para avanzar en el temas de justicia”, añadió.
A su turno, Magdalena Correa, se refirió a las 36 recomendaciones planteadas, en busca de que haya justicia. En el marco de las investigaciones, puso énfasis en la necesidad de priorizar los hechos relacionados con violencia sexual o crímenes por razón de género.
Marlos Weichert, manifestó que se utilizó la justicia “para la persecución política”, y tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial se constituyeron en “actores de investigaciones sin debida diligencia, de persecuciones penales sin el debido proceso”.
El embajador Arce comprometió un seguimiento al informe y dijo que es fundamental para la defensa de los derechos humanos por su aporte legal internacional “para el restablecimiento de la memoria, la verdad y justicia en Bolivia”.
Rindió homenaje a quienes perdieron la vida, los heridos y “perseguidos afectados por sufrimientos”. Apuntó que, más allá de la institucionalidad que se puede reconstruir, lo que es irreparable y deja una lección para que no se repita en ninguna parte del mundo las violaciones a derechos humanos en la crisis de 2019 en el país.
Tras finalizar la presentación del informe, Almagro informó que se apoyan las recomendaciones que apuntan a las reformas estructurales de la justicia. También expresó sus condolencias y solidaridad “con todas las víctimas de las masacres provocadas por los enfrentamientos políticos en Bolivia”.
Durante su intervención pidió no hacer diferencia entre las víctimas
Finalmente, dijo que no corresponde responder a la narrativa falsa respecto al trabajo de la Misión de Observación Electoral de 2019 y aclaró que el resultado habla por sí solo. En ese entonces se informó de una “manipulación dolosa e irregularidades graves que imposibilitan validar los resultados”.
Siguen las recomendaciones
El Estado de Bolivia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) suscribirán un acuerdo para el seguimiento a las recomendaciones y conclusiones del GIEI-Bolivia. Será entre el 21 y 22 de marzo, según el embajador ante la OEA, Héctor Arce.
Para el investigador principal de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, César Muñoz, el presidente Luis Arce hizo "caso omiso" a las recomendaciones y deja impunidad. A través de las redes sociales aseguró que “urge crear no solo el anunciado mecanismo internacional de seguimiento sino también un mecanismo nacional con amplia participación de la sociedad civil para impulsar la aplicación de las recomendaciones”.
Anteriormente se pronunció el representante de las víctimas de Senkata y Sacaba, David Inca, quien lamentó la falta de cumplimiento del Gobierno a las recomendaciones en estos dos años donde protagonizaron protestas y huelgas, entre otras medidas para ser escuchados.
Conclusiones
Masacres
Se produjeron en Sacaba y Senkata con un gran número de ciudadanos que protestaban pacíficamente y que fueron asesinados por la Policía y las Fuerzas Armadas (FFAA).
Ejecuciones sumarias
El GIEI apunta a la Policía y Fuerzas Armadas y homicidios cometidos por particulares, facilitados o tolerados por agentes estatales, en el marco de un conflicto político rodeado de violencia y con al menos 37 personas muertas. Sumó el uso recurrente de la tortura, entre otros atentados a la integridad personal.
Salud
Otra conclusión es que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los actos de violencia contra los servicios de salud y ambulancias, que fueron dejadas desprotegidas son considerados violaciones de derechos humanos de responsabilidad del Estado.
Prensa
El informe sobre el ejercicio periodístico señala que durante ese periodo la prensa fue intensamente hostigada y diversos periodistas resultaron heridos.
Discursos
Se establece que la explosión de violencia en Bolivia no fue inesperada, ella fue precedida por discursos antagónicos de líderes reconocidos y por decisiones políticas que pusieron en tensión las redes de funcionamiento de la democracia y del Estado de derecho.
Propuestas
A largo plazo es la reforma del sistema de justicia para que sea independiente de la política y sirva de manera imparcial y justa al pueblo boliviano, así como acciones para lograr la reconciliación de las diferentes divisiones políticas, sociales, económicas y raciales que históricamente han asolado y siguen asolando.
También plantea una posible conferencia nacional sobre racismo y discriminación.
El GIEI reconoció los retos a los que se enfrenta el Gobierno para recuperarse de los impactos sociales y económicos de la crisis del COVID-19, pero espera acciones concretas contra los problemas estructurales subyacentes.
Además, en 36 recomendaciones está una investigación penal sin abuso de privación de libertad, la reparación de daños a las víctimas y monitoreo del uso de la fuerza pública en protestas.
