El punto sobre la i

El lunes 21 un medio colega sorprendió con una inusual revelación: “El MAS decide archivar juicios de responsabilidades en la Asamblea contra Áñez” (El Deber, 21 de febrero); la versión se basa en el reclamo que hace el diputado Gualberto Arispe, del Movimiento Al Socialismo (MAS) a la oposición, en sentido de que ésta al final no facilitará los dos tercios en el plenario de la Asamblea Legislativa para aprobar dichos juicios; que por eso no se los habría agendado en la presente legislatura 2022.

La actual presidenta de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados, Lidia Tupa Zelaia, tras negar que se esté pensando en archivar los cuatro casos contra la exmandataria, informó a este medio que en este momento la comisión está “en un proceso de análisis técnico (de los casos), considerando lo amplio que son los expedientes, de 7, 4, 3 y más cuerpos, a la espera de que el equipo técnico haga un proyecto resolución, el cual va a ser recién puesto a consideración de la Comisión Mixta, de senadores y diputados”; de aquí va a la presidencia de la Asamblea, instancia que debe agendar el tema para el pleno, que es el que decide y autoriza o no los juicios, por dos tercios de votos de los miembros presentes.

PROCESOS Los procesos:

1. Contratación y recepción de un crédito de 347 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) sin autorización de la Asamblea Legislativa. El requerimiento acusatorio 03/2021 fue emitido contra Jeanine Áñez, el exministro de Economía José Luis Parada y el expresidente del Banco Central de Bolivia (BCB) Guillermo Aponte. Las tres exautoridades son acusadas de resoluciones contrarias a la Constitución y a las Leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

2. Conocido como el de la libertad de expresión, juicio propuesto por el Decreto 4200 de lucha contra la pandemia, que sancionó penalmente, como “delito contra la salud pública”, la difusión de informaciones que pudiesen causar malestar o incertidumbre en la población. El requerimiento acusatorio 02/2021 apunta al caso Libertad de expresión. Áñez es acusada por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes, delitos contra la libertad de prensa y atentados contra la libertad de trabajo, por un decreto supremo que castigaba a las personas que desinformen sobre la pandemia durante la cuarentena de 2020.

3. Por la ampliación directa, por decreto, y no mediante una licitación, de la concesión a Fundempresa, consorcio privado, del manejo del registro público de empresas. El requerimiento acusatorio 01/2021 del TSJ cita a la expresidenta Áñez y a los exministros de Desarrollo Productivo José Abel Martínez y Adhemar Guzmán, acusados por los delitos de uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes y conducta antieconómica.

4. Por las “20 muertes y varias decenas de heridos” (requerimiento acusatorio) en Sacaba y Senkata en noviembre de 2019. Se le acusa a Áñez por genocidio, lesiones graves y leves y lesión seguida de muerte.

Una vez que la Comisión Mixta de Justicia Plural anteriormente ya emitió informes de 20 juicios de privilegio, la decisión de agendarlos para su tratamiento en el pleno del Legislativo es del presidente nato de la Asamblea, el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca. “Está en manos del Vicepresidente de llevar (adelante) todos esos procesos de juicios de responsabilidades (los 20 que la comisión envió, que datan desde 2006)”, señaló a este suplemento el expresidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural diputado Andrés Flores Condori (MAS).

Presidente de la citada comisión en la anterior legislatura (la que recibió los requerimientos acusatorios de los cuatro juicios), el diputado Flores relata que al menos en la Comisión Mixta se quedó en que se iban a viabilizar todos los juicios (los 20 primeros más los cuatro de Áñez), y de manera cronológica, empezando por el más antiguo, que data de 2006, terminando con los cuatro procesos contra la expresidenta interina.

POSIBILIDADES.

Es desde el punto de vista político que antes que hablar de posibilidades, hay que referirse a imposibilidades.

La senadora de Santa Cruz por Creemos Centa Rek enfatiza, por ejemplo, en que un proceso de juzgamiento a los responsables de la crisis de 2019, necesariamente debe incluir “ambas partes”, tanto a Jeanine Áñez como a Evo Morales. “Si va a haber un juicio de responsabilidades, no pueden recaer todas las acusaciones en el gobierno de transición de Jeanine Áñez; hay participación del expresidente Evo Morales, correligionarios, ministros, activistas, dirigencias”.

Lo que plantea Rek es ver la crisis como una serie de hechos en que hubo causas y efectos y enjuiciar el antes y el después: “Sacaba y Senkata es una consecuencia del fraude electoral, la huida de Evo Morales y las instrucciones públicas que dio de que incendien el país y que hagan una guerra civil”. La aplicación “unilateral” de la justicia, como ahora se estaría haciendo con el solo enjuiciamiento a Áñez, es precisamente, apunta Rek, lo que se conoce como “persecución política”, cuando se “quiere encontrar un solo culpable, el adversario, con fines políticos”.

En la Asamblea, hoy día están cuatro procesos contra Áñez, uno económico (del préstamo del FMI); otro administrativo (lo de Fundempresa); otro de atentado a la libertad de expresión (Decreto 4200), y el cuarto de violación de derechos humanos (las muertes en Sacaba y Senkata); claro, todos con responsabilidad penal, pero como dando la posibilidad de avanzar por cuerda separada, unos más rápido que otros.

Al respecto, la oposición vuelve por el “enfoque integral”: “incluso divididos los juicios, todos tienen algo que observarle; ni siquiera dividido se pueden aprobar”, destaca Rek.

Para el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Marcelo Pedrazas, en declaración a este suplemento, el avance o no de los cuatro juicios de privilegio contra Áñez es de entera responsabilidad del partido oficialista, pues es el MAS que debe sustentarlos jurídicamente, y a los opositores solo les toca estudiar los argumentos acusadores y ver si aprueban o no. “Esto (de los juicios), más que una posición de la oposición, es cómo va a conducir el oficialismo, si realmente quiere o no investigar lo que ha sucedido en estos dos periodos constitucionales (de Morales y de Áñez)”.

Pedrazas es enfático al afirmar que el MAS a la fecha se encuentra entrampado en una contradicción jurídica y política que el mismo Gobierno ha generado. Al ‘bajar’ el juicio de privilegio contra Áñez a uno de la Justicia Ordinaria (la causa Golpe de Estado II) ha imposibilitado los cuatro procesos de privilegio en trámite en la Asamblea; mientras con el primero busca establecer la existencia de un “golpe de Estado”, con los segundos reconoce de hecho la constitucionalidad del gobierno transitorio de Áñez:

“A título personal, ninguno de los cuatro juicios podría avanzar, independientemente de los tipos penales que se vayan a sindicar, si éstos se sustentan en el ‘golpe de Estado’. El MAS la tiene complicada, porque, por una parte, hace un proceso ordinario; por otra, quiere un proceso de juicio de privilegio, pero al verlo como juicio de privilegio reconoce que es un periodo transitorio constitucional”, fustiga el diputado Pedrazas.

Coincidiendo con el diputado Flores (MAS), Pedrazas señala que en relación a los 20 juicios de responsabilidades, listos para ser tratados en el plenario de la Asamblea, lo que toca es su resolución cronológica, por orden histórico; resolver, por ejemplo, las muertes en La Calancha en Sucre, mucho antes que los juicios a Áñez, alega el asambleísta opositor.

CONTRADICCIÓN.

En contrapartida, el ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó a Animal Político que aquella contradicción que señala Pedrazas entre juicio ordinario versus juicio de privilegio, en realidad no existe.

“En sentido jurídico y en sentido procesal, los hechos son diferentes; el proceso ordinario tiene como objeto juzgar a Áñez como exsenadora del Estado, justamente los actos que son previos a que ella se autoproclame como Presidenta”, remarca Lima.

Por el contrario, “los casos que se llevaron ante la Asamblea Legislativa, como juicios de resposabilidades, se han tramitado ante la Fiscalía General y ante el Tribunal Supremo de Justicia, y están actualmente en la Asamblea Legislativa”.

De prolongarse la actual indefinición, de no poder aprobarse uno o más juicios de responsabilidades a Áñez, lo que tiende a asentarse es la impunidad, deplora el ministro. El bloquear en la Asamblea el juicio a Áñez por Sacaba y Senkata, por ejemplo, posterga indefinidamente el derecho a la justicia que tienen las víctimas y los familiares de los 20 fallecidos en la represión en ambas regiones.

“Quienes le niegan justicia a los bolivianos, quienes abogan por la impunidad son Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho; ellos son los que no permiten que esos procesos puedan llegar a la Justicia. El trabajo que están desarrollando ambas bancadas (CC y Creemos) es una clara negativa de justicia al pueblo boliviano”, reclamó el Ministro de Justicia.

Ellos (Mesa y Camacho), remarca, al negar los dos tercios, al no permitir que actúe la Justicia, lo que están buscando es un pacto de impunidad”.

Ante la práctica imposibilidad de que los cuatro juicios contra Áñez sean aprobados por dos tercios de la Asamblea, el Gobierno ha recurrido a la consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para saber si Jeanine Áñez aún habiendo sido presidenta, puede ser juzgada por la vía ordinaria. “El camino que se ha presentado es la vía constitucional. En este momento, el Tribunal Constitucional está analizando una acción de inconstitucionalidad concreta presentada por el ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, para dilucidar si los casos que están actualmente en la Asamblea continúan en la vía de juicio de responsabilidades, o si son remitidos a la Justicia Ordinaria”, confirmó el ministro Lima.

Frente a la visión de que el enjuiciamiento debe ser “integral”, a los actores del antes y del después de los hechos, a Evo Morales y Jeanine Áñez, incluso en un mismo proceso, el ministro no ve en esto sino “cobardía”: el no plantear directamente ante la Justicia la denuncia contra Evo Morales, si es que pretenden que la justicia le alcance.

“Lo que siempre he extrañado es la cobardía de la oposición boliviana; es buena para decirles a ustedes, los periodistas, que van a denunciar, que debería actuar la Justicia, etcétera, cuando el Código de Procedimiento Penal es muy claro; ellos pueden presentar denuncias o querellas. Pero ellos nunca lo hacen. Yo le exijo a Carlos Mesa que nos diga dónde están las pruebas de su fraude monumental. Si ellos quieren juzgar a Evo Morales, que presenten una denuncia y le enjuicien”, retó Iván Lima.

(*)Iván Bustillos es periodista de La Razón