Luego de oír el reporte de los representantes de este equipo de investigación, Almagro sostuvo que no deben existir diferencias entre las víctimas de los hechos de violencia tras las elecciones anuladas en 2019. “No hacemos ni podemos hacer nunca diferencia entre las víctimas, no solamente por ellos, por todos”, dijo.

Expresó además que no es competencia de esta instancia el referirse y responder a narrativas que cuestionan el papel de las misiones de observación electoral desplegadas en países de la región para dar transparencia a comicios electorales ya que la trayectoria de la OEA en esta labor es suficiente elemento de confianza y transparencia.

“No corresponde responder a narrativas falsas respecto al trabajo de las 72 MOES (Misiones de Observación Electoral) que llevamos en esta gestión, definitivamente el trabajo de las mismas habla por sí solo y definitivamente va nuestro reconocimiento”, indicó.

Sobre el informe, el experto Julián Burger, manifestó la importancia de subrayar y hacer referencia a las cosas que el informe del GIEI nunca dijo y de esta forma evitar que los datos contenidos en este reporte sean malinterpretados.

“El informe no dice que hubo fraude electoral ni que hubo un golpe de Estado, son juicios que el GIEI no consideró dentro de su mandato, además este informe no dice que el Gobierno interino haya cometido un genocidio, no se encontró motivos para llegar a esa conclusión, por otra parte, si se considera que los actos de violencia en Senkata y Sacaba deben calificarse como masacres dado el gran número de ciudadanos que protestaban pacíficamente y fueron asesinados por la Policía y las Fuerzas Armadas, recomendando que se lleve a cabo una investigación para procesar a los responsables”

De la misma forma este representante, a nombre de todo el equipo de investigadores, pidió al Estado boliviano responder en qué punto se encuentra la aplicación de las sugerencias expresadas por el GIEI, para la que se planteó la conformación de una comisión de seguimiento que verifique el cumplimiento a las recomendaciones del grupo internacional.

En contacto con EL DIARIO, el analista político y periodista Iván Rada, cuestionó que en la elaboración de este informe, en el que se dice haber escuchado a todos, no se haga referencia a la entrevista “a medias” a Casimira Lema, dado que grupos afines al masismo acallaron su intervención a punta de gritos.

De la misma forma, señaló que en este documento se habla de violencia y racismo en contra de los arrestados en noviembre de 2019 por ser «indígenas» y no por ser manifestantes violentos que gritaban «guerra civil».

“Todos los testimonios y la victimización fueron ‘racializados’ y a un solo lado. Los muertos de Montero casi no cuentan y los expertos nunca escucharon a la RJC, ahora tildados como paramilitares. Sí, sin duda, el régimen masista logró que la bandera del racismo se imponga a los hechos”, dijo.

En este informe, el GIEI también pidió que se mejore la legislación sobre terrorismo y sedición para que no se use como venganza judicial. Ambas son las figuras con las que se acusa a Añez.

Así mismo, Rada consideró que se hace un análisis distinto de las gestiones de Morales y Añez en el aspecto de los grupos que anunciaron medidas en contra de sus Gobiernos. “El GIEI se preocupa por las acusaciones de sedición contra Morales, hace un guiño al caso Añez, pero sabe que cualquier modificación al Código Penal no es retroactiva”, sostuvo.

Ante la consulta de los expertos, el embajador de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce Zaconeta, anunció para este mes, la creación de una mesa de seguimiento de las observaciones y recomendaciones del GIEI. Al inicio de su intervención además pidió realizar un homenaje a las víctimas de un supuesto “quiebre constitucional” en 2019.