Si de algo ha servido el abyecto caso del asesino serial liberado por un juez es para destapar, de la manera más cruel, el estado de la justicia en Bolivia, al punto de que el ministro del área, Iván Lima, llegó a denunciar la existencia de una red de corrupción que involucra a jueces y fiscales.

Para el titular del Ministerio de Justicia, esta es la ratificación de lo necesaria que es una cumbre para la reforma judicial. Habrá que recordar que 2021 transcurrió sin ningún avance en la anunciada reforma; por el contrario, su administración —que es política, parcializada y dependiente del poder político— se agravó aún más, al punto de que ahora mismo la primera expresión que viene a la mente, cuando se menciona “justicia boliviana”, es “persecución política”.

A fines del año pasado, el ministro Lima anunció la cumbre para marzo de 2022. Ya estamos en marzo, pero hasta hoy no se ha fijado una fecha ni mucho menos se conoce cuál será la agenda y quiénes serán convocados a ella.

Es de esperar que no se siga el lamentable antecedente de una anterior “cumbre” en la que solo participaron representantes de movimientos sociales afines al MAS, porque, si así fuera, nuevamente sería un monólogo del Órgano Ejecutivo seguido por un coro de sectores aliados, que lo que intentarán es ajustar todavía más el sistema para procesar judicialmente a quienes no piensan igual que el Gobierno.

Cabe en este punto mencionar que no se trata de un problema meramente gubernamental o coyuntural. Hoy les toca lidiar con él al presidente Luis Arce y su gabinete, pero este asunto es de larga data y si bien el MAS ha sido partícipe de las arbitrariedades que se han venido cometiendo en el ámbito de la justicia en los últimos tres lustros, hay complicidad de la oposición que fue gobierno en el año 2020, e incluso en décadas atrás, en las administraciones denominadas neoliberales.

La demanda popular por cambiar la justicia que, para los que no comulgan con la ideología y las acciones políticas del MAS, es sinónimo de persecución política y, para los ciudadanos comunes, sencillamente de corrupción, injusticia, lentitud y burocracia, es probable que no vaya a tener el eco esperado. Pero no podemos renunciar a la esperanza de que todo cambie ni tampoco dejar de exigir una participación plural en la anunciada cumbre.

Hay que recordar una vez más que, al inicio de su gestión, Lima organizó un consejo consultivo, pero pocos días después el Gobierno lo desautorizó, ese grupo se disolvió y el Ministro pasó de impulsor de la reforma a formar parte de la estrategia de persecución de opositores con ayuda de las instituciones de la justicia y del propio Ministerio Público.

Como alternativa a ese primer fracaso, Lima planteó una agenda de seis puntos para hacer la reforma judicial —que no fue socializada con los actores que correspondía, sino otra vez con los movimientos afines al MAS. 

En su informe mundial de 2021, la organización internacional Human Rights Watch (HRW), que vigila el cumplimiento o violación de los derechos humanos en los países, dijo que en Bolivia la justicia “sufre efectos de la interferencia política desde hace años”

César Muñoz, investigador de HRW en América Latina, hizo mención a que, por ejemplo, la definición de “terrorismo” en el derecho penal boliviano es excesivamente amplia y contraviene estándares internacionales, lo que permite utilizar la figura para castigar como delitos acciones que están protegidas por la libertad de expresión y de asociación. En esas condiciones surge la pregunta: ¿Tiene realmente el gobierno de Luis Arce interés en reformar la justicia? ¿O se utilizará el clamor por cambiar la justicia para ponerla aún más al servicio del poder de turno?