Ha concluido la visita de una semana del relator especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, el peruano Diego García-Sayán; como se había anunciado, el funcionario de la ONU ha emitido un informe preliminar de observaciones, en el cual destaca los aspectos más relevantes de las múltiples entrevistas que ha sostenido con numerosos actores en torno al estado de la justicia, y que seguramente será profundizado en un documento final anunciado para junio de este año. 

En una visita que se ha desarrollado en circunstancias en que la justicia atraviesa acaso por la peor crisis de su historia, García-Sayán ha apuntado, de partida, que su tarea es establecer un diagnóstico de los procesos y no de los casos particulares, con el fin de proporcionar, en su informe final, una serie de recomendaciones que contribuya a una reforma judicial efectiva. Se cura en salud al afirmar que no proporcionará “soluciones mágicas” y acto seguido enumera aquellos temas que le parecen de urgente tratamiento, como los aspectos administrativos y presupuestarios del ámbito judicial, la carencia de acceso de las mujeres a la justicia, el funcionamiento parcial y defectuoso de la justicia indígena y el hacinamiento carcelario, entre otros. 

Tras la lectura de este informe preliminar, queda sin embargo la impresión de que García-Sayán no ha dejado de ver los problemas centrales de una justicia en crisis terminal. 

El funcionario internacional ha comprendido que el sistema de administración de justicia en el país carece de independencia, según los parámetros establecidos por el sistema universal o de Naciones Unidas, y que tampoco permite el acceso a ella. En cuanto a lo primero, ha sido claro al afirmar que la independencia judicial es un reto, es decir, una asignatura pendiente, mientras que ha asegurado, en cuanto al acceso, que “la justicia está lejos de la gente”. Si bien ha complementado que el déficit de independencia tiene larga data, queda claro que se trata de una valoración clara de una justicia sin independencia ni acceso. 

Otro de los puntos más contundentes es el relativo a la selección y designación de magistrados. El funcionario expresa que la independencia se alcanza, en primer lugar, cuando no hay injerencia en el trabajo de los tribunales y los jueces y, en segundo, cuando rige un procedimiento transparente de selección y nombramiento. García-Sayán es directo al plantear una revisión del actual sistema de elección por voto y sugiere un sistema meritocrático, con el fin de evitar la injerencia política. A nuestro juicio, esto es eliminar la fuente de la terrible crisis judicial, porque la elección por sufragio directo ha fracasado y da lugar a la sumisión e injerencia políticas. 

Esperemos a conocer el informe final. Sin embargo, si el Gobierno esperaba una evaluación positiva, no la ha obtenido de García-Sayán, quien se ha mostrado crítico y propositivo al plantear inclusive un acuerdo nacional para resolver esta crisis judicial que impide el funcionamiento pleno de la democracia.