Esto se lee en el portal de la página del Ministerio de Justicia de 23 de febrero: “Ministro Lima: suscribo el 100 por ciento de las recomendaciones del Relator García-Sayán … (y) cada una de las conclusiones forman parte de la propuesta de transformación del sistema judicial que presentó la cartera de justicia anteriormente”. 

Parece que se trata del anuncio de una nueva “propuesta de reforma” gubernamental (que sería la cuarta), luego de la visita del Relator de la ONU, ya que las anteriores nada o muy poco tuvieron que ver con los señalamientos críticos de García-Sayán: la impunidad de los feminicidios, la desvalorización de la justicia indígena, los presos sin sentencia, el abuso de la detención preventiva, la inexistencia de carrera judicial, la exigüedad del presupuesto judicial, la no erradicación de la persecución política y judicial, y la necesidad de cambiar el sistema de selección y designación en las altas cortes.

Decimos una “nueva” propuesta ya que la primera, que duró dos semanas y que nunca fue explicada, versaba sobre una supuesta reforma constitucional; la segunda proponía algunas reformas normativas y la tercera, aún vigente, tiene seis ejes que, en su mayoría, tratan de temas administrativos, necesarios, pero que no tocan ni las recomendaciones de García-Sayán ni las causas profundas de la crisis judicial.

“Suscribir” y, mejor, adoptar “las recomendaciones del Relator”, sería ya un avance gubernamental, porque ello tendría que traducirse mínimamente en incrementar el presupuesto judicial, derogar la ley antiindígena de deslinde, abandonar la práctica de detención preventiva, erradicar la persecución político-judicial y formular cambios en la modalidad partidocrática de selección y elección de magistrados.

Pero el portal del Ministerio de Justicia continúa: “Estamos en un momento de encuentro y tenemos que trabajar unidos, dijo la autoridad (el ministro Lima) ante la consulta de la posibilidad de un encuentro nacional para reformar la justicia”. Sí, el Relator se refirió, textualmente, a “un gran acuerdo nacional por la justicia” que “supondría la participación activa en ese proceso de las instituciones …tanto del ejecutivo, el legislativo y el judicial, así como las agrupaciones políticas, colegios profesionales, universidades, representaciones sociales, etc.”.

Lo que no sabe García-Sayán es que el “encuentro” que anuncia Lima no es ni grande ni con todos ya que, siempre según su portal, estarían excluidos tanto quienes critican su reforma por ser “destructivos”, como la oposición política que sería “golpista”, al exigir la renuncia de los actuales magistrados. ¿En qué quedamos, ministro Lima? ¿Suscribe o no las recomendaciones del Relator?

Los 10 juristas independientes hemos valorado la visita de García-Sayán y le hemos ratificado lo que hoy volvemos a hacerlo, frente a las torpezas publicadas por el Ministerio de Justicia:

1. Requerimos una reforma judicial estructural para el corto, mediano y largo plazo, pero que arranque con la selección y elección de magistrados supremos a partir sólo de méritos, eliminando la atribución constitucional de selección de los postulantes de la Asamblea; que establezca en la Constitución una partida constitucional no menor del 3 por ciento para el presupuesto judicial, junto a un nuevo Consejo de la Magistratura para su correcta administración; que se derogue el “deslinde jurisdiccional” para revalorizar la justicia indígena y se incorpore la justicia de paz.

2. Para ello requerimos una reforma parcial de la Constitución, para instituir la Comisión Nacional de Postulaciones que, de manera independiente, convoque a los postulantes a jueces supremos, califique rigurosamente sus idoneidades, elabore ternas cerradas sobre las que la Asamblea designe por 2/3 del total de sus miembros a los magistrados que, inmediatamente después, sean sometidos a referendo ciudadano; para establecer en la Constitución el 3 por ciento de presupuesto junto a un nuevo Consejo de la Magistratura; para eliminar de la Constitución el erróneo concepto de deslinde de la justicia indígena e incorporar la justicia de paz. 

3. Para concretar esa reforma hemos planteado un referendo por iniciativa ciudadana directa, a través de libros, firmas y movilización de la comunidad, pero si se plantea un verdadero acuerdo nacional entre el Estado y la sociedad que convoque desde la Asamblea a ese referendo, para esa reforma estructural, por supuesto que seremos los primeros en alentar su concreción. Con lo que no estamos de acuerdo es con los parches, con comités transitorios de “notables”, con algunos centavos más de presupuesto o con comisiones apresuradas para reencarcelar a los asesinos liberados por los jueces.