La Asociación de Magistrados de Santa Cruz (Amagisc) cuestionó el “acoso” que vienen realizando las autoridades del Gobierno nacional y pidió respetar los derechos de los jueces que están siendo acusados de liberar a personas que fueron condenadas por feminicidio y violación.

“Es de conocimiento público que el Órgano Judicial viene sufriendo un constante acoso mediático, político, laboral y sistemático por parte de las altas autoridades del Gobierno y de la población en general, que solicitan que intervengan los juzgados del país, desde donde se habría beneficiado de manera irregular a sentenciados por delitos graves, por parte de los jueces de ejecución penal”, señaló Gladys Alba, presidente de Amagisc.

La magistrada pidió brindar el “beneficio de la duda”, reconocer la presunción de inocencia y garantizar el debido proceso para los profesionales que están siendo procesados penalmente. Además, explicó que los juzgados no son los únicos responsables de la liberación de los condenados, pues existen otros órganos encargados de seleccionarlos previamente.

“No se tomó en cuenta que el sistema penitenciario está compuesto también por la Dirección General de Régimen Penitenciario que clasifica a los privados de libertad antes de poder acogerse a los beneficios, junto con la policía Boliviana, que no pierde el rol de resguardo y seguridad de la población. El Ministerio Público es el contralor de la legalidad y representante de la sociedad incluso en la ejecución de sentencias, la Defensa Pública es la principal institución del Estado que tramita los beneficios penitenciarios para los privados de libertad”, explicó.

Según Alba, los jueces garantizan y aplican la justicia con los “más altos entandares”, pero señaló que esto no podría aplicarse si hay presiones sociales o políticas que no respetan su independencia. Además, agregó que mantendrán su estado de emergencia para exhortar a las autoridades nacionales que cesen con la “persecuciones indebidas”.