«Esta visita nos sirve de mucho y va a ser importante cuando está próximo marzo y se tendrá la cumbre judicial», afirmó este miércoles el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, sobre el informe preliminar —con nueve conclusiones— del sistema judicial boliviano que presentó el relator especial de la ONU para la Independencia de Magistrados y Jueces, Diego García-Sayán.

El experto sostuvo que, en su visita de ocho días a Bolivia, recogió dos grandes coincidencias emergentes de las varias entrevistas que tuvo con actores estatales y sociales: acuerdo nacional por la reforma de justicia y mejor designación de jueces. “Hay ajustes que resolver en los procesos de designación, selección y supervisión para que la corrupción no se meta dentro de la justicia; y que también hay necesidad de buscar un gran acuerdo nacional para la justicia”, señaló ayer en la conferencia de prensa de cierre.

En entrevista con La Razón Radio, Chávez explicó que esos «aportes» se dan ante un fenómeno que necesita cambio. «El consenso sí va a ser el factor para que cambie la justicia en el país y que haga que realmente funcione», sostuvo el Procurador.

Una de las conclusiones fue las «Graves violaciones de derechos humanos en el último trimestre de 2019», ya que consideró «escasos los resultados» en las investigaciones, tras conocer el testimonio de familiares de 37 fallecidos en Sacaba, Senkata y la zona Sur de La Paz, y otros. Dijo que percibe que las víctimas no encuentran justicia.

El Procurador señaló que se debe «atender de inmediato» porque se tratan también de posibilidades de demandas internacionales que pueden surgir por la ausencia de justicia en el país. «Estamos viendo de precautelar los intereses del Estado y nuestro rol es evitar que surjan demandas internacionales», afirmó Chávez y dijo que conversó sobre ese tema con el Relator en la ciudad de El Alto.

Sobre la conclusión de la «brecha» en el acceso de las mujeres a la justicia, ya que de los 869 feminicidios entre 2013 y octubre de 2021 que se registraron en Bolivia, sólo el 31% de los casos han obtenido una sentencia, Chávez señaló que a la brevedad deben crearse más juzgados y tribunales especializados para las mujeres. «Se lo debe hacer ya, está en manos del Órgano Judicial», afirmó.

Sobre las restricciones a la Ley de Deslinde Jurisdiccional establecida en 2010 para que se aplique la justicia indígena, Chávez coincide en que «debe mejorarse las condiciones». Apuntó a solucionar los conflictos judiciales como en las comunidades indígenas para liberar la carga procesal.

En relación a la carrera judicial y jueces transitorios, ya que sólo el 44% de jueces están en carrera y la mayoría son transitorios, el Procurador afirmó que ya se gestionaron «intentos» para consolidar la carrera fiscal y judicial. Instó a institucionalizar ambas profesiones y que los jueces asuman sus cargos luego de obtener mucha experiencia en materia penal porque deciden sobre la libertad de las personas. Asimismo, sostuvo que la reclusión debería ser el último recurso al que se llegue en materia penal, esto por el hacinamiento en cárceles que también observó García-Sayán.

«Sabemos que la propuesta judicial no es una coyuntura, debe ser una reforma que de una vez ponga fin al estado de incertidumbre cuando alguien acuda a un tribunal», remarcó el Procurador en su análisis de la visita del Relator Especial de la ONU, quien sostuvo reuniones de trabajo en Bolivia desde el 15 de febrero.

Finalmente, sobre la declaración del Relator de que no se entrevistó con nadie que haya sustentado una presunta persecución política en Bolivia, el Procurador afirmó: «Respetamos esa posición, entendemos que percibió eso porque tuvo contacto directo con los actores. Nos da una idea de que en el país no existe persecución política».