El relator especial para la Independencia de Magistrados y Abogados de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán, presentó ayer su informe preliminar sobre el estado de la justicia en Bolivia y concluyó que la misma “está lejos de la gente” y que sus problemas son graves, según los testimonios que logró recoger. Algunos analistas, no obstante, consideraron que a García-Sayán le faltó algo más de contudencia en sus apreciaciones y recomendaciones al Gobierno.

En su informe, aclaró que “no vino a dar lecciones ni a dar soluciones mágicas” y que su objetivo fue “analizar y evaluar la situación de la justicia boliviana en sus diversos aspectos y contribuir a la construcción de una justicia independiente y al alcance de la gente”.

En ese marco, confirmó las alarmantes cifras de los principales problemas de la justicia y señaló que la “justicia independiente es un objetivo a conseguir”.

Sobre el reto de la independencia judicial señaló que en la Relatoría a su cargo “(…) He hecho referencia a este tema en febrero de 2020 en que expresé mi preocupación por el ‘patrón de persecución política y judicial –con fines de represalia– así como actos de hostigamiento en contra de antiguas autoridades, líderes políticos y sociales’ (…) Duran-te mi visita, he podido constatar que estos patrones que el país arrastra de larga data aún no han sido erradicados (…)”.

El documento agrega que “la independencia del sistema judicial debe ser garantizada por el Estado”, que “todas las instituciones gubernamentales y de otra índole están llamadas a respetar y acatar dicha independencia” y sostiene, en ese marco, que “la tarea pendiente de asegurar la independencia judicial es un reto que Bolivia debe encarar con firmeza. Espero que los insumos que pude dar en mi visita y que ampliaré en mi informe final contribuyan a enfrentar este reto”.

VEN DEBILIDADES

Para el analista Germán Guitérrez, el informe de García-Sayán, contrario a lo que esperaban oficialistas y opositores, es decir, que sustentara sus posturas, no fue “ni uno ni lo otro”.