El relator especial para la Independencia de Jueces y Abogados de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán, anunció que adelantará la presentación de su informe sobre Bolivia al Consejo de Derechos Humanos radicado en Suiza. Se trata, indudablemente, de una buena noticia, porque eso significa que no tendremos que esperar hasta el 2023 para conocer su contenido, pero, desde ya, es mejor no hacerse ilusiones al respecto.

Desde que se confirmó su visita a Bolivia, surgió la ilusión de que el informe podría cambiar muchas de las cosas que andan mal en el país por una razón de simple humanidad: los bolivianos ya no tenemos a quién más quejarnos, así que la visita de un extraño nos hizo creer que él podría escucharnos.

Lejos de lo que dice la propaganda oficial, hemos caído en una situación de realidad a la inversa en la que las acciones tradicionalmente consideradas buenas han sido tachadas de malas, y viceversa. Por eso, este es el país en el que las sentencias en contra de los delincuentes son, en realidad, un paso más que estos deben seguir para conseguir su libertad y continuar delinquiendo.

Se ha llegado a un punto en el que los que cometen delitos no solo están a salvo de la acción de la justicia, sino que, incluso, pueden convertirse en los acusadores de quienes intentaron evitarlos. Eso es lo que está sucediendo, por ejemplo, con el proceso que el dirigente Jesús Vera lleva en contra del exalcalde de La Paz, Luis Revilla, que, por eso mismo, se ha declarado en la clandestinidad.

Que el número de personas, entre exautoridades, exdirigentes y dirigentes cívicos, que tienen procesos judiciales en contra haya aumentado es otro síntoma de que las cosas no están bien. En un Estado de Derecho, las diferencias se zanjan dialogando, no metiendo preso al adversario.

Bolivia es uno de los países con las más altas tasas de producción de cocaína, pero los cargos destinados a la lucha contra el narcotráfico son entregados a quienes tienen sospecha de estar vinculados con esa actividad ilícita. Por eso, no es raro que hasta cuatro jefes antidroga hayan sido detenidos, generalmente por procesos iniciados en los Estados Unidos.

A ese panorama hay que agregar lo que está pasando con la expresidenta Jeanine Áñez que ya lleva casi un año detenida y tuvo que declararse en huelga de hambre, precisamente para llamar la atención de García-Sayán. Hasta ayer, todavía no se había respondido al pedido que la prisionera hizo de reunirse con el enviado de la ONU.

A sabiendas de que esa reunión podría influir en el ánimo del emisario, el jefe del MAS, Evo Morales, ha pedido el mismo tratamiento agregando algo sin ruborizarse: que él fue víctima de lo sucedido en noviembre de 2019, cuando renunció al cargo, pero él, y todo su partido, insisten en denominar “golpe de Estado”.

Tomando en cuenta que los organismos internacionales deben demostrar equilibrio, cuando no imparcialidad, lo más probable es que no acceda ni a lo uno ni a lo otro, pero, aunque así fuera, eso tampoco garantiza que el informe sea imperativo respecto a lo que está pasando en Bolivia.

La Organización de las Naciones Unidas es un organismo multinacional que, cuanto más, puede emitir recomendaciones, y solo en casos extremos procede a acciones directas o aplica sanciones. Y, aunque entre las recomendaciones esté, por ejemplo, la de cambiar estructuralmente la justicia boliviana, el Gobierno no la acatará a pie juntillas porque sabe que si da paso a una justicia independiente, perderá buena parte del control que tiene sobre la política nacional.

Si a eso le sumamos los antecedentes de otros fallos, como el del Tribunal de La Haya respecto a la demanda marítima, y el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las denuncias contra los abusos cometidos en el largo Gobierno de Morales, tampoco podemos alimentar grandes expectativas.