“Declarar vigilia permanente y pacífica en las instituciones públicas de la administración nacional y paro cívico departamental de 24 horas con suspensión de actividades para el día viernes 4 de marzo, como medida de protesta inicial en contra de las arbitrariedades y la injusticia cometida por el Órgano Judicial, el Ministerio Público, la Policía y otras autoridades del gobierno”, señala una de las resoluciones del ente cívico, leído por Rómulo Calvo.

La Asamblea de la Cruceñidad también otorgó poder de decisión absoluto al Presidente del Comité, Rómulo Calvo, y Directorio del Comité Cívico, para decidir “cualquier otra medida necesaria para llevar adelante lo resuelto en la presente Asamblea Magna”.

Entre otros puntos de la resolución está rechazar las “abusivas y arbitrarias medidas cautelares dictadas contra el presidente del comité pro Santa Cruz y manifestar que la sociedad cruceña estará vigilante y alerta ante cualquier acción en su contra proveniente del Órgano del Estado”.

Los cívicos también exigen al Poder Ejecutivo que respete la independencia de poderes, condición esencial de la institucionalidad democrática y del Estado de Derecho, y que deje de interferir en la administración de justicia en el país.

En ese sentido, declararon personas no gratas en el departamento de Santa Cruz a los ministros de Gobierno, Eduardo del Castillo; de Justicia, Iván Lima; y de Obras Públicas, Edgar Montaño.

La Asamblea Magna también determinó denunciar a la comunidad internacional que el gobierno boliviano presidido por Luis Arce Catacora “ha instaurado en Bolivia un régimen de terrorismo de Estado e inseguridad jurídica, mediante la persecución política y criminalización del disenso, la protesta y la libre expresión, manipulado por el Ministerio Público y los tribunales de justicia a los que tiene sometidos” el gobierno de turno.

Para formalizar esta denuncia, dijo Calvo, el Comité pro Santa Cruz, en unidad y coordinación con los comités cívicos del país y con el concurso participativo de las instituciones representativas de la sociedad civil, activará las gestiones y mecanismos pertinentes ante los órganos que correspondan.

El Comité Cívico también conminó al Consejo de la Magistratura y a la Fiscalía General del Estado a informar sobre el avance en las investigaciones de todos los jueces y fiscales que tengan procesos abiertos en su contra, así como la destitución de jueces y fiscales que no cumplan los requisitos mínimos exigidos por las normas o que tengan sentencias ejecutoriadas.

Requerir a las autoridades judiciales el cumplimiento del principio del debido proceso y que se respeten las garantías constitucionales en los procesos irregulares y manipulados que se le siguen a la ex presidenta Jeanine Áñez, a los dirigentes de la Resistencia Juvenil Cochala, militares y policías, activistas y ciudadanos en general, es otro de los puntos.

En es sentido, los cívicos piden a quiénes se encuentran en huelga de hambre, que levanten la extrema medida.