Para el referéndum constitucional del 21F, la sociedad civil boliviana se organizó espontáneamente, desmarcándose del sistema de partidos. Activistas ciudadanos realizaron una campaña en redes y en las calles, por el voto “NO” a la modificación constitucional e hicieron un exhaustivo control electoral en las principales ciudades del país. Nos gustaría recordar a Gustavo Castro, activista múltiple, que nos relataba en una reciente entrevista: “Cuando pertenecía a Me Comprometo con Bolivia, éramos lo únicos que estábamos como plataforma civil y hacíamos campañas y actividades. (...) No había discursos, ese era el plan. Había una puesta escena porque la intención era reforzar el empoderamiento ciudadano, sin protagonismos.”

Luego, tras la decisión del TCP de permitir la repostulación de Morales, se fundaron otros movimientos ciudadanos. Se realizó la primera protesta no violenta increpando a las élites cruceñas: Resistencia Femenina dejó cientos de huevos en la Cainco (“por si les faltan”, decían ellas), ante la ausencia de reacción de las élites frente al fallo inconstitucional. Otras plataformas organizaron el entierro simbólico al Comité pro Santa Cruz, como una exigencia a la acción. La sociedad civil recién organizada en plataformas, lejos de buscar un camino independiente, buscó en las viejas instituciones cruceñas la reacción política, frente a la decisión autoritaria del MAS. Esta contradicción política, fue un retroceso en el fortalecimiento de las emergentes formas de organización de la sociedad civil cruceña.

La consigna del 21F aglutinó la acumulación histórica de demandas sociales por parte de la sociedad civil, frente a distintos episodios de autoritarismo estatal. La crisis de representatividad política, el atropello de los territorios indígenas y los conflictos socioambientales, permitieron una supraarticulación de la diversidad de demandas y movimientos de la sociedad civil. Sin embargo, el movimiento ciudadano no logró instalar un proyecto de Estado alternativo al del MAS, ya que su demanda era concreta: impedir la reelección de Morales. A pesar de que Morales logró su cometido de estar en la papeleta electoral, los movimientos ciudadanos permanecieron activos, ya no por la demanda concreta, sino contra el autoritarismo sistemático en Bolivia. Esto, finalmente, provocó la renuncia de Morales.

La crisis de representatividad política permanece hasta el día de hoy. Si bien surgieron nuevas formas de organización social, en busca de lograr incidencia política, en general, las plataformas ciudadanas fueron absorbidas por los partidos políticos. Estos movimientos ciudadanos quedaron al margen de la Ley de Organizaciones Políticas, por tanto, de la participación política directa en el aparato estatal. María Galindo explica, en una de sus entrevistas, que con esta Ley, el MAS busca “dar relevancia a partidos políticos que, en la vida social, ya no la tienen”.

Solo un cambio en el sistema de representación política, alterno a la normativa actual, puede generar representación directa de otras identidades y formas de organización de la sociedad civil, como los colectivos y plataformas ciudadanas que luchan por el feminismo, el ecologismo, los discapacitados, el movimiento indígena, etc. Este último, desde la misma Asamblea Constituyente, quedó sin posibilidad de participar directamente en la política formal, sin antes subordinarse al MAS o algún otro partido político. La sociedad civil debe, entonces, organizarse para crear espacios de participación directa en los órganos estatales, a través de una reforma de la Ley de Organizaciones Políticas. Esta es una deuda pendiente de la sociedad civil consigo misma.