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La bancada del MAS decidió que ya no tratará los pliegos acusatorios de juicios de responsabilidades que están acumulados en la Asamblea Legislativa y atribuyó esta decisión a los opositores porque no quieren autorizar el juicio contra la expresidenta, Jeanine Áñez.
“Por Constitución tenemos que ver desde la Asamblea Legislativa, para eso hemos apelado a la conciencia de la oposición, pero como quieren encubrir, como quieren socapar el golpe de estado, las muertes, las masacres, ahí está el resultado, la oposición boliviana no quiere un juicio de responsabilidades para la señora Jeanine Áñez”, declaró este lunes el jefe de bancada del MAS en Diputados, Gualberto Arispe.
La Comisión Mixta de Justicia había aprobado 20 juicios de responsabilidades en la legislatura pasada, todos contra de exautoridades de Estado, quedaron pendientes cuatro procesos de privilegio contra la exmandataria que fueron promovidos por el propio Gobierno. Al no tener el voto de dos tercios de la Asamblea el MAS suspendió ese tratamiento y en la presente legislatura no fueron repuestos y no están en la agenda.
Los juicios
El primer caso se trata de la ampliación a Fundempresa de la concesión del servicio que se brinda para otorgar matrículas de comercio y el control de la actividad del rubro. Ese decreto, el 4356, ya fue anulado.
El segundo caso se refiere al crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI). Según el Gobierno el mismo fue aprobado de forma ilegal porque lo hizo el Ejecutivo a través del decreto 4277 y no el Legislativo como manda la Constitución. El Gobierno de Luis Arce devolvió ese crédito al organismo financiero.
El tercer caso es por la emisión del decreto 4200 que planteaba acusar a las personas que difundan información sobre la pandemia. “Las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o desinformen o generen incertidumbre a la población, serán sujetos de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública”, lo que es calificado como un atentado contra la libertad de expresión.
La cuarta denuncia es por el decreto 4196 que dispuso el cierre de fronteras a inicio de la pandemia, perjudicando a centenares de bolivianos que intentaban retornar al país y que fueron impedidos de ingresar y fueron alojados en campamentos en los países vecinos.
Los cuatro procesos llegaron hasta el Parlamento, la Comisión Mixta de Justicia Plural consideró los mismos, pero nunca los envió al pleno de la Asamblea; mientras la justicia ordinaria avanza con los procesos contra Jeanine Áñez.
