Pese a las consultas desde las principales entidades públicas como ser la Brigada Parlamentaria, la Gobernación o la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), aún no se tiene novedad alguna sobre la certificación de reservas, estudio que permitirá conocer la realidad hidrocarburífera de Bolivia y especialmente de Tarija, que es el principal departamento productor del país.

La certificación de reservas según la Ley de Hidrocarburos vigente, debe realizarse periódicamente cada año, sin embargo desde el año 2013 este estudio continúa pendiente, siendo la certificación oficial en ese entonces de 10,45 Trillones de Pies Cúbicos (TCF). Desde Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se lanzó una licitación internacional que tras dos declaraciones desiertas, finalmente fue adjudicada a la empresa canadiense Sproule International Limited, que en fecha 1 de febrero se adjudicó el estudio de reservas que se tiene en Bolivia al 31 de diciembre de 2017.

Los resultados, según dan cuenta medios de prensa locales y nacionales, estarían listos acorde a lo informado por el Ministerio de Hidrocarburos en el mes de mayo o junio; sin embargo a la fecha ninguna de las instancias oficiales que conocen el tema hidrocarburífero, saben a ciencia cierta qué es lo que genera la retardación o al menos la publicación de los avances que se tienen en el trabajo de certificación y le cuesta al país 750.000 dólares.

Desde la ALDT, César Mentasti, asambleísta de la Comisión de Energía e Hidrocarburos, indicó que se están dando prórrogas entre el Estado y la empresa, siendo la única información que se conoce sobre este tema proveniente de fuentes que no son oficiales, lo cual genera incertidumbre para los departamentos productores, que también tiene eco en el nivel internacional al haber contratos vigentes con Brasil y Argentina, países que ya hablan de los volúmenes que reciben de Bolivia. Mientras, en un contexto local la mayoría de los campos “están siendo sobreexplotados y entran en declinación”.

El asambleísta recordó que a inicios de año, al conocer la adjudicación del estudio se impulsaba una invitación a la empresa Sproule y a YPFB para que lleguen a Tarija a socializar el trabajo de certificación ante la institucionalidad y unidades técnicas como el Centro de Control y Monitoreo de la Secretaría de Hidrocarburos de la Gobernación, sin embargo la intención no prosperó debido a que el oficialismo en el Legislativo por mayoría, emitió un informe estableciendo que el tema es una competencia exclusiva de Gobierno central.

“Por eso queríamos que vengan aquí, para que presenten un cronograma de acciones, se manejaban también la presentación de informes oficiales del avance de estos estudios a los que se debía hacer seguimiento cumpliendo leyes como la 3740 de Desarrollo Sostenible del Sector Hidrocarburos, que manda a que hasta el 31 de marzo de cada año se debe publicar el volumen de riqueza hidrocarburíferas del país, como también la Ley de Control Social que establece el seguimiento de instituciones públicas y sociales. Sin embargo, vemos que se están incumpliendo estas leyes”, explicó Mentasti.

El concejal de Cercado, Alfonso Lema, quien hace seguimiento al comportamiento del sector de hidrocarburos, afirmó que se conoce extraoficialmente que la entrega de los resultados sobre cuantificación se han movido para el mes de septiembre, y conocerlos permitirá hacer un análisis íntegro sobre las leyes y políticas implementadas en este último tiempo, sobre si los objetivos trazados como país se están cumpliendo.

El Chaco ve descuido en la exploración petrolera

El asambleísta chaqueño de Unidad Departamental Autonomista (UDA), Willman Cardozo, por su parte expresó que considera ha habido en esta última década un descuido en la exploración de nuevos campos. Señaló que le hacen mal al sector cuestiones como la politización y el extractivismo, y a nivel del Chaco el aplazamiento de la Planta Petroquímica que frena las proyecciones de industrialización.