El Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) presentó su informe sobre los hechos de violencia del 2019 en Bolivia ante la OEA, ratificando sus conclusiones de que hubo graves violaciones a los derechos humanos y masacres, sin embargo, aclaró que no se ha encontrado un genocidio.

“El informe no dice que el gobierno interino haya cometido un genocidio. El GIEI no encontró motivos para llegar a esa conclusión. El informe sí considera que los actos de violencia en Senkata, Sacaba deben calificarse de masacres, dado un gran número de ciudadanos que protestaban pacíficamente y que fueron asesinados por la Policía y las Fuerzas Armadas", dijo Julian Burger, miembro del GIEI

Actualmente, en Bolivia la expresidenta Jeanine Añez tiene un requerimiento acusatorio emitido por la Fiscalía para juicio de responsabilidades por el delito de genocidio en Sacaba y Senkata. Asimismo, el juicio penal por este caso también se amplió por ese tipo penal.

En la presentación del GIEI ante el Consejo Permanente de la OEA, se ratificó el informe presentado en 2021, en el cual se documenta la muerte de al menos 37 personas y los hechos de violencia registrados en torno al proceso electoral de 2019 y sus consecuencias.

Los integrantes del GIEI enfatizaron que en su trabajo no ingresaron a definir si en Bolivia hubo un “golpe de Estado” o un “fraude electoral". Tampoco consideró las denuncias de que otros Estados hayan colaborado con la represión. 

El GIEI ratificó que en Bolivia durante 2019 ocurrieron ejecuciones sumarias, homicidios, masacres, torturas, además de hechos de violencia facilitados o tolerados por los agentes estatales.

Indicó que las fuerzas del orden de Bolivia utilizaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado, pero asimismo fracasaron en prevenir actos de violencia practicados por grupos afines al gobierno y de oposición.

La integrante del GIEI, Patricia Tappatá, observó que los hechos de 2019 no ocurrieron de manera inesperada, sino fueron precedidos de una espiral generadora de violencia, tanto por los discursos enfrentados de los líderes políticos, como por el rápido recurso a la violencia en las demostraciones callejeras, que expresaban simpatías ideológicas y políticas, descalificando a la adversario tanto por sus convicciones como por su pertenencia étnica.

El experto Marlon Weichert acotó que hubo discriminación racial contra los pueblos indígenas, pero también hubo líderes que usaron la identidad étnica como criterio para señalar la pertenencia o no a la sociedad boliviana.

Observó también que la justicia fue incapaz de impedir detenciones ilegales y arbitrarias, o de investigar y sancionar responsables por las violaciones a los Derechos Humanos.

Señaló que el poder judicial y el Ministerio Público fueron actores de investigación sin debida diligencia, de persecuciones penales sin debido proceso.

Los expertos recalcaron que entre sus recomendaciones está la reforma de la justicia boliviana, para garantizar su independencia.

También instaron a la reforma de la Policía y fuerza pública, para el respeto a los derechos humanos y la gestión con sujeción al derecho.

Asimismo, se recomendó combatir el abuso de la detención preventiva, realizar acciones para erradicar el racismo y adecuar los tipos penales de sedición y terrorismo, para que no se conviertan en instrumentos de la represión.

Los expertos llamaron también a establecer mecanismos externos e internos, para hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones.

El embajador de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce, anunció que entre el 21 y 22 de este mes se suscribirá con la CIDH un acuerdo para establecer una mesa de seguimiento a las recomendaciones del GIEI.

“Esperemos que esta experiencia también sirva a los demás países para que nunca más un orden constitucional sea interrumpido en un país. Hay muchas responsabilidades jurídicas y políticas se verán en el futuro”, agregó.