Es difícil entender las razones (y los presuntos crímenes) que han motivado al gobierno de Luis Arce a iniciar un juicio ordinario por “golpe” a la expresidenta Jeanine Añez, cuando todos los bolivianos hemos sido testigos del vacío de poder dejado alevosamente por los exgobernantes renunciantes, antes de abandonar el país. Ese “interregno” debía llenarse de la manera más urgente y legal posible y eso sucedió ante las renuncias en cadena de los llamados a suceder en el mando. Hubo acuerdos, con la venia de las exautoridades que seguían dando órdenes por teléfono a sus emisarias presentes en las reuniones de la Universidad Católica, acuerdos que, como de costumbre en Evo Morales, luego no se cumplen o se tergiversan. Personalmente, si me dan para escoger entre el testimonio de Mons. Scarpellini (QEPD), que facilitó esos encuentros junto a veedores internacionales, y el de las emisarias de Evo, no tengo dudas en quién confiar.

Pero, hoy tenemos un proceso en contra de una valiente mujer (que pudo abandonar el país, pero no quiso hacerlo), a cargo de jueces observados hasta por su nombramiento, en medio de muchas irregularidades denunciadas por juristas independientes, mientras la justicia agoniza en su hora más vergonzosa.

Volviendo a las motivaciones del juicio de marras, la explicación más ocurrente apareció hace unos días en un tuit de un partidario del MAS, ni anónimo, ni lego en cuestiones jurídicas, que simplificaba y justificaba ese proceso haciendo una analogía con la condena del gánster Al Capone.

Como se sabe, al mandante de la masacre de San Valentín la justicia nunca pudo caerle por los múltiples crímenes de asesinatos, extorsiones y contrabando de licores, debido a la protección que le otorgaba el sistema político, policial y judicial de Chicago, hasta que fue procesado y encarcelado por un delito menor (evasión de impuestos).

Ahora bien –razona el tuit–, de la misma manera Jeanine Añez debería ser procesada mediante un juicio de responsabilidad por los funestos hechos de Sacaba y Senkata, pero, ante la renuencia de la oposición política a aprobar ese trámite si no se cambia antes a los magistrados observados, el gobierno de Arce ha escogido el camino de enjuiciarla en la vía ordinaria por un delito menor: “actos contrarios a la Constitución”.

Desde luego, el objetivo es encarcelar a la “gánster” Jeanine Añez, y vengar, aunque sea con una condena menor, los crímenes que se impide juzgar, en lugar de sentenciar a los responsables de todas las muertes de esos días (investigando también a los dirigentes que aleccionaron a sus bases a lanzarse a una aventura foquista).

No me consta que esa sea la motivación oficial del gobierno de Luis Arce para ensañarse contra la expresidenta y los excomandantes de las Fuerzas Armadas; pero es innegable la distorsión del alcance del juicio abreviado, que es un instrumento jurídico creado para ahorrar tiempo y costas y no un medio de extorsión y tortura de Estado. Hasta se pueden oír cantos de sirenas: “si no quieren seguir sufriendo, ustedes y sus familias, declárense culpables y saldrán pronto de la cárcel. ¡Incluso podemos ofrecerles un cargo diplomático, si responsabilizan a otros procesados!”.

La objeción principal que se me ocurre a la peregrina comparación Al Capone-Añez es que hoy en Bolivia el sistema policiaco-fiscal-judicial está copado por la banda de Al Capone. Por tanto, no es Al Capone el que es juzgado en la persona de Añez, sino es su camarilla la que, obedeciendo las órdenes y satisfaciendo los intereses personales de su “capo”, pretende juzgar y condenar a quien dio la cara para sacar al país del pozo en el cual quisieron hundirlo las ambiciones de unos cuantos enfermos de poder.