El grupo de seis expertos independientes que investigó la violación de los derechos humanos en el contexto de la crisis política de 2019 aclaró ayer que, como resultado de su trabajo, no se estableció si en el país hubo “un golpe de Estado” o un “fraude electoral”.

Eso sí, los especialistas reafirmaron que en ningún caso hubo un “genocidio” durante el periodo transitorio que lideró la expresidenta Jeanine Áñez, pero sí masacres por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Recomendaron procesar a los responsables de estos hechos y de otros en los que intervino “todo el espectro de los actores políticos” del país.

De esta manera, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) entregó el informe final de su labor en una sesión virtual del consejo permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA). Culminó de este modo una investigación que analizó el periodo de septiembre a diciembre de 2019, el periodo que coincidió con el último tramo de la campaña electoral de ese año y que estuvo marcada por la decisión de Evo Morales de buscar un cuarto mandato consecutivo, incluso, por encima de los límites fijados en el artículo 198 de la Constitución Política del Estado.

El reporte de 468 páginas dedica el segundo capítulo para describir el “contexto de la crisis” y menciona esa campaña proselitista, pero también el referéndum del 21 de febrero de 2016, cuando Evo perdió la posibilidad de validar su reelección a través de un ajuste en la Constitución, además de su habilitación a través del Tribunal Constitucional. En la enumeración de estos acontecimientos, el GIEI no hizo ninguna valoración ni recomendación sobre esta crisis.

“El informe no dice que hubo fraude electoral o que hubo un golpe de Estado. Son juicios que el GIEI no consideró dentro de su mandato”, aclaró Julian Burger, un especialista inglés en derechos humanos que formó parte del grupo, durante su exposición ante los representantes de los 32 países que son parte de la organización interamericana que pagó el estudio.

“Además, el informe no dice que el gobierno interino haya cometido un genocidio. El GIEI no encontró motivos para llegar a esa conclusión. El informe sí considera que los actos de violencia en Senkata, Sacaba deben calificarse de masacres, dado que había un gran número de ciudadanos que protestaban pacíficamente y que fueron asesinados por la Policía y las Fuerzas Armadas”, remarcó poco antes de plantear la necesidad de “una investigación completa” que, además, permita la reparación de daños de las 22 personas que murieron en las masacres de Sacaba y Senkata a fines de 2019.

Además de Burger, el GIEI-Bolivia estuvo integrado por Juan Méndez, Magdalena Correa, Marlon Weichert, Patricia Tappatá y Jaime Vidal, quien fungió como secretario ejecutivo del grupo.

El grupo se formó a partir de la primera indagación que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una entidad vinculada a la OEA, y a pedido del gobierno transitorio de Áñez.

Ante la OEA, los expertos explicaron ayer la metodología que siguieron para el desarrollo de estas investigaciones, así como los principales hallazgos y realizaron una sentida exhortación para que el país reforme el sistema judicial, un aspecto que está contemplado entre las 36 recomendaciones que planteó el GIEI al Gobierno.

“El GIEI pretendía ofrecer un informe con visión de futuro y recomendó una reforma del sistema de justicia para que sea independiente de la política y sirva de manera imparcial y justa al pueblo de Bolivia y, segundo, acciones para lograr la reconciliación entre las diferentes divisiones políticas, sociales, económicas y raciales que históricamente ha asolado y siguen asolando al país”, señaló Burger, poco después de asegurar que “los actos de violencia fueron perpetrados por todos los partidarios del espectro político” del país.

El especialista preguntó por el estado de cumplimiento de las recomendaciones, máxime el interés y el respaldo que demostró el gobierno del presidente Luis Arce en favor de estas pesquisas.

Así, el embajador de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce, adelantó que Bolivia suscribirá con la CIDH, entre el 21 y 22 de marzo, un acuerdo para establecer un mecanismo de seguimiento a las recomendaciones del GIEI. “Esperemos que esta experiencia también sirva a los demás países para que nunca más un orden constitucional sea interrumpido en un país”.

En ese tono y a pesar de las aclaraciones de los expertos sobre el alcance del informe que no estableció “golpe de Estado o fraude”, los representantes de México y Argentina expresaron su respaldo a los resultados de la investigación y cuestionaron la labor de la OEA en 2019, sobre todo por la labor de la misión de observación electoral. En contraparte, la representación de Canadá, al igual que Estados Unidos, pidió evitar la politización “o uso selectivo del documento”.

El representante estadounidense instó al Gobierno a “implementar procesos judiciales imparciales que den igualdad de tratamiento a oponentes y aliados”, destacando que se acojan recomendaciones.

Patricia Tappatá observó que los hechos de 2019 no ocurrieron de manera inesperada, sino que fueron precedidos de una espiral generadora de violencia, tanto por discursos enfrentados de líderes políticos, como por el rápido recurso a la violencia en las demostraciones callejeras, que expresaban simpatías ideológicas y políticas, descalificando al adversario, por sus convicciones como por su pertenencia étnica.

El experto Marlon Weichert dijo que hubo discriminación racial contra pueblos indígenas, pero también que hubo líderes que usaron la identidad étnica como criterio para señalar la pertenencia o no a la sociedad boliviana. Observó también que la justicia fue incapaz de impedir detenciones ilegales y arbitrarias, o de investigar y sancionar responsables por las violaciones a los derechos.

Señaló que el poder judicial y la Fiscalía fueron actores de investigación sin diligencia y de persecuciones penales sin debido proceso. Los expertos también instaron a la reforma de la Policía y fuerza pública para el respeto a los derechos humanos y la gestión con sujeción al derecho. Weichert recomendó combatir el abuso de la detención preventiva, realizar acciones para erradicar el racismo y adecuar los tipos penales de “sedición y terrorismo” para que no sean instrumentos de la represión.

Manuel Morales, representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), destacó la aclaración del GIEI porque “ahora el Gobierno no podrá usar el informe para justificar la retórica del golpe” y, en ese marco, destacó la importancia de contar con una justicia independiente.

“No ha habido ningún avance en la reforma de la justicia para hacerla verdaderamente independiente y efectiva. Jueces y fiscales continúan expuestos a presiones políticas y la definición legal amplia y vaga de terrorismo y otros tipos penales sigue permitiendo su uso arbitrario”, puntualizó el investigador sénior de Human Right Watch (HRW), una entidad internacional que sigue de cerca el desarrollo de las investigaciones con relación a la crisis de 2019.

Respecto al mecanismo de seguimiento que se proyecta para las recomendaciones del GIEI, Muñoz afirmó que, además de las instancias nacionales esta entidad debería existir en territorio nacional “con amplia participación de la sociedad civil”. Al respecto, el grupo de expertos recomienda incorporar a las víctimas y otros actores para lograr la reparación.