La urgente reforma judicial en Bolivia, que va calando cada vez más como una demanda central en los diferentes sectores de la sociedad civil, está en riesgo de abortar antes de dar sus primeros pasos, pero no por las razones expuestas hace unos días por el ministro de Justicia, Iván Lima. Según él, “algunas personas no quieren esa transformación”. “Algunas personas” que el mismo Ministro identifica como “políticos de oposición”, entre los que ha hecho cuestión de incluir al jefe nacional de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa.

No hay que hacer mucho esfuerzo para rebatir la afirmación del Ministro. Basta revisar las acciones del mismo y las de sus colegas de gabinete para evidenciar que es precisamente en su seno —en la cúpula gubernamental— donde están esas “muchas personas”, y no sólo “algunas”, reacias a encarar una verdadera reforma judicial en Bolivia. Por una razón por demás evidente: no están dispuestas a dar el primer paso para iniciar un genuino proceso de reforma judicial, que no es otro que el de liberar a la justicia del control político que ejerce el partido de gobierno desde hace ya muchos años.

Un control expuesto sin miramientos de ninguna naturaleza, tal como lo vemos en el caso de la expresidenta Jeanine Áñez y en muchos otros que afectan no sólo a opositores, sino también a militantes del MAS, algunos de ellos exfuncionarios públicos. Es sabido también que ya no guardan ni las formas, no se molestan en tratar de disimular ese control, como lo deja en evidencia la presencia de exministros y dirigentes del partido en las audiencias a las que deben asistir como denunciados tanto opositores como ex afines al MAS. O lo que nos tocó ver incluso durante la visita del relator de Naciones Unidas, Diego García-Sayán, tanto en Santa Cruz con el caso Rómulo Calvo, al que el juez trató de dejar en indefensión, o en el inhumano trato dispensado a la expresidenta Áñez.

Esto es lo que está sucediendo en realidad en Bolivia, una realidad que no puede dejar de ser vista y sentida, por muchos intentos que haga el Gobierno para borrarla con dichos como los del ministro Lima, muchos de ellos incluso alentados por otras voces como las del tan comentado relator especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayán, que estuvo de visita oficial a Bolivia la semana pasada. Una voz que repitió varias verdades ya conocidas sobre la crisis que vive la Justicia en el país, como que ésta está lejos de la gente y a la vez dijo medias verdades o, peor aun, una gran falacia: que en Bolivia no hay persecución política.

Textualmente, García-Sayán declaró: “Se ha hablado de persecución política, yo no he tenido entrevista con ninguna persona que me haya manifestado hechos que sustenten una persecución política”. ¿Alguien puede creer que durante la entrevista sostenida con la hija de la expresidenta Áñez y con su defensa legal no haya sido expuesto su caso como un caso de persecución política? No sólo eso. El abogado Carlos Börth afirmó haberle pedido expresamente que visite a Áñez en la cárcel, oportunidad en la que abundó en detalles del caso, con argumentos legales y datos concretos. El Conade también le entregó un informe detallando varios casos. Esto sin contar lo expuesto al Relator por otros entrevistados.

Tanto la afirmación del ministro Lima, en sentido de que el Gobierno “está decidido a hacer una transformación de la justicia en unidad de todos los bolivianos”, como la de García-Sayán, de que no escuchó a nadie decirle que en Bolivia hay persecución política, no están acorde con la realidad nacional. La primera cae por boca del mismo ministro Lima que, de inmediato, descalifica a “algunas personas” identificadas por él como “busca micrófonos” para mantenerse en vigencia. Y la segunda, porque el Relator sí recibió información y datos concretos que sustentan una realidad de persecución política en Bolivia.

Éstas son malas señales para quienes alientan, en serio, una reforma judicial a fondo en Bolivia. Nos están dando la pauta definida por el Gobierno central para lo que él considera es un intento serio de reforma judicial. Preocupante si consideramos que ya está en la agenda oficial la realización de una nueva “cumbre” por la reforma judicial, prevista para este mes de marzo. Si el Gobierno llega a esa cumbre manteniendo un relato mentiroso, en el que estigmatiza a los políticos y otros representantes de la sociedad civil que no le son afines, y en el que niega el control político que hoy ejerce sobre la justicia, nada bueno podremos esperar de la misma.