Jorge Quispe / La Paz

El Comité Pro Santa Cruz convocó anoche a un paro cívico departamental para el viernes 4 de marzo en defensa de su presidente Rómulo Calvo, que tiene detención domiciliaria, pero además en contra de la “persecución política” que ejerce el MAS. Declararon también personas no gratas a los ministros de Gobierno, Obras Públicas y de Justicia.

La Asamblea de la Cruceñidad determinó realizar el paro cívico en esa región y también declaró personas no gratas en esa región a los ministros de Gobierno, Eduardo del Castillo; al de Obras Públicas, Edgar Montaño, y al de Justicia, Iván Lima.

“Declarar vigilia permanente y pacífica en las instituciones públicas de administración nacional y paro cívico departamental de 24 horas el viernes 4 de marzo en contra de las arbitrariedades e injusticias cometidas por el Órgano Judicial”, sostiene la principal resolución de la Asamblea de la Cruceñidad que ayer leyó Calvo, titular del Comité Pro Santa Cruz, que se encuentra con detención domiciliaria y arraigo por el presunto delito de incumplimiento de deberes y uso indebido de la profesión en la Caja Petrolera de Salud  cruceña.

Respeto a la justicia

Los cívicos cruceños decidieron exigir al Poder Ejecutivo que respete la independencia de poderes y que deje de “interferir e inmiscuirse en la administración de justicia”, en el país.

La asamblea denunciará a la comunidad internacional que el gobierno de Luis Arce lleva adelante “un régimen de terrorismo de Estado e inseguridad jurídica, mediante la persecución política y la criminalización de facto del ejercicio del disenso, la protesta y la libre expresión, manipulando al Ministerio Público y a los tribunales de justicia, a los que supuestamente los tiene sometidos”, reza el documento.

La asamblea solicitó que se respeten las garantías constitucionales en “los procesos irregulares que se le siguen a la expresidenta Jeanine Añez; a los dirigentes de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), militares y policías, activistas y ciudadanos”.

Conminación

Los cívicos cruceños conminaron al Consejo de la Magistratura y al fiscal general del Estado informar sobre el avance en las investigaciones “a todos los jueces y fiscales que tengan un proceso abierto”.

Se planteó también  la destitución de jueces y fiscales que no cumplan los requisitos mínimos exigidos por la norma o que tengan sentencia ejecutoriada.

Calvo indicó que los movimientos cívicos velarán porque se realice  de manera impostergable el Censo Nacional de Vivienda previsto para este año.