EL DEBER

El grito de ‘Bolivia dijo No’, que en los últimos meses comenzó a escucharse con más fuerza en actos públicos del Gobierno, en el interior y exterior del país, será prohibido en actos cívicos a través de operativos, según el subcomandante de la Policía, Augusto Moreno.
Los activistas de las plataformas calificaron esta acción como una muestra de ‘autoritarismo’ del Gobierno; mientras que para un constitucionalista representa una vulneración al artículo 21 de la Constitución Política del Estado y a la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José), a la que recurrió el MAS con anterioridad.
A su vez, este lunes por la mañana se registró un enfrentamiento en la plaza 24 de Septiembre, en Santa Cruz, entre defensores del 21F y sectores afines al MAS que salieron a marchar para brindarle su apoyo a la ‘repostulación’ del presidente Evo Morales.

Una muestra de ‘autoritarismo’
La activista del 21F, Xiomara Klinsky, manifestó que el anuncio es una prueba de que Bolivia vive en una dictadura que quiere reprimir a la población: “Las amenazas no impedirán que sigamos con la lucha y (no influirán en) las decisiones que asumimos en el encuentro nacional en Cochabamba”, dijo.
La activista de Me Comprometo Bolivia, María Belén Mendívil, dijo que la gente lo único que pide es que se respete la decisión de una consulta vinculante: “El art. 251 de la Constitución establece que la Policía no delibera ni participa en acción política; si él (subcomandante Augusto Moreno) decide de manera personal apoyar al MAS puede hacerlo, pero no puede utilizar a la institución policial para reprimir a civiles”, dijo Mendívil.
El activista Federico Morón dijo: “Creo que después de esta ‘amenacita’, la gente con más ganas lo va a querer hacer, ahora el desafío para la ciudadanía es poder usar la inteligencia y la creatividad para que las fuerzas del orden no puedan responder con violencia a nuestro pedido”.

Plataformas afines al MAS
Consultado al respecto, el presidente de la organización Azules del Oriente, Alpacino Mojica Gutiérrez, aseguró que los derechos ciudadanos ‘están garantizados’, pero que lo que se está normando es que, en una fiesta, por ejemplo, cuando se conmemore el día de la Patria, en el que se celebra la independencia del yugo español; se hagan manifestaciones que empañen el festejo.
“Son unos cuantos que bajo el manto de las plataformas quieren desacreditar estos actos públicos. Estos señores no aman a Bolivia, lo que quieren es que Bolivia vuelva a ser el patio trasero de los Estados Unidos”, indicó.

El análisis
El abogado constitucionalista, José Antonio Rivera, explicó que la prohibición de una protesta representa un acto de “restricción ilegal del derecho”. Recordó que el artículo 21 establece el derecho a la libre expresión y pensamiento; a la vez de comunicarlos por cualquier medio de comunicación.
Recordó también que la Corte de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José), a la que el Tribunal Constitucional, a través de la sentencia 0084/2017, reconoció incluso por encima de la Constitución para validar una nueva postulación de Evo Morales; también reconoce el derecho a la libre expresión (artículo 13).
“Al prohibir el manifestar un eslogan, estarían imponiendo una censura previa. Hay que ser coherentes, si van a ampararse a la Convención Americana, tiene que hacerlo en todo sentido”, dijo.