Una de las primeras conclusiones del relator especial de la ONU, Diego García-Sayán, en su visita a Bolivia es que “la justicia está lejos de la gente”. Le siguen ocho observaciones sobre el estado de la justicia.

1.“La justicia está lejos de la gente. 

Una de las frases más escuchadas, de parte de muchas personas con las que me reuní, es que la justicia no existe para los pobres. Víctimas y familiares me expresaron encontrar obstáculos para acceder a la justicia”, se lee en el informe preliminar el relator internacional.

Esa situación de las víctimas incluye tener que aportar los medios probatorios para la investigación, asumir gastos o realizar pagos para que sus casos avancen y falta de acceso a información sobre sus expedientes y cómo avanzan sus procesos.  Asimismo, escuchó sobre el impacto de la corrupción en el sistema de justicia, y la profunda desconfianza que existe en la justicia boliviana.

Se refirió a la liberación irregular de Richard Choque Flores por orden de un juez; asimismo, a la excarcelación de Felipe Froilán Molina conocido como “El Kiler”, sentenciado por el asesinato del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz.

“Estas situaciones son preocupantes indicadores de lo que puede ser posible por medios ilícitos e irregulares y deben ser sancionadas con todo el peso de la ley. La corrupción puede ser también, como se ve, una herramienta de ataque a la independencia judicial”.

2.Mujeres y acceso a la justicia 

El acceso fluido a la justicia es un componente esencial en una sociedad democrática. Manifestó que ha recibido información preocupante y varios testimonios dolorosos, porque muchas de las víctimas con las que conversó eran mujeres, expresándome las dificultades que han encontrado para acceder a la justicia. Según un estudio de ONU Mujeres de 2019, los plazos procesales en casos de violencia contra la mujer no se cumplen, lo cual repercute en el abandono de las víctimas. Sólo se han creado 27 juzgados y tribunales especializados bajo la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (Ley 348) de 2013. Estos juzgados y tribunales están sobre saturados por la carga procesal y atienden también casos por delitos de corrupción. 

3.La justicia indígena

En relación a este tema el informe señala que se le hizo conocer al Relator el extendido criterio de la falta de concordancia entre las disposiciones constitucionales y las restrictivas competencias para la justicia indígena contenidas en la ley.  Fue convergente y coincidente el cuestionamiento a la larga lista de exclusiones3 lo que acaba vaciando de contenido las disposiciones constitucionales y las demás que tiene la misma ley.

4. Privados de libertad y justicia

Advierte que este es otro gran tema de preocupación, íntimamente ligado al desempeño de la justicia. Para marzo de 2021, según datos de la Dirección General de Régimen Penitenciario, Bolivia cuenta con 20 recintos penitenciarios urbanos, con capacidad de albergar a 5.346 personas. No obstante, la población asciende a 18.703 personas lo que supone tasas de hacinamiento del 349,8%. Para marzo de 2021, el 64,10% de las personas privadas de libertad estaba en situación de detención preventiva. En promedio, pues, siete de cada diez personas privadas de libertad está sin condena. 

La prisión preventiva debe ser utilizada excepcionalmente, durante el menor tiempo posible y sólo en casos particulares que representen ciertos elementos de gravedad; además, se debe garantizar la separación entre presos preventivos y condenados en todos los lugares de privación de libertad. La prisión preventiva no puede constituir un castigo para personas que no han sido juzgadas.

Exhorto al Órgano Judicial y al Ministerio Público a intensificar sus esfuerzos para combatir el abuso de la prisión preventiva, reducir la sobreocupación en los centros de detención, principalmente mediante medidas alternativas a las penas privativas de libertad y estrategias para abordar las moras procesales.

El Estado debe continuar con la mejora de las instalaciones penitenciarias y las condiciones generales de vida en las cárceles.  En este orden de ideas conocí que el 18 de febrero, durante mi visita, la orden de un juez disponiendo el traslado por razones de salud a un hospital de la señora Jeanine Áñez, en prisión preventiva desde marzo 2021, no pudo ejecutarse porque la gobernadora de la prisión de Miraflores se declaró impedida de poder cumplir con el traslado ante manifestaciones al exterior del penal. El Estado tiene la responsabilidad de preservar el orden público, garantizar la seguridad de las personas y hacer cumplir las disposiciones judiciales.

5. Estructura y gestión del Órgano Judicial

Advierte que la cobertura del Órgano Judicial sigue siendo limitada principalmente al área urbana. De acuerdo con el Informe de Rendición de Cuentas del Tribunal Supremo de Justicia, en 2020 hay 1.095 jueces con un promedio de 530 causas por juez. El Servicio Plurinacional de la Defensa Publica llega únicamente -y formalmente- a 106 municipios del país de los 340 existentes. Planteó la idea de rescatar la jurisdicción de paz para que procese conflictos con base a la equidad, la costumbre y los valores de derecho consuetudinario aplicables.

En relación a la carrera judicial y jueces transitorios, precisó que solo el 44% de jueces son de carrera. La alta proporción de jueces transitorios, que supera a los 500 de acuerdo a la información recibida, es otro componente crítico generador de inestabilidad y que no alienta una conducta independiente de quienes desempeñan la judicatura. Está demostrado que una alta tasa de provisionalidad conspira contra una conducta independiente de jueces y juezas. Quisiera destacar la importancia que tiene para la independencia judicial contar con una sólida carrera judicial y un presupuesto adecuado para la tarea que tiene el Órgano Judicial.

Sobre los recursos para el Órgano Judicial observó el presupuesto bajo asignado a todo el sector justicia, incluido el Ministerio Público, que no llega al 0,50% del total del presupuesto nacional, no permite sustentar una institucionalidad dotada de los recursos institucionales indispensables y, en especial, de remuneraciones adecuadas que atraigan a las mejores personas y que prevengan la corrupción y otras tentaciones. La sociedad y el Estado boliviano tienen que asignarle a la justicia una porción mayor de sus recursos en un proceso de incrementos graduales que podrían empezar este mismo año con una reasignación dentro del presupuesto 2022 ya en ejecución proyectando incrementos en los años que vengan.

Percibe que pese al reducido presupuesto no siempre es ejecutado de manera eficiente, señaló que este hecho tiene una explicación en una estructura ineficiente de administración y gestión de los recursos presupuestales asignados a la justicia.

6.Ministerio Público

Respecto al tema apunto que las entrevistas apuntaron a las dificultades para acceder a la información y datos del Órgano Judicial y del Ministerio Público. “Es evidente que la transparencia y el libre acceso a la información pública contribuyen al combate a la corrupción. Tomo nota que Bolivia aún no cuenta con legislación sobre acceso a la información pública”.

Respecto al Instituto de Investigaciones Forenses, IDIF, que depende del Ministerio Público, señala que cubre sólo el 10% de los municipios a nivel nacional, y que su capacidad no alcanza para responder a la demanda. Adicionalmente, cuenta con recursos humanos insuficientes en ciertas especialidades lo cual crea desconfianza en sus pronunciamientos. Se informa también de la falta de medios para la recepción y custodia de evidencia lo que puede desembocar en deterioro de pruebas incidiendo en el acceso a la justicia.

7.Graves violaciones de derechos humanos en el último trimestre del año 2019 

Lamentó profundamente que las víctimas de Senkata, Sacaba y la zona Sur hayan pasado más de dos años esperando justicia sin conseguirla.  El informe del GIEI sobre la crisis sociopolítica de 2019/2020, reflejó obstáculos en el acceso a la justicia de las víctimas y de familiares de las víctimas, como el ejercicio de presiones por operadores de justicia para que sean las víctimas y sus familiares y no el Ministerio Público quienes aportaran los medios probatorios para la investigación, y la denegación de acceso al proceso y a las diligencias del caso. Es preciso reconocer que hay personas afectadas en ambos lados del espectro político y merecen el reconocimiento de su calidad de víctimas.

8.El reto de la independencia de la justicia 

Esta Relatoría ha abordado el tema de la independencia de la justicia en Bolivia a lo largo de varios años. Citó casos de 1998, 2011 y 2014 en los que se advirtió presiones políticas, y mediáticas; un patrón de amedrentamiento sistemático, que varios jueces fueron encarcelados y procesados por presión del Ministerio de Gobierno” y la destitución de magistrados del TCP; y en 2020 expresó su preocupación por el “patrón de persecución política y judicial –con fines de represalia- así como actos de hostigamiento en contra de antiguas autoridades, líderes políticos y sociales”. Señaló que en julio de 2021 reaccionó ante la remoción de vocales de tribunales electorales. “Se me ha informado posteriormente que el asunto se encuentra bajo conocimiento del Tribunal Constitucional Plurinacional”.

“Durante mi visita, he podido constatar que estos patrones que el país arrastra de larga data aún no han sido erradicados. La independencia del sistema judicial debe ser garantizada por el Estado, todas las instituciones gubernamentales y de otra índole están llamadas a respetar y acatar dicha independencia. La tarea pendiente de asegurar la independencia judicial es un reto que Bolivia debe encarar con firmeza”, precisó.

9.Aspectos críticos en las reformas constitucionales e institucionales

Un aspecto crítico al que se ha referido son los procesos de selección y designación en las altas cortes de justicia.  “Quisiera expresar mi preocupación ante la baja legitimidad en las votaciones para la elección de los magistrados y las magistradas de las Altas Cortes, en relación a los tribunales de justicia. La escasa participación del electorado, siendo ésta del 78 %, de acuerdo con los datos ofrecidos por la entonces Presidenta del Órgano Nacional Electoral, es uno de los porcentajes más bajos de los últimos años en Bolivia, donde se suele superar el 90 % de concurrencia ciudadana.

El segundo aspecto relevante es que tanto en el proceso de votación nacional como en el de votaciones departamentales la mayor parte de votos fue blanco o nulo. Se hace indispensable someter el sistema de elección por votación popular a algunos ajustes. 

La independencia del sistema judicial se refiere, por un lado, a la no injerencia en el trabajo de tribunales y jueces, así como al procedimiento y cualificaciones para el nombramiento de jueces y las garantías en relación con su seguridad en el cargo. Se debe también abordar las condiciones que rigen ascensos, traslados, suspensión y cesación en sus funciones.  Un tema medular, y que fue planteado prácticamente en todas las entrevistas y reuniones de trabajo, es el de los procesos de selección y designación de quienes administran justicia y, en particular, en el nivel de las altas cortes (Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura). Conviene revisar y perfeccionar algunos de estos de procesos de cara a contar con un sistema judicial independiente y en el que los criterios de selección sean estrictamente meritocráticos, basados en la trayectoria y experiencia profesional y su compromiso con los derechos humanos.

Por la ruta de un gran acuerdo nacional 

Desde que se inició la visita fue visible y persistente el afán de acercar la justicia a la gente y hacer que esta funcione mejor. En la función de este Relator de contribuir a una justicia independiente, accesible y que procese de manera adecuada los conflictos individuales y sociales, en medio de situaciones de confrontación y de divergencia de opiniones y propuestas. Se ha encontrado, sin embargo, la extendida y saludable esperanza de contar con una justicia independiente, eficiente y guiada por los principios y estándares de derechos humanos.

En la sucesión de entrevistas y reuniones de trabajo producidas, así como en la profusa y variada documentación recibida, ha sido posible constatar y recoger la aspiración compartida de encontrar rutas para un gran acuerdo nacional de la justicia que aborde, entre otros, temas como los aquí planteados. Instituciones públicas y privadas, dirigentes políticos y organizaciones de la sociedad civil han convergido en esta aspiración.