El relator especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, en el informe preliminar de su misión en Bolivia, cuestionó la forma de designación de los altos magistrados e insta a revisar el proceso o buscar otra forma para escoger a las altas cortes.

Además, indicó que la justicia está lejos de la gente y que esto se debe a un problema estructural que va desde la ausencia de una carrera judicial, hasta el presupuesto mínimo con que cuentan los tribunales.

En conferencia de prensa, el Relator presentó nueve conclusiones preliminares de su visita a Bolivia. Entre ellas, destacó la coincidencia de varios actores con los que sostuvo reuniones respecto a que el “sistema de designar a las altas autoridades judiciales” debe ser revisado.

“Ese sistema no está funcionando, tiene que ser revisado para garantizar que los resultados de los procesos de designación generen un resultado de calidad plural, y si no se encuentra un mecanismo para que a través de la elección popular ése pueda ser el resultado, sería aconsejable (...) buscar otro camino de escogencia de los integrantes de las altas cortes”, señaló en contacto con los medios.

Es así que en su informe preliminar expresa su “preocupación ante la baja legitimidad en las votaciones para elección de magistrados”, siendo la mayor parte de los votos blancos o nulos.

Considera que, para contar con un sistema judicial independiente, los criterios de selección deben ser meritocráticos, basados en la trayectoria y experiencia profesional y compromiso con los derechos humanos.

Agrega que, si bien no existe un modelo” universal de procesos de selección y designación, es esencial que los mismos “no sean los criterios ni las consideraciones de índole político los que prevalezcan”.

Lejos de la gente

Otra de las conclusiones de García-Sayán es que “en Bolivia la justicia está lejos de la gente”, la justicia “no existe para los pobres”.

Las víctimas y familiares deben “aportar medios probatorios para la investigación”, realizar pagos para que avancen sus casos, además la falta de acceso a información sobre sus procesos.

“La gran pregunta que tenemos es cómo se hace frente a la impunidad, frente al crimen cuando no llega a haber procesos penales, cuando la mayor parte de casos quedan sin investigarse, cuando las instituciones, el Ministerio Público carecen de los medios o de la voluntad para investigar de manera sistemática o cae en la corrupción que pueda permitir la excarcelación de alguien que ha sido condenado a una pena muy alta de 30 anos”, cuestionó.

¿Justicia independiente?

Durante la conferencia, el Relator Especial recibió varias cuestionantes sobre si en su visita identificó que la justicia en Bolivia trabaja sin presiones políticas y en independencia, pero evadió el tema al sostener que “no ha venido aquí a buscar un titular y decir en Bolivia se violan los derechos humanos o no se violan los derechos humanos, sino a identificar problemas de identificar situaciones que pueden llegar a soluciones”.

“Un relator visita un país cuando hay cuestionamientos, cuando hay debate y cuando hay referencias sobre la independencia judicial. Si no hubiera cuestionamientos a la independencia judicial, yo no estaría aquí; estaría en mi país, lo que no quiere decir que haya certeza en todas las percepciones en todas las acusaciones. Yo naturalmente sí he recogido referencias en ese sentido”, sostuvo.

No visitan presos

Durante la evaluación del sistema judicial, García-Sayán fue consultado sobre por qué no atendió la solicitud de la expresidenta Jeanine Áñez de visitarla, e indicó que “los relatores no visitan a presos”.

“Los relatores normalmente no visitan a las personas que están que están privadas de libertad, pero sí me he reunido con la defensa legal y la hija de la señora Áñez, que me han dado importante información, elementos relevantes que, creo yo, vale mucho más que una visita relevante para la foto”, dijo.

En ese contexto, sostuvo que “lo importante aquí es que se garantice en este (caso Áñez) y en todos los casos la garantía del debido proceso”.

Ante la insistencia sobre la situación de la exmandataria, el Relator dijo que “en el tema del caso Áñez, no puedo responder; la señora Áñez tiene su defensa legal”.

“El relator no puede ser capaz en este caso y en ningún otro de adelantar una impresión sobre inocencia o responsabilidad; lo único que le corresponde hacer es asegurar, eso sí, que se den todas las garantías constitucionales y que se respete plenamente el derecho a la defensa. He recibido la seguridad de que así se hará y he recibido la comunicación importante”, indicó.

Garantías

En ese aspecto en su informe, respecto a la determinación de un juez para llevar a la expresidenta Áñez al Hospital de Clínicas, refirió que el Estado debe hacer cumplir las determinaciones judiciales.

“Conocí que el 18 de febrero, durante mi visita, la orden de un juez disponiendo el traslado por razones de salud a un hospital de la señora Jeanine Áñez, en prisión preventiva desde marzo 2021, no pudo ejecutarse porque la gobernadora de la prisión de Miraflores se declaró impedida de cumplir con el traslado ante manifestaciones al exterior del penal. El Estado tiene la responsabilidad de preservar el orden público, garantizar la seguridad de las personas y hacer cumplir las disposiciones judiciales”, señala.

Prisión preventiva

En el documento, el Relator expone la situación preocupante de la situación de las personas privadas de libertad, relacionado con el desempeño de la justicia.

Detalla que los 20 recintos penitenciarios en el país deberían albergar no más de 5 mil personas; sin embargo, la población penal supera los 18 mil presos, que significa un hacinamiento de 349 por ciento.

Lo alarmante es que el 64 por ciento de las personas privadas de libertad están en situación de “detención preventiva”.

“La prisión preventiva debe ser utilizada excepcionalmente, durante el menor tiempo posible y sólo en casos particulares que representen ciertos elementos de gravedad; además, se debe garantizar la separación entre presos preventivos y condenados en todos los lugares de privación de libertad. La prisión preventiva no puede constituir un castigo para personas que no han sido juzgadas”, refiere en el documento.

Víctimas

Otro aspecto que destacó fue la reunión que sostuvo con las víctimas y familiares de Sacaba y Senkata, y lamentó que no haya justicia para el sector.

El Relator señaló que se obtuvo información en el encuentro con este sector, pero que en el avance de investigaciones no hay avances.

“Lo preocupante es que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se hizo hace varios meses y la realidad en que se encuentra hoy después del tiempo transcurrido es más o menos igual”, manifestó.

Agregó que siente una situación de abandono y que el daño a la salud y la pérdida de vidas es un asunto que debe resolverse pronto.

Presupuesto

Otro de los males de la justicia que identificó es el presupuesto precario que tiene el Órgano Judicial, que llega sólo a la mitad del 1 por ciento, lo que no permite sustentar una institucionalidad dotada de los recursos institucionales indispensables y, en especial, de remuneraciones adecuadas que atraigan a las mejores personas y que prevengan la corrupción y otras tentaciones.

En su informe señala que “he tenido la oportunidad de interactuar con jueces y fiscales de los distintos niveles y éste es un punto crítico generador de inestabilidad y alimentador de la tentación de abandonar el sistema judicial. La sociedad y el Estado boliviano tienen que asignarle a la justicia una porción mayor de sus recursos en un proceso de incrementos graduales”.

No presentaron sustento de persecución política

El relator Diego García-Sayán, durante la conferencia de prensa de presentación del informe sobre la situación de la justicia en Bolivia, refirió que en los contactos que tuvo con los diferentes estamentos de la sociedad boliviana no recibió ninguna denuncia sobre persecución política.

Ayer, el enviado de la ONU sostuvo que, tras las entrevistas que llevó adelante con actores políticos de la oposición y otros sectores, no hubo mención sobre “persecución política” en el país.

“Se ha hablado de persecución política; yo no he tenido entrevistas con alguna persona que me haya manifestado hechos que sustenten una persecución política: Si hay otras situaciones que yo no he conocido, podría ser, pero en este caso yo no puedo responder con conocimiento de causa, en sentido afirmativo, a la pregunta que se me hace”, dijo el funcionario en referencia a ese tema.

Sin embargo, varios sectores, entre ellos el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), presentaron una serie de documentos que establecen la instrumentalización de la justicia para perseguir a miembros de partidos políticos de oposición.

“Hemos presentado la realidad que está viviendo el país: una justicia podrida, justicia copada por el MAS, que reprime a la población, que conculca derechos de los indígenas y que está coludida con temas de narcotráfico”, manifestó en su oportunidad Manuel Morales, del Conade.

Ministerio Público

La falta de acceso a la “información pública” es uno de los elementos que no permiten combatir la corrupción, sostiene el informe del Relator Especial y la precariedad del Ministerio Público.

“Muchas personas me hablaron sobre la dificultad que enfrentan para obtener información y datos del Órgano Judicial y del Ministerio Público. Es evidente que la transparencia y el libre acceso a la información pública contribuyen al combate a la corrupción”, señala el informe.

En ese contexto, señala que el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), que depende del Ministerio Público, tiene nueve oficinas departamentales y 26 regionales, es decir, cubre sólo el 10 por ciento de los municipios a nivel nacional, y no alcanza para responder a la demanda.

Asimismo, explica que los recursos humanos son insuficientes en ciertas especialidades, lo que pone en duda los informes que emite esta institución.

Un asunto de siempre

El tema de la independencia de la justicia ha sido y es objeto de observación de la Relatoría. “Mi antecesora expresó preocupación por un proceso penal contra de una exalcaldesa de La Paz ocurrido en 1998, que se habría caracterizado por fuertes presiones políticas y mediáticas”.

“Esta Relatoría, también bajo mi antecesora, se refirió a la detención de una jueza en 2011, indicando además preocupación por un patrón de amedrentamiento sistemático ya que serían varios los jueces encarcelados y procesados por presión del Ministerio de Gobierno”.

“Habló también de la destitución de tres magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional en 2014. He hecho referencia a este tema en febrero de 2020, cuando expresé mi preocupación por el patrón de persecución política y judicial —con fines de represalia— así como actos de hostigamiento en contra de antiguas autoridades, líderes políticos y sociales”.

Los juristas esperan que informe final refleje que existe injerencia política

El grupo de juristas independientes que sostuvo un encuentro con el Relator Especial calificó de positivo el informe preliminar que presentó; sin embargo, alberga la esperanza de que en su informe final se refleje la “interferencia política en el sistema de justicia por parte del MAS”.

“Abrigamos la esperanza para que en el informe final se refleje de manera más detallada las acciones legislativa, jurisdiccionales, administrativas y políticas que han deteriorado la independencia judicial, los elementos y los efectos inmediatos para la población en general del estado crítico en que se encuentra la justicia en Bolivia”, señala el grupo a través de un comunicado.

Asimismo, pide que las recomendaciones sean claras, precisas y firmes al Estado para que asuma acciones y medidas necesarias para una verdadera transformación de la justicia.

Sin embargo, el grupo de juristas discrepó con un posible acuerdo nacional.

“Expresamos nuestros reparos en razón de la forma en que pretende construir el Gobierno dicho acuerdo y la finalidad que persigue, que no es sino leves modificaciones que no resolverán la situación crítica de la justicia. No creemos que existan condiciones para apuntar a un gran acuerdo nacional”.

Las recomendaciones de García-Sayán generan aprobación y rechazo

Variadas fueron las opiniones de los asambleístas nacionales sobre el informe presentado por el relator especial, Diego García-Sayán, sobre la situación de la justicia.

El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Félix Ajpi señaló que fue innecesaria la visita del Relator Especial.

“Innecesario (visita de García-Sayán). Conocemos la precariedad de nuestro Órgano Judicial. Dónde podemos levantar o dónde más podemos hundir; lo que hay que trabajar en el pueblo boliviano es un trabajo integral”, declaró Ajpi según refleja ANF.

En tanto, Comunidad Ciudadana (CC) considera que el informe refleja la “realidad y estado terminal” de la justicia y dijo coincidir en al menos ocho conclusiones del enviado especial. “Creemos que es un informe apegado a la realidad de los hechos, es una constatación del estado terminal en el que está el sistema del Ministerio Público y de justicia en el país, porque se refiere al Ministerio Público que tiene varios problemas de funcionamiento”, dijo jefe de bancada de CC, Carlos Alarcón.

La jefa de Bancada de Creemos en el Senado, Centa Rek, calificó como irresponsable que el Relator, en el punto 8 de su informe preliminar sobre la Justicia en Bolivia, se haya referido a Sacaba y Senkata con una doble intencionalidad, en un momento sumamente peligroso y que puede incidir en una ola de persecuciones, cuando se tendría que hacer es todo lo contrario.

“Esto nos resulta irresponsable, porque en el momento actual, cuando la sociedad boliviana se encuentra muy conmocionada enfrentada a la posibilidad de un juicio ordinario a la expresidenta Jeanine Áñez, puede desencadenar una oleada y una cadena de persecuciones a opositores”, criticó Rek.