
Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: martes 22 de febrero de 2022
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Judicial
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Página Siete Digital
Diego García-Sayán, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Independencia de Magistrados y Abogados, presentó este martes nueve conclusiones preliminares de su visita a Bolivia. Entre ellas, habló del uso excesivo de la figura de detención preventiva y aseguró que la justicia está “lejos” de la ciudadanía.
“En Bolivia la justicia está lejos de la gente, en la medida en que se ve que hay una urgencia en la sociedad boliviana de que la justicia responda a dramas cotidianos, la reacción comprensible y legítima que ha habido ante excarcelaciones a través de medios corruptos", sostuvo ante la prensa, en referencia a la liberación de personas como el violador serial Richard Choque y Felipe Froilán Molina Bustamante, alias El Killer.
La autoridad indicó que existe una "seria brecha" en el acceso a la justicia por parte de las mujeres, lo que genera que "muchos casos" de feminicidios queden sin investigación y en la impunidad. En concreto, dijo que solo el 31% de los casos de feminicidio que llegaron a instancias judiciales entre 2013 y 2021 merecieron una sentencia.
"Es un tema de preocupación. Urjo al Estado boliviano a que se dé prioridad a este tema", subrayó.
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Respecto a la figura de la prisión preventiva, el jurista sostuvo que solo deberían estan encarcelados quienes ya fueron condenados o quienes están siendo procesados por "muy graves delitos" para evitar que la detención "no se mantenga como algo estructural y permanente".
También expresó que el hacinamiento carcelario en el país tiene niveles "particularmente dramáticos" con una sobrepoblación que casi dobla la capacidad de las instalaciones y subrayó que el Estado es responsable por la integridad de cada preso, en especial referencia a la situación de Jeanine Añez.
"Quiero llamar la atención y destacar que el Estado, frente a cualquier persona privada de libertad, es el responsable de la integridad física y la salud de las personas que están en esa condición. En todos los casos, incluído el de Jeanine Añez, se deben respetar todas las garantías procesales y las normas del debido proceso".
Sobre la elección de altas cortes por medio del voto popular, García-Sayán indicó que fue un tema medular de sus conversaciones.
“Conviene revisar y perfeccionar algunos de estos procesos de cara a contar con un sistema judicial independiente y en el que los criterios de selección sean estrictamente meritocráticos, basados en la trayectoria y experiencia profesional y su compromiso con los derechos humanos”, recalcó.
También destacó la justicia indígena, la cual considera un asunto de “tremenda importancia” para la sociedad boliviana, pero lamentó que la Ley de Deslinde Jurisdiccional del 2010 establezca restricciones "severas" y limitaciones que en la práctica hacen que "se borre con una mano" los principios constitucionales que respaldan la misma.

“La justicia independiente y efectiva es central para la vida digna y el disfrute de los derechos humanos. Durante el tiempo que pasé en Bolivia, he notado la extendida atención que la sociedad y las instituciones bolivianas le dan a la justicia, a la necesidad de superar sus limitaciones y contar con una justicia más transparente, independiente y al servicio de la sociedad. Congratulo el esfuerzo de encarar una reforma de la justicia en Bolivia. Exhorto a todos y todas a aprovechar esta oportunidad”, manifestó García-Sayán.
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“He percibido una saludable corriente de pensamiento a favor de un gran acuerdo nacional por la justicia en distintos sectores de opinión, organizaciones de la sociedad civil y agrupaciones políticas. En ello, se trata de impulsar y promover un proceso sostenido en el tiempo que contribuya a contar con una justicia independiente y al acceso de la gente”, concluyó.
Reunión con Arce
Previo a su comparecencia, el relator realizó su última reunión oficial en el Palacio de Gobierno, donde fue recibido por el presidente Luis Arce. Con esto cierra una visita que inició el pasado 15 de febrero.
"Recibimos la visita del Relator Especial para la Independencia de Jueces y Abogados de Naciones Unidas, con el firme compromiso de impulsar la transformación del sistema judicial en beneficio del pueblo que pide justicia", escribió el mandatario en las redes sociales.
García-Sayán es un jurista de origen peruano, que fue ministro de Justicia y de Relaciones Exteriores en el país vecino. Tiene una vasta experiencia en derecho internacional, derechos humanos y labor para organizaciones multilaterales.
El reporte final sobre la justicia boliviana será expuesto al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de este año.



