ESCUCHA ESTA NOTA AQUÍ
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) presentó este miércoles su informe sobre los hechos ocurridos en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Se trató de una sesión ordinaria y no extraordinaria, en la que los integrantes de esa instancia, mediante solicitud de la representación boliviana, explicaron sus hallazgos, confirmando que en el país se perpetraron masacres, torturas, persecuciones, detenciones ilegales, actos de racismo y graves violaciones de los derechos humanos.
Fueron dos los integrantes de esa instancia los que explicaron los alcances de su labor, Patricia Tappatá y Julián Burger, quienes, al igual que lo hicieron en agosto de 2021, cuando se hizo público el documento, reiteraron “el GIEI no ingreso en dilucidar si los problemas en torno al proceso electoral se constituyeron en fraude o golpe de Estado”.
Asimismo, remarcaron que la conclusión “no dice que el Gobierno interino (de Jeanine Áñez) haya cometido un genocidio”, aunque “sí considera que los actos de violencia en Senkata, Sacaba deben calificarse de masacres, dado un gran número de ciudadanos que protestaban pacíficamente y que fueron asesinados por la Policía y las Fuerzas Armadas”.
La presentación:
El grupo de expertos planteó al menos 60 recomendaciones en los capítulos y 36 recomendaciones finales. Una de ellas se refiere a los planes de investigación los que deben apuntar a “que haya justicia”, es decir que se investiguen los hechos de manera seria, diligente, exhaustiva y con el debido proceso en el juzgamiento y sanción de los responsables.
El embajador de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce, adelantó que Bolivia suscribirá con la CIDH un acuerdo para establecer una mesa de seguimiento a las recomendaciones del GIEI. “Esperemos que esta experiencia también sirva a los demás países para que nunca más un orden constitucional sea interrumpido en un país. Hay muchas responsabilidades jurídicas y políticas se verán en el futuro”, agregó.
México y Argentina expresaron su respaldo a los resultados de la investigación y cuestionaron la labor de la OEA en el conflicto registrado en Bolivia en 2019, sobre todo por la labor de la misión de observación electoral; en contraparte, la representación de Canadá, al igual que Estados Unidos, pidió evitar la politización o uso selectivo de dicho documento.
La nación norteamericana instó al Gobierno nacional a “implementar procesos judiciales imparciales que den igualdad de tratamiento a oponentes y aliados”, destacando que se acojan las recomendaciones.
El documento:
Finalmente, Luis Almagro, secretario general OEA remarcó que todo lo sucedido se hubiera evitado con el cumplimiento de los mandatos constitucionales. Evitó responder a la “narrativa falsa” que cuestiona el despliegue de los observadores en los comicios anulados.
“Cuando llamamos a la estabilidad, a la no violencia, a respetar los mandatos constitucionales, actuar en el marco de los cometidos constitucionales, lo hacemos por una razón clara, evitar situaciones como esta, nuestras ideas institucionales no son algo que podemos sacarnos y podernos a nuestro antojo”, precisó.
