En su despedida, el relator especial para la Independencia de Jueces y Abogados de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán, dijo, en primer lugar, que “en Bolivia la justicia está lejos de la gente” y, además, que “hay una urgencia en la sociedad boliviana de que la justica responda a dramas cotidianos”. Incluso se refirió al tema del momento: las excarcelaciones por “medios corruptos” para beneficiar a delincuentes.

García-Sayán estuvo una semana en el país e incluso visitó Sucre, la capital, donde se encuentran las principales instituciones judiciales. Su objetivo era recabar información que le permita elaborar un documento de conclusiones.

Un día antes de su arribo, él mismo se encargó de anunciar que “abordaré cuestiones relacionadas con la estructura, organización y funcionamiento independiente e imparcial del poder judicial, los fiscales, y el ejercicio de la profesión jurídica”. Se esperaba con cierta expectativa lo que diría ayer, 22 de febrero, en la presentación de su informe preliminar.

¿Qué más dijo, aparte de la cuestión de las aberrantes excarcelaciones dictaminadas por jueces corruptos? Se mostró preocupado por la brecha en el acceso de las mujeres a la justicia; y habló, en concreto, de los feminicidios, un problema —en efecto— extremadamente delicado. En relación con la justicia indígena, cuestionó la Ley de Deslinde Jurisdiccional de 2010.

Sobre la situación de los privados de libertad, observó un “índice alto” de hacinamiento carcelario (349%), con “ribetes particularmente dramáticos”. Y reconoció que la mayoría de los reos solo tienen detención preventiva. En ese punto se refirió a la expresidenta encarcelada y, hasta hoy, todavía en huelga de hambre: “Quiero llamar la atención y destacar que el Estado, frente a cualquier persona privada de libertad es el responsable de la integridad física y de la salud de las personas que están en esa condición y que por supuesto, en todos los casos, incluido el de Jeanine Áñez, tiene que ser respetando todas las garantías procesales y las normas del debido proceso”.

Por otro lado, criticó la falta de jueces y de defensores públicos; señaló que no existe carrera judicial en el país, porque los jueces son transitorios y no se halla justicia; cuestionó el “presupuesto bajo asignado a todo el sector justicia, incluido el Ministerio Público”, aunque también dice que no siempre los recursos disponibles son administrados de manera eficiente, y habla de una “confusa distribución de responsabilidades de gestión y administración en esta materia (…) sin que esté siempre claro qué responsabilidades y funciones le corresponden a cada cual”.

Es partidario de que el sistema de elección de magistrados sea revisado o de “buscar otro camino”. Y, sobre el Ministerio Público, entre otras falencias, señala: “tomo nota que Bolivia aún no cuenta con legislación sobre acceso a la información pública”. No deja de criticar que “el 80% de los casos de delitos sexuales contra las mujeres no ha tenido ningún proceso judicial para el delito cometido”. Así, también recomienda “contar con una carrera fiscal”.

Asimismo, expresó su preocupación por las “graves violaciones de derechos humanos en el último trimestre del año 2019”, citando incluso el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Recordó que en 2020 ya hizo referencia a que en Bolivia hay un “patrón de persecución política y judicial —con fines de represalia— así como actos de hostigamiento en contra de antiguas autoridades, líderes políticos y sociales”. En su nuevo informe preliminar, dice que esto —que es “de larga data”— aún no ha sido erradicado. Y ve a la falta de independencia judicial como “un reto que Bolivia debe encarar con firmeza”.

Estas son algunas de las conclusiones preliminares que sacó el Relator tras su paso por Bolivia. Su viaje finalizó con una visita al presidente Luis Arce; y un día antes presenció la firma de un acuerdo referido al “protocolo para la observación de procesos judiciales” entre el Ministerio de Justicia y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

García-Sayán se fue dejando un diagnóstico por todos, en general, conocido, pero también dudas sobre su imparcialidad, lo cual de alguna manera contribuye al halo de escepticismo que se formó desde su llegada y que tiene relación con su tendencia ideológica, cercana al Gobierno nacional.

En todo caso, sean bienvenidos sus conceptos y tomados como un recordatorio de que hay mucho por corregir en la justicia, pero no para alimentar los apetitos de poder de un partido, sino para favorecer a la ciudadanía boliviana.