El relator especial de Naciones Unidas para la independencia judicial y abogados, Diego García-Sayán, dio este martes nueve conclusiones preliminares sobre sus siete días de visita oficial al país.

Si bien evitó ahondar en temas específicos, lanzó dos ideas centrales, recogidas por los encuentros que tuvo con diferentes sectores: reformar el mecanismo de elección de magistrados y la necesidad de un gran encuentro nacional que halle soluciones a las deficiencias.

“El propósito de la visita de un relator no es llegar a un país a tomar posiciones a favor de determinadas causas, personas o en contra de otras, es examinar la situación de la justicia, analizar cuáles son las restricciones que hay para un adecuado acceso y funcionamiento independiente de la misma, y alcanzar después recomendaciones al Estado”, explicó al iniciar su exposición.

Su intervención:

A continuación, las nueve conclusiones que emitió:

1. En Bolivia la justicia está lejos de la gente, primera conclusión importante, en la medida que se ve que hay una urgencia en la sociedad boliviana para que la justicia responsa a dramas cotidianos, la reacción comprensible y legítima ante la excarcelación, mediante medios corruptos, de criminales.

2. He constatado con preocupación que hay una serie brecha en el acceso de las mujeres a la justicia, como el crecimiento de los ataques a las mujeres, no exclusivo de Bolivia, ha significado que muchos casos de feminicidio queden sin investigarse y en la impunidad.

3. La justicia indígena, tema de tremenda importancia en un país pluri étnico, la ley de deslinde jurisdiccional no ha sido modificada, establece restricciones severas para la justicia indígena, borra los principios constitucionales establecidos en la Carta Magna, sería importante que se revise esa norma y se refuerce la competencia indígena.

4. Privados de libertad. Este es un tema en el cual el relator no viene a reinventar la rueda o la pólvora, el hacinamiento es un problema de todos los países, pero en Bolivia tiene ribetes dramáticos, con una capacidad de 5.000 privados, hay unos 19.000 privados, un índice grave de hacinamiento del 349 por ciento, preocupante.

5. La estructura del Órgano Judicial. Hay solamente mil jueces en un país de la dimensión de Bolivia, cada uno se hace cargo de unos 500 expedientes y en defensa pública hay solo 54 defensores, haciendo en la práctica, inaccesible la defensa pública, es importante que eso se tome en cuenta en temas de presupuesto. La justicia de paz sea restablecida y puesta al alcance de la ciudadanía, menos del uno por ciento del presupuesto es algo que debe ser revisado.

6. Solo el 44 por ciento de los jueces son de carrera, la mayoría son transitorios y hay restricciones, quienes ocupan una posición en un tribunal departamental solo lo pueden hacer por cuatro años, renovables a otros cuatro, y después irse a su casa, eso debe ser evaluado, que los jueces transitorios pasen a ser de carrera sujetos a los mecanismos de control.

7. El Ministerio Público, hay la necesidad de considerar una legislación de acceso a información pública para que se pueda obtener la información necesaria, uno de los temas centrales es el fortalecimiento del IDIF, que solo cubre el 10 por ciento de los municipios del país.

8. Graves violaciones a derechos humanos luego de la crisis de 2019. Tuve una reunión de trabajo larga con las víctimas de Senkata, Sacaba y la zona Sur, 37 personas fallecieron, y si bien he notado que hay interés en promover la investigación, son escasos los resultados, es un tema que debe ser priorizado.

9. Las reformas constitucionales y legales para la designación de los integrantes de las altas cortes. He encontrado puntos de vista variados y divergentes, luego de dos elecciones por voto popular. Hablamos de un tema complicado, no existe un modelo sobre cómo designar a los jueces, simplemente prácticas para ir corrigiendo y ajustando.

Admitió que su informe, que será presentado a mediados de año ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, consideró que sus criterios pueden allanar un camino para que se abra el diálogo para resolver las deficiencias que tiene la justicia en el país.

“Queda por delante pensar cuáles son las grandes líneas, las grandes respuestas, no le corresponde al relator traer las soluciones, simplemente alentar algunos caminos que salen de las conversaciones que he tenido, de manera sistemática hay dos coincidencias, que hay ajustes que resolver en los procesos de selección para que la corrupción no se meta y que hay la necesidad de encontrar un gran acuerdo nacional sobre la justicia”, concluyó.