Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: miércoles 23 de febrero de 2022
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Judicial
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Página Siete Digital
El bloque de juristas independientes que propugna propuestas para impulsar la reforma de la justicia boliviana consideró que el relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Diego García-Sayán, contradice al Gobierno sobre la independencia judicial.
“Es positiva, en el Informe del Relator, esa visión integral de los graves problemas que atraviesa nuestra administración de justicia, al tiempo que, así sea preliminarmente, señala textualmente que 'los patrones de persecución política y judicial… no han sido erradicados', lo que, según el Relator, se constituye en un 'reto' si se trata de alcanzar una 'justicia independiente y transparente'”, reseña parte del comunicado del bloque.
“Lo que significa un mentís categórico al gobierno que, en boca de su ministro Lima, anunció que la visita del Relator “validaría la plena independencia judicial en Bolivia”, se añade.
Pero no fue la única observación planteada por el funcionario. El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Independencia de Magistrados y Abogados presentó este martes nueve conclusiones preliminares de su visita a Bolivia. Entre ellas, habló de la responsabilidad del Estado con los privados de libertad y aseguró que la justicia está “lejos” de la ciudadanía.
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“En Bolivia, la justicia está lejos de la gente, en la medida en que se ve que hay una urgencia en la sociedad boliviana de que la justicia responda a dramas cotidianos, la reacción comprensible y legítima que ha habido ante excarcelaciones a través de medios corruptos", sostuvo ante la prensa, en referencia a la liberación de personas como el violador serial Richard Choque y Felipe Froilán Molina Bustamante, alias El Killer.
La autoridad indicó que existe una "seria brecha" en el acceso a la justicia por parte de las mujeres, lo que genera que "muchos casos" de feminicidios queden sin investigación y en la impunidad. En concreto, dijo que solo el 31% de los casos de feminicidio que llegaron a instancias judiciales entre 2013 y 2021 merecieron una sentencia.
Pero la conclusión que causó más polémica es la referida a la presunta situación de persecución que pesa sobre algunos personajes de oposición.
García-Sayán afirmó que, tras las entrevistas que sostuvo con actores políticos de la oposición y otros sectores, no encontró sustento para sostener que existe una "persecución política” en el país.
Lea el pronunciamiento de los juristas independientes:





