El problema de la Justicia lo debemos resolver como bolivianos, y sin duda será interesante lo que la diplomacia pueda decir al respecto si no se decanta por ningún bando

Lo peor que puede pasarle al país en este momento de calentura total contra la justicia es que el asunto se vuelva a orillar a los calores de la lucha política, o más precisamente, a la de la batalla partidaria, y que el intento de cambiar las cosas se quede de nuevo en el enésimo asunto utilizado para enrostrar al rival.

No se puede olvidar la mecha: la indignación recorrió los hogares familiares el día que trascendió que un asesino de mujeres condenado ya en 2013 estaba libre en su casa de El Alto cometiendo crímenes como si de una rutina se tratara. Los detalles estremecieron más: el preso tenía una sentencia firme, pero el consorcio adecuado de jueces y abogados y fiscales y policías y quién sabe quién más le habían conseguido los certificados médicos necesarios para revisar la sentencia sin que nadie se enterara, y mandar a un condenado a 30 años sin derecho a indulto a guardar detención en su casa sin siquiera custodia policial.

El asunto trascendió una línea roja de las que no se toleran. La sociedad boliviana se ha venido acostumbrando a que los políticos ajusten sus diferencias en los tribunales, para que al final nadie entre a la cárcel, o si entra, salga rápido, pero el evidenciar que este procedimiento se utilizaba también para delincuentes comunes supera cualquier límite.

El gobierno optó por algo un poco diferente a lo que acostumbraba: además de cargar con dureza contra el juez que lo liberó una vez descubierto todo, creó una comisión para analizar otros 100 casos similares en todo el país, lo que al menos es una instancia específica para depurar estos consorcios ilegales que proliferan por todo el país y a todas las instancias sin que nadie haga nada.

El objetivo en cualquier caso debe ser el de llegar hasta el final, romper hasta las roscas universitarias que de entrada pervierten a los profesionales, y después todo el itinerario meritocrático, para aportar transparencia en la carrera, hasta el final: el voto de la gente.

El problema es que el estallido ha coincidido con dos asuntos: la visita del relator especial de la ONU para la independencia de los jueces y el inicio del juicio contra la expresidenta Jeanine Áñez, dos asuntos con perfil político que amenazan con llevar cualquier ansia reformista al terreno de la disputa por motivos obvios: nadie en Bolivia cree que Áñez tenga la más mínima posibilidad de ser declarada inocente de haberse nombrado Presidenta – aunque el diario oficial Pueblo dice que solo el 47% de los bolivianos cree que es culpable - y nadie acaba de confiar en el señor García Sayán, por aquello de que otros diplomáticos no exentos de antecedentes – García Sayán fue canciller con el presidente peruano Alejandro Toledo, prófugo de la justicia – hicieron más daño que otra cosa.

El problema de la Justicia lo debemos resolver como bolivianos, y sin duda será interesante lo que la diplomacia pueda decir al respecto del estado de salud del órgano más putrefacto del Estado Plurinacional. Ojalá no cometa ninguna torpeza política que frene los ímpetus y que sus recomendaciones sean útiles para el país, y no para ningún bando en concreto.