El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) expuso y presentó este miércoles ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) su informe final sobre los hechos de 2019, en la que concluyó que hubo “graves violaciones y vulneraciones de los derechos humanos” y 37 personas muertas en Bolivia.
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Luis Almagro manifestó que no corresponde responder a la "narrativa falsa" sobre el trabajo de los observadores del organismo.
El representante Permanente de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce, este miércoles. Foto: Captura de Pantalla.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) expuso y presentó este miércoles ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) su informe final sobre los hechos de 2019, en la que concluyó que hubo “graves violaciones y vulneraciones de los derechos humanos” y 37 personas muertas en Bolivia.
“El GIEI concluyó que graves violaciones a los derechos humanos fueron cometidos en Bolivia durante el último trimestre de 2019, en el marco de un conflicto político rodeado de violencia, al menos 37 personas perdieron la vida en diversos lugares del país y centenares de personas sufrieron agresiones, tanto físicas como psicológicas”, fue parte de las conclusiones que dio lectura uno de los miembros del GIEI, que ahora se transmite en vivo por las diferentes redes sociales.
“No corresponde responder a una narrativa falsa, respecto al trabajo de las 72 MOE (Misión de Observación Electoral) que llevamos en esta gestión, definitivamente el resultado de las mismas habla por sí solas. Definitivamente nuestro reconocimiento al trabajo de la MOE y del Deco”, manifestó Almagro, durante su intervención.
Asimismo, dijo que toma nota del informe del GIEI y de las gravísimas violaciones contra los derechos humanos documentadas y en ese sentido, expresa nuevamente las condolencias a las familias de las víctimas en el marco de las violaciones de los derechos humanos en Bolivia.
“Cuando llamamos a la estabilidad como lo hicimos en el comunicado el domingo 10 (noviembre de 2019), cuando llamamos a la estabilidad y a la no violencia respetar el mandato constitucional, actuar en el marco constitucional, lo hacemos por una razón clara: evitar que ocurran situaciones como estas. La responsabilidad institucional que tenemos, no es algo que podemos sacarnos y ponernos a nuestro antojo, sino que las tenemos que asumir”, enfatizó.
El GIEI presentó su informe final el pasado agosto, tras una investigación de aproximadamente seis meses sobre los hechos de violencia ocurridos en el país entre el 1 septiembre y el 31 de diciembre de 2019.
Respecto al sistema judicial, el grupo de expertos identificó entonces “problemas estructurales endémicos” entre los que se incluyen la falta de independencia en la administración de justicia, ausencia de garantías en el debido proceso, empleo arbitrario de la prisión preventiva y obstáculos de acceso a la verdad.
En ese documento se agrega que la Policía y las Fuerzas Armadas, de modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo "excesivo y desproporcionado", y no previnieron adecuadamente los actos de violencia, dejando desprotegidos a los ciudadanos y ciudadanas. Por otro lado, señala que particulares promovieron y protagonizaron actos de violencia y ataques a personas, y a bienes públicos y también privados.
