Han trascurrido seis años desde aquel 21 de febrero de 2016 en que el gobierno del expresidente Evo Morales consultó, en un referendo, si debía modificarse o no el Artículo 168 de la Constitución Política del Estado para que, en adelante, el presidente pudiera aspirar no a una, como está establecido, sino a dos reelecciones consecutivas, con la finalidad de ser nuevamente candidato en las elecciones de 2019 y así buscar su permanencia en el poder hasta 2025. 

La mayoría de los votantes consultados se inclinó, como se sabe, por el No, que tenía un claro significado: era el rechazo a la pretensión de Morales de quedarse en el Ejecutivo. El también líder de los cocaleros había logrado que un servil Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) interpretara que su primer periodo era el que tuvo lugar con la entonces nueva Constitución Política del Estado, promulgada en 2009, de tal modo que con la reelección llegara hasta 2019; en total, casi 14 años en el poder. 

Sin embargo, el referendo del 21 de febrero puso fin a su intención de prorrogarse en el mando del país. Fue entonces cuando fuimos testigos de su persistencia en dilatar sus mandatos, en lo posible ad infinitum, como fuere, al estilo de otros gobernantes regionales –entre otros, Daniel Ortega, de Nicaragua, o Juan Orlando Hernández, de Honduras, hoy bajo un proceso de extradición por acusaciones de narcotráfico en Estados Unidos- que, contra viento y marea, buscan eternizarse en el poder, bajo el discurso de ejecutar no ya reformas sino una “revolución de largo plazo”.  

Sin tomar en cuenta aquel resultado categórico de las urnas–la primera derrota electoral del masismo–, el expresidente y líder cocalero, en vez de retirarse tras sus tres mandatos, insistió en su desproporcionada intención y gestionó una nueva sentencia del obsecuente TCP, que concluía que la reelección de Morales era un derecho humano y logró así habilitarse como candidato en 2019, lo que causó una crisis política cuyas consecuencias aún están presentes en el país. 

Lo que ha quedado claro es que, como ha afirmado la Corte Interamericana de Derechos Humanos mediante una opinión consultiva, la reelección no es un derecho humano y que, por el contrario, es una figura nociva para la democracia. Esto es, lo que dijo en las urnas el pueblo boliviano aquel 21F. 

Bajo esa perspectiva, el referendo del 21 de febrero o 21F fue la más clara expresión, por tratarse de un mecanismo de democracia directa, de la necesidad de la alternancia en el poder y de la llegada constante al ejercicio del gobierno de nuevas propuestas de diversas fuerzas políticas. Es decir, un rechazo contundente a aquellos líderes populistas que, como Evo Morales, se creen imprescindibles y tratan de forzar su reelección indefinida, incluso, como es evidente, a costa de violar la Constitución, las leyes y los derechos políticos de la ciudadanía. Es por eso que el 21F es trascendental en nuestra historia democrática: es lo que sepulta cualquier pretensión de uso arbitrario del poder y, por eso mismo, un día de celebración para los auténticos demócratas.