El 1 de febrero 2022, promovido por el Comité pro Santa Cruz, se realizó el evento citado como título de este artículo. Fue un evento de alto nivel, destinado a buscar soluciones, para tener una justicia decente, muy alejada de la que tenemos actualmente en Bolivia.

Participaron los destacados juristas: William Herrera, Francisco Borenstein y José María Cabrera, de Santa Cruz; Arturo Yáñez, de Chuquisaca; Juan Del Granado, de La Paz, y José Antonio Ribera, de Cochabamba.

El evento dio inicio con las palabras del presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, que en partes salientes decía: “Las reformas judiciales son absolutamente necesarias, lo siente nuestro pueblo, lo siente la comunidad internacional, los sienten miembros honorables del poder judicial. Lo siento yo, que hace dos días a esta hora, estaba sentado frente a un juez sin mi abogado defensor; en un clarísimo acto de persecución política, sufriendo en carne propia las tribulaciones judiciales que todos ustedes conocen”.

Se presentaron cuatro propuestas: la primera de William Herrera y Francisco Borenstein, la segunda de Juan Del Granado y José Antonio Ribera, la tercera de Arturo Yáñez y la cuarta de José María Cabrera. Como es natural, las propuestas tuvieron concordancias y discrepancias, en mayor o menor grado, pero todas ellas con un alto grado de profesionalismo, que recogieron elogios de los asistentes, y también de los que participaron en la trasmisión abierta por internet.

Según manifestaron los promotores del evento, se harán los esfuerzos necesarios, para presentar al pueblo de Bolivia una propuesta unificada. El evento fue clausurado por el vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach, quien dijo en partes salientes: “El Comité pro Santa Cruz considera que el actual modelo de justicia ha fracasado porque se encuentra colapsado, erosionado por la corrupción, carece de legitimidad, y en medio de un descrédito total. El “proceso de cambio” no ha cambiado nada la centenaria organización “colonial”, “centralista” y “presidencialista” del órgano ejecutivo, responsable en buena medida del sometimiento político y la degradación judicial.

En realidad, no existe el imperio de la Constitución y las leyes, sino la voluntad del gobernante de turno, una de las principales causas para que Bolivia sea uno de los países más atrasados, y con menos perspectivas de crecimiento y desarrollo en el continente. Cabe la pregunta, ¿puede haber un órgano judicial independiente, imparcial, honesto, fuerte, eficiente, en este Estado centralista y autoritario?