Eduardo Leaño Román

Los politólogos Powell y Thyne brindan un concepto ampliamente aceptado respecto al golpe de Estado, señalan que se trata de intentos ilegales y abiertos por parte de los militares o de otras élites dentro del aparato del Estado para remover al Ejecutivo en el poder (2011: 252). Los elementos que distinguen a este concepto son: el blanco o victima (jefe de Estado), el perpetrador (agente estatal, generalmente militares) y el procedimiento (secreto, rápido y, sobre todo, ilegal).

Sin duda, estos componentes caracterizan a un golpe de Estado clásico y se reflejaron en los regímenes autoritarios del siglo XIX y XX que asediaron a nuestro país. Sin embargo, si el jefe de Estado es destituido ilegalmente pero el perpetrador no es un agente estatal, el acto es una revuelta o golpe de la sociedad civil; si el perpetrador como agente estatal utiliza el procedimiento ilegal del fraude electoral como medio para que el jefe de Estado conserve el poder, estamos frente al tipo de golpe electoral; si el perpetrador es un agente estatal y la destitución es ilegal pero el blanco no es el jefe de Estado, el hecho es autogolpe; y, si el perpetrador es un agente estatal y el blanco es el jefe de Estado pero el procedimiento de la destitución es legal, la situación corresponde a un golpe blando, golpe parlamentario o golpe constitucional.

Así, la ausencia de uno de los elementos del golpe de Estado clásico permite hablar de algunos subtipos.

Considerando este esquema, evidentemente lo ocurrido en el Estado Plurinacional de Bolivia se encuentra distante de ser un golpe de Estado clásico. Contrariamente, a manera de conjetura, sostenemos que en este periodo sucedieron tres golpes, inicialmente el 2014 se llevó a cabo un golpe electoral exitoso y, el año 2019, constatamos el fracaso de un golpe electoral y el triunfo de un golpe de la sociedad civil o contragolpe. La hipótesis se sustenta sobre el supuesto de que la frágil institucionalidad democrática del país es la extraordinaria oportunidad que, vinculada con los deseos de los protagonistas de prolongarse en el poder, constituyen la amalgama perfecta que promueve y alienta las prácticas golpistas.

Golpe electoral exitoso

En una ocasión, Daniel Zovatto, refiriéndose a los políticos dijo que muy pocos están dispuestos a dejar el poder, y muchos de los que se fueron intentan regresar. El empeño de Evo Morales por aferrase al poder se remonta al desarrollo de la Asamblea Constituyente (2006-2007); aunque el primer borrador del texto constitucional (septiembre de 2007) incluyó la reelección indefinida, el texto constitucional aprobado en el referéndum constitucional de 2009 contempla la reelección por una sola vez de manera continua; además, establece que el periodo de gobierno iniciado el 2005 debe ser considerado como un primer mandato. Con esto quedó establecido que el presidente Morales podía postular solo en las elecciones de 2009.

En los comicios de 2009, ni oficialistas ni opositores discutieron la reelección; en opinión de los masistas se trataba de la primera elección después de aprobada la nueva CPE; en cambio, en criterio de los opositores era el segundo mandato de Morales, considerando el mandato que arrancó el 2006. La polémica en torno a la reelección se presentó en el siguiente proceso electoral. 

El primer golpe electoral exitoso asestado por el MAS fue en las elecciones de 2014; la Carta Magna era inequívoca, no podía haber más reelección para Evo Morales y Álvaro García, pero en abril del 2013, después de infructuosos reclamos de la oposición, el Tribunal Constitucional Pluricultural (TCP) declaró constitucional la reelección para los comicios de 2014 con el insostenible argumentando de que el texto constitucional recién ingresó en vigencia el 2009.

Evidentemente, la maniobra electoral fue inconstitucional, contradecía el parágrafo II de disposiciones transitorias de la Carta Magna, que establecía lo siguiente: Los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones. Los perpetradores de semejante golpe fueron los cuatro órganos del Estado: los miembros del Órgano Ejecutivo, como beneficiarios directos de la manipulación política intervinieron de manera secreta en el diseño del golpe; el Órgano Legislativo, por medio de los senadores presentaron al TCP el proyecto de ley para viabilizar la reelección; el Órgano Judicial a través del TCP declaró constitucional la reelección de ambas autoridades para las elecciones de 2014; y finalmente, el dócil Órgano Electoral procedió a la inscripción de ambos candidatos.

Así, en un marco de absoluta sumisión y desvergonzado contubernio, todos los órganos estatales resultaron ser los responsables de propinar aquel exitoso golpe electoral que permitió un nuevo mandato de Morales Ayma y García Linera.

Golpe electoral frustrado

 Luego de iniciado el tercer mandato, las principales autoridades del Órgano Ejecutivo, obstinadas en preservar el gobierno, empezaron a escudriñar algún recurso más o menos legal para habilitarse nuevamente para los comicios de 2019.  En este empeño, a iniciativa de su bancada mayoritaria en el Órgano Legislativo, el 21 de febrero del 2016 se convocó a referéndum para modificar el Artículo 168 del texto constitucional que, básicamente, implicaba aprobar o rechazar la postulación indefinida de Evo Morales y Álvaro García. Contrariamente a las apetecidas expectativas del indispensable binomio, los resultados oficiales de la consulta favorecieron mayoritariamente al No; es decir, se rechazó la posibilidad de una nueva reelección de las máximas autoridades nacionales.

El binomio derrotado, desde el Órgano Ejecutivo, empezó a maquinar otro dispositivo jurídico para transgredir la constitución y pisotear el referéndum. En septiembre del 2016, el Órgano Legislativo presentó al TCP el recurso de acción de inconstitucionalidad abstracta para habilitar otra vez a los candidatos en apuros. El 28 de noviembre de ese año, el fallo final del TCP, ilógicamente, declaró inconstitucional el Artículo 168 de la CPE y facultó a Morales y García, igualmente a todas las autoridades electas, a repostularse indefinidamente. Esta manipulación de la Carta Magna fue el inicio de otro golpe electoral que no se consumó plenamente.

Evidentemente, este golpe electoral fue ilegal, no solo violó la Constitución, sino también vulneró el artículo 15 de la Ley de Régimen Electoral, que textualmente dice: “Las decisiones adoptadas mediante referendo tienen vigencia inmediata y obligatoria, y son de carácter vinculante. Las autoridades e instancias competentes son responsables de su oportuna y eficaz aplicación”.

Desconociendo los resultados del referéndum y transgrediendo abusivamente este artículo, los perpetradores que intervinieron en este golpe fueron los cuatro órganos estatales y, como en el caso precedente, cometieron más o menos las mismas irregularidades, aunque a diferencia del anterior caso, este golpe electoral no se consumó completamente; el fallido desenlace obligó a Evo Morales y Álvaro García a dimitir y salir del país.

El principal error del golpe electoral del 2019 se cometió en la última fase del proceso. Casi todo se hizo bien, el Órgano Ejecutivo pensó la estrategia, el Órgano Legislativo presentó el respectivo recurso de habilitación, el Órgano Judicial facultó la reelección indefinida y el Órgano Electoral habilitó a los candidatos, pero esta última entidad empañó el proceso electoral con el fraude en el cómputo de votos que se constituyó en el factor determinante de la ruina del golpe electoral.

Revuelta o golpe de la sociedad civil

En los comicios del 2019, para cerrar el ciclo del golpe electoral, el Tribunal Supremo  Electoral debía implementar el fraude en el cómputo de votos si los resultados no eran favorables al partido de gobierno. La ciudadanía, casi 20 días antes de los comicios, sospechó de la imparcialidad de la entidad electoral; según una encuesta,  el 68% de las personas consultadas creía que habría fraude electoral. (Página Siete, 29 septiembre 2019).

Al parecer, aquella sospecha de fraude se ahondó el mismo día de la jornada electoral, cuando el Tribunal Supremo Electoral suspendió repentinamente la transmisión de resultados por el sistema TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares) que, con el cómputo de cerca del 80% de mesas, hacía prever una segunda vuelta electoral, pero que después de cometido el fraude electoral, habilitado el sistema informático y finalizado el cómputo, los candidatos beneficiados con la manipulación de votos resultaron ganadores en la primera vuelta electoral. El golpe electoral comenzó a desmoronarse con las primeras denuncias de fraude realizadas por el ingeniero Edgar Villegas al día siguiente de las elecciones. Pocos días después, los informes especializados de observación electoral realizados por la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos confirmaron la veracidad del dolo electoral. Ambas revelaciones fueron el combustible que inflamó la protesta social en contra del gobierno y la entidad electoral.   

Desde el día de las elecciones, 18 de octubre de 2019, en contra del fraude electoral se fue gestando una revuelta social o golpe de la sociedad civil que al mismo tiempo que intensificaban sus repertorios de protesta, también radicalizaban sus demandas: cuando la oposición social empezó a reclamar segunda vuelta electoral, los oficialistas pregonaban ser los ganadores de las elecciones; mientras los movilizados demandaron segunda vuelta con otros vocales, el gobierno tardíamente aceptó el balotaje. El momento en que el pueblo indignado reclamaba otras elecciones sin el binomio oficialista, los líderes masistas recién aceptaron ir al balotaje con otras autoridades electorales (obligaron a renunciar a los vocales); en tanto la sociedad movilizada insistía en convocar a otras elecciones sin el concurso del binomio masista.

La postura oficialista solicitó a la OEA realizar una auditoria vinculante sobre el cómputo electoral; cuando la sociedad civil organizada empezó a exigir la renuncia de los mandatarios, el gobierno machacó con la auditoria de la OEA; el momento en que la oposición social persistió en la dimisión, el desacreditado oficialismo sin iniciativa no atinó a brindar respuesta alguna. (Corzo, Mamani y Quisbert, 2020).

En aquella circunstancia la postura de la sociedad movilizada empezó a ganar el apoyo de la policía (se amotinaron en contra del gobierno), la OEA público el resultado de la auditoria que confirmaba y demostraba el fraude electoral (se identificaron irregularidades graves, errores e indicios) y, simbólicamente, el Alto Mando Militar solicitó la renuncia de las autoridades gubernamentales-

Frente a semejante adversidad, Evo Morales y Álvaro García dimitieron y salieron del país rumbo a México: fracasó el golpe electoral y triunfó la revuelta o golpe de la sociedad civil.

La revuelta traicionada

 A excepción del golpe de la sociedad civil, los otros tipos de golpes tienen un sentido negativo quizá debido a que son motivados por intereses mezquinos de los mandatarios (por ejemplo, el golpe electoral); en cambio, por tratarse de una reacción espontánea en contra de una injusticia o abuso de poder de los gobernantes, la revuelta o golpe de la sociedad civil es percibido en su significado positivo. Así, la revuelta social de 2019 fue aplaudida y celebrada, pero a diferencia de una revolución, carecía de un proyecto de sociedad y su propósito no era cambiar la sociedad, sino lograr cambios en la sociedad: no más fraude. La misión de celebrar elecciones transparentes era el principal mandato que debía cumplir Jeanine Añez cuando, en una transición constitucional (como lo afirmó el actual presidente), fue designada presidenta.  

El gobierno recientemente posesionado nombró otras autoridades electorales y, a pesar de las adversidades, en octubre de 2020 se celebraron nuevos comicios transparentes; pero, en un gesto de traición a la revuelta social, la gestión de Añez y sus eventuales aliados se deslució debido a que la corrupción, el nepotismo, el prebendalismo y las ambiciones personales distinguieron a su administración.

Al observar las viejas prácticas de los nuevos líderes políticos, la decepcionada ciudadanía optó mayoritariamente por favorecer con su voto al candidato del MAS.

Es cierto, el mandato de Luis Arce y David Choquehuanca procede de la legitimidad de origen fundado en el contundente resultado electoral del 2020 (55%); pero, una vez en el poder, lo que importa es la eficiencia y eficacia en la gestión y administración, es decir, cuenta más la legitimidad de ejercicio.

En la actualidad, según los resultados de una encuesta, la confianza en la gestión de Luis Arce, calificado como bueno o muy bueno, descendió del 32,7% que se había registrado en julio, a 26,4% en el mes septiembre; contrariamente la confianza en la gestión considerada como mala o muy mala subió del 36,6% al 43,9%. (Página Siete, 26 septiembre 2021).

Sin duda, si la legitimidad de ejercicio continúa esta tendencia, si el gobierno insiste en aprobar leyes antipopulares, si persiste en el abuso de poder y si porfía en habilitar nuevamente a Evo Morales, es probable advertir problemas de gobernabilidad para el partido oficialista y, quizá, el advenimiento de otro golpe de la sociedad civil.

Eduardo Leaño Román Sociólogo

*Este texto fue publicado en Turbulencias, revista internacional de resolución de conflictos, mediación, negociación y diálogo. Instituto de Mediación de México.