Como el mismo Diego García-Sayán lo dijo, él no trajo el undécimo mandamiento ni la varita mágica para curar los males de la justicia boliviana. Sin embargo, en una sociedad tan polarizada como la boliviana, es valorable que el funcionario haya recogido las coincidencias de los principales actores bolivianos para llegar a la conclusión de que aquí hace falta un acuerdo nacional para superar la crisis del sistema judicial.

“Se ve condiciones para apuntar, de manera laboriosa y persistente, a dicho gran acuerdo nacional (…). Ello supondría la participación activa en ese proceso de las instituciones públicas más relevantes sobre el tema, tanto del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como las agrupaciones políticas, colegios profesionales (en particular los abogados), universidades, representaciones sociales, etc”, escribió el Relator Especial de las Naciones Unidas para la independencia de los jueces y abogados, en un informe preliminar de nueve puntos presentado este lunes en La Paz, luego de una visita de siete días al país.

Hasta ahora, el MAS ha simulado una reforma judicial únicamente con actores afines al Gobierno y con una gran participación de sectores sociales también leales al oficialismo, dejando fuera a cualquier representación opositora o independiente. Quizá éste sea el mayor aporte de la visita de García-Sayán: dejar establecido que el MAS no puede encarar cambios judiciales solo y que debe hacerlo con todos los actores nacionales. De hecho, García-Sayán habla de partidos políticos en plural y aclara que, cuando habla de un gran acuerdo nacional, no se está refiriendo a la cumbre por la justicia que está organizando el Gobierno para marzo.

El resto del informe preliminar de García-Sayán gira en torno a lo que los bolivianos conocen en demasía: Que la justicia está lejos de la gente, que las mujeres no tienen acceso al sistema, que la justicia indígena está venida a menos, que hay un abuso de la prisión preventiva, que más de 500 jueces son transitorios, que el presupuesto para el Órgano Judicial es insuficiente, que el Ministerio Público está igual de mal que el Judicial, que las víctimas de Sacaba y Senkata no han obtenido justicia, que la independencia judicial es una tarea pendiente y que hacen falta ajustes para elegir a los magistrados de las altas cortes del país.

En las siete páginas del informe preliminar de García-Sayán hay aspectos de la crisis judicial que han sido omitidos o que fueron tocados de manera muy tangencial en la conferencia de prensa. Por ejemplo, el Relator no se atreve a decir abiertamente que en Bolivia no hay independencia judicial, simplemente señala que su presencia en Bolivia es un indicador de que hay un problema. Y, peor aún, no señala quién o quiénes son los responsables del sometimiento de la justicia, pese a que para los bolivianos es conocido que el MAS manipula a los jueces para perseguir judicialmente a los opositores. Y ése es otro concepto no mencionado. De hecho, en una de sus respuestas, el Relator llega a decir lo siguiente: “Se ha hablado de persecución política, pero no he tenido entrevistas con alguna persona que me haya manifestado hechos que sustenten persecución política”.

Tampoco menciona la injusta acusación de golpe de Estado, pese a que la ONU ayudó a pacificar el país tras la renuncia de Evo Morales y sabe perfectamente que en Bolivia no hubo el golpe por el que la expresidenta Jeanine Añez está encarcelada.

Y justamente, el de Jeanine Añez es uno de los temas tratados de manera tangencial. Dijo que el Estado debe garantizar su seguridad y acceso a la salud, que le dieron garantías de que tendrá derecho a la defensa (aunque eso no lo escribe en el reporte) y que no la visitó porque los relatores por lo general no visitan a los presos. Cree que era mejor hablar con su defensa que sacarse una foto con ella.

En síntesis, García-Sayán habló de la necesidad de un acuerdo, repitió lo que todos sabemos de la crisis judicial, calló sobre la persecución política y trató el caso de Añez sólo de manera superficial. Queda más claro que nunca que la reforma de la justicia es una tarea de todos los bolivianos y no de los funcionarios internacionales, tal como el mismo García-Sayán lo señala.