Analistas, abogados y opositores consideran que el informe del relator especial para la Independencia de Jueces y Abogados de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán, no fue lo que esperaba el Gobierno boliviano, porque puso en evidencia la “inexistencia de independencia judicial” y el copamiento del sistema mediante la forma de elección de los magistrados. Pero dejaron en claro que, al no ser vinculante, el Ejecutivo puede cumplir o no las recomendaciones. Oficialistas sostienen que se malinterpreta.

“No me parece adecuado decir que en el país no hay independencia judicial”, señaló el ministro de Justicia, Iván Lima, en entrevista con Erbol.

En su informe, García-Sayán señaló que “hay tema de independencia judicial que analizar y discutir con las autoridades y la sociedad boliviana, si no, no estaría aquí”.

“Que el sistema judicial sea independiente es muy importante, pero independiente frente a todo, independiente frente al poder político, independiente frente al poder económico”, sostuvo durante su conferencia de prensa.

Juan del Granado, abogado y miembro de los juristas independientes que buscan la reforma de la justicia, señaló que el Relator se refiere a “la independencia judicial como un objetivo a conseguir, una meta a alcanzar”.

“Lo que está claro, pues, más allá del carácter implícito de sus palabras, aquí no hay independencia judicial, tenemos que trabajar para que esto sea así, esto dice el relator (García-Sayán)”, dijo en contacto con Panamericana.

Para el constitucionalista Paul Antonio Coca, no es una novedad lo que identificó el representante de la ONU.

“Sabemos que en Bolivia no hay justicia imparcial, no hay justicia independiente ajena al poder político, eso es lo que menos hay. Obviamente, un partido de gobierno nunca va a decir que o aceptar que es algo que es implícito en sí mismo, nunca va a decir que la justicia no es imparcial”, sostuvo.

El sociólogo y exdirigente de la Confederación de Campesinos y de la Central Obrera Boliviana (COB) Mateo Laura indicó que no es el primer informe de un órgano internacional que cuestiona el sistema de justicia del país, venido a menos desde que el gobernante MAS implementó como algo innovador la elección de jueces por voto popular.

“No hay justicia independiente del país, pero hay que hablar de todo el sistema, me refiero a los cargos de los magistrados, al Ministerio Público, la Policía, que es un todo que hacen a la justicia, copado por el Gobierno, que define los juzgamientos de quiénes no comulgan con el masismo”, sostuvo.

La politóloga Patricia Velasco también apuntó que la crisis judicial se profundizó desde que el MAS definió elegir a las altas autoridades del Órgano Judicial mediante voto popular.

“Dijeron a los bolivianos que éste era un proceso para garantizar la independencia, para dejar de lado el cuoteo partidario, pero lo que no se consideró es que el Movimiento Al Socialismo (MAS) elegiría e impondría con sus dos tercios, en las dos elecciones judiciales, candidatos seleccionados en la Asamblea, apoyando a sus afines, entonces, de lo que selecciona el MAS el pueblo tuvo que votar por sus candidatos”, manifestó.

No vinculante

Sin embargo, los analistas fueron más allá, toda vez que ante este primer tropiezo, revés o contradicción que recibe el Gobierno del Relator, el Ejecutivo definirá si aplica o no las recomendaciones que realice, a través de su informe final que se conocerá el próximo junio.

“Considero que el informe final del Relator va a ser irrelevante para el Estado boliviano, no creo que se tome en cuenta que un Gobierno admita esto, que quiera hacer una reforma de la administración de la justicia de una manera profunda. No lo va a hacer; va a usar las partes del informe que les convenga”, mencionó el constitucionalista Coca.

Agregó que peor si “no es vinculante”, porque el Gobierno puede utilizar las partes que quiera, usadas en cualquier situación o en cualquier momento, “detalle que uno debe tomar en cuenta”.

García-Sayán, en su conferencia de prensa, informó que “el informe del relator especial no es vinculante, hay que decirlo (…). No estoy aquí trayendo el undécimo mandamiento (…), sino estableciendo un elemento de recomendaciones para propiciar el diálogo que continuará con el relator que me suceda y que propicia ante todo el diálogo entre los bolivianos y sus instituciones. Ése es el propósito: contribuir sin dejar de decir cosas que pueden ser críticas”.

Ya se sabe

El expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, mediante su cuenta de Twitter, refiere que el informe del Relator Especial confirma lo que se sabe de la justicia boliviana: “Informe de @UNIndepJudges confirma lo que padecemos: la justicia en Bolivia dejó de ser un derecho y se convirtió en un instrumento de la violencia, la corrupción y la ambición masista que la alejó del pueblo y la usa para perseguir a los que piensan diferente”.

Human Rights Watch

César Muñoz, de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, refirió ayer a través de su cuenta de Twitter, que “las observaciones preliminares del Relator de la ONU @UNIndepJudges, sobre independencia judicial, son valiosas, pero se quedan cortas”.

Refiere que HRW denunció la destitución arbitraria de jueces y socavamiento de la justicia con Evo Morales.

“Persecución judicial contra partidarios del MAS con Jeanine Áñez, imputaciones desproporcionadas de terrorismo contra Áñez y otros durante el gobierno de Arce”, escribió.

Agrega que “instamos al Relator de la ONU a incluir en el informe final que presentará en junio la evidencia sobre el uso político de la justicia en Bolivia y recomendaciones robustas para acabar con la vulnerabilidad de jueces y fiscales a presiones externas”.

Denuncias

El exdirigente de la COB y representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Lucio Gonzáles, señaló que le extrañó que el relator García-Sayán, haya indicado en su conferencia de prensa que no hubo denuncias de “persecución política”, y que se le entregaron varias pruebas al respecto.

“Lo que nos ha extrañado es que manifieste que no se haya denunciado nada, según él (García-Sayán), respecto a las persecuciones políticas que hay en el país ha ignorado ese asunto. No obstante, nosotros como Conade, en el documento que hemos presentado, que consta de 72 páginas, estamos denunciando que hay persecución política en el país, que la justicia en muchos casos se ha parcializado con el Gobierno contra quienes no son del Gobierno”, dijo.

Sin embargo, el Relator sostuvo en la conferencia de prensa que no conoce casos de “persecución política”, por lo tanto, no podría responder de manera afirmativa.

“Se ha hablado de persecución; no he tenido entrevistas con personas que me hubieran manifestado persecución política”, afirmó.

El miembro de la ONU sostuvo durante siete días reuniones con autoridades del Gobierno, además de organizaciones civiles y opositores.

Lima: Recomendaciones no son una sorpresa

Para el ministro de Justicia, Iván Lima, el informe del relator de la Naciones Unidas, Diego García-Sayán, “no es una sorpresa” y anunció que cada una de las conclusiones forma parte de la propuesta de transformación del sistema judicial que presentó la cartera de Justicia anteriormente.

Confirmó la voluntad política del Gobierno nacional para hacer realidad una reforma judicial “de todos”.

“El país quiere la transformación de la justicia, pero algunas personas no quieren esa transformación”, dijo el Ministro en relación a políticos de oposición que rechazaron la convocatoria a la cumbre nacional de la justicia y condicionan la reforma a la destitución de magistrados y jueces de todo el sistema judicial.

“Algunas personas, que ya tuvieron su tiempo en la política por muchos años y buscan micrófonos para mantenerse vigentes, se han convertido en críticos destructivos”, dijo Lima al referirse a exdirigentes de partidos que se presentan como “independientes” y que rechazan un acuerdo nacional por la justicia.

Supremos denuncian un posible "golpe"

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres, consideró como “golpe de Estado institucional” a las iniciativas que piden acortar el mandato de magistrados, en el marco de la reforma judicial.

“Obviamente que rechazamos y vemos como una injerencia y un golpe de Estado a la institucionalidad dentro del Órgano Judicial”, dijo Torres, según reporte de Erbol.

El presidente del TSJ señaló que todos los órganos del Estado deben trabajar para mejorar el sistema de justicia, en temas como presupuesto, formación y carrera judicial; sin embargo, rechazó que se pretenda atribuir todos los males a la elección de altas autoridades.

“Apuntar exclusivamente al tema de elección de las altas autoridades como la única causante de todos los males en la administración de justicia, creemos que es un criterio sesgado y miope de algunos actores políticos que pretenden solamente el descabezamiento del Órgano Judicial, para mostrarlo como una estatuilla y como un triunfo político frente a las derrotas electorales que algunos políticos tuvieron”, afirmó Torres.

En Bolivia, las altas autoridades del Órgano Judicial se eligen por voto popular entre aspirantes preseleccionados por la Asamblea Legislativa. El periodo de mandato es de seis años.

Sin embargo, existen iniciativas que buscan reformar la forma de elección.

Creemos cuestiona que García-Sayán no se refiera a la persecución política

“Sabor a nada. En realidad no ha dicho nada nuevo, no ha contribuido en nada a profundizar todas las denuncias y la situación critica que hay respecto al Órgano Judicial y su dependencia total como brazo Operativo del gobierno de Movimiento Al Socialismo”, dijo la jefa de Bancada de Creemos en el Senado, Centa Rek, respecto a la visita e informe preliminar del relator de Naciones Unidas por la libertad de jueces y abogados, Diego García-Sayán.

En conferencia de prensa en Santa Cruz, la legisladora refirió que García-Sayán se hizo al ciego respecto a la persecución política con la que actúa el Órgano Judicial, a pesar de toda la cobertura brindada a su visita y todos los titulares que mostraron el accionar de la justicia en el país.

“Un triste papel el que ha hecho García-Sayán en un país que clama por justicia, con víctimas que se han manifestado de todas las maneras. ¿Cómo puede decir un representante de las Naciones Unidas, un hombre que supuestamente tiene su lugar para dirimir problemas a nivel mundial?, ¿cómo puede ser que no vea una víctima de persecución política?”, cuestionó Rek sobre la posición del Relator respecto a los perseguidos políticos en Bolivia.

MAS no esperará informe final de Relator para iniciar la “reforma de la justicia”

La presidenta de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Púbico y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Senadores, Virginia Velasco, sostuvo ayer que los tres órganos del Estado no esperarán el informe final del relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Diego García-Sayán, para iniciar la reforma del sistema judicial en Bolivia, porque la población demanda resultados inmediatos.

Dijo que las recomendaciones y sugerencias descritas en el informe preliminar del Relator de la ONU serán tomadas en cuenta en la reingeniería judicial de corto, mediano y largo plazo que el Legislativo, Gobierno y el Órgano Judicial asumieron con responsabilidad y seriedad.

“Para realizar la Cumbre de Justicia que reforme el sistema judicial, no esperaríamos el informe final del señor García-Sayán, porque se ha desarrollado la Cumbre de 2016. Él también mencionó la Ley 898, de Seguimiento de las Conclusiones a la Cumbre de Justicia, donde hay resultados a las problemáticas de acceso a la justicia, retardación judicial, corrupción, modernización, digitalización de procesos, evaluación de jueces y fiscales. Se tiene que trabajar en mejorar la política criminal, en el hacinamiento carcelario, reinserción social, a través de equipos multidisciplinario, además de mejorar y modificar las normativas como la Ley de Ejecución Penal, Ley de Abogacía, Ley del Órgano Judicial, entre otras”, mencionó según ABI.

Agregó que se encarará el trabajo de reestructuración judicial en diferentes ejes temáticos entre los tres órganos del Estado; posteriormente, el Ministerio de Justicia definirá el cronograma para que los equipos asuman el trabajo.