La tarde de este martes 15, durante dos horas, el grupo de Juristas Independientes conversó con el Relator de la ONU para la Independencia Judicial. Invitado por el Gobierno, Diego García-Sayán mostró una importante apertura a la sociedad civil, seguramente para tener un cuadro objetivo y equilibrado del estado de la justicia en nuestro país, caracterizado por la carencia de independencia de los jueces, dada la acción autoritaria de los gobiernos que, en la última década, han sometido al Órgano Judicial convirtiéndolo en un instrumento de dominación estatal, de persecución de la disidencia política y social y en un oscuro mecanismo de impunidad de los actos gubernamentales delictivos.

Le entregamos al Relator un “dossier” informativo que, en 50 páginas, intenta resumir, en sus causas y efectos, las desastrosas consecuencias de la subordinación política de la administración judicial y que hoy dan cuenta del estado terminal de una justicia que, en lugar de brindarle a la gente seguridad, defensa de derechos y freno a los gobernantes, se ha convertido en un negocio de consorcios mafiosos que trafican con el dolor de las víctimas, la impunidad de asesinos, el hacinamiento carcelario, la mora procesal y la corrupción de los poderosos.

Seis factores, contrarios a la independencia judicial destacamos ante el Relator de la ONU:

1. La implantación de una visión ideológica autoritaria, ajena al Estado de Derecho, que niega la independencia de poderes y hace del Órgano Judicial un mecanismo represivo para la imposición de modelos estatales. Es la visión que en 2013 difundió el vicepresidente García Linera que consideraba que “la independencia de poderes es una ilusión liberal” y que “el sistema judicial no es una institución celestial, sino que debe estar al servicio del Estado”.

2. El copamiento partidario de la cúpula judicial, desde el poder político, con motivo de las elecciones judiciales en 2011 y 2017, en las que los 2/3 de la bancada del MAS seleccionaron a los postulantes a partir de afinidades político-partidarias sin considerar méritos ni idoneidades. A partir de ello, esas afinidades partidarias se reprodujeron en todo el cuerpo judicial, con jueces supremos que nominaban al resto de los jueces, generalizando la subordinación al poder político, junto a la mediocridad, la ineficiencia y la corrupción. 

3. La precariedad e inestabilidad de la función y carrera judicial, promovidas por normas como las leyes 003 de 13 de febrero de 2010 y 040 de 1 de septiembre de 2010 que dispusieron un “régimen de transición”, dejando sin efecto la carrera judicial y las garantías de estabilidad e inamovilidad de los operadores judiciales. Hoy, después de dos elecciones judiciales, más de la mitad de los jueces son “jueces provisorios”, sujetos a traslados y destituciones arbitrarias, que precarizan su estabilidad e independencia.

4. El arbitrario apresamiento y enjuiciamiento de jueces por representantes del Ministerio Público que, al no obtener de los jueces detenciones preventivas contra los imputados, instauran acciones penales por supuesto prevaricato. Son los casos del juez penal cautelar de La Paz, Hugo Huacani Chambi; la suspensión de la jueza penal cautelar de Sucre, Ximena Mendizábal, o la detención de la jueza penal Melina Lima. Estos atropellos cometidos durante el gobierno de Áñez (2020) y de Arce (2021) fueron represalias a decisiones judiciales contrarias a la voluntad política-represiva de esos dos gobiernos.

5. La subordinación económica y presupuestaria del Órgano Judicial, con un presupuesto misérrimo que llega apenas al 0,46% del Presupuesto General anual para todo el sistema de administración de justicia. Esa asignación presupuestaria, sin respeto de la autonomía económica y presupuestaria, en los últimos 10 años, ha descendido anualmente a un promedio del 0,39% del PGE, lo que impide el desarrollo y la eficiencia de un servicio que debe ser autónomo e independiente en la administración de sus recursos.

6. La secundarización de la Justicia Indígena Originaria con acciones estatales que enjuician y desconocen a sus autoridades, recortan sus competencias, no respetan sus decisiones y, en contra de la Constitución, privan a los pueblos originarios de todo servicio judicial.

Concluimos la reunión valorando la visita del Relator y dándole cuenta de la voluntad ciudadana para la reforma judicial, como es el caso de nuestra propuesta de reforma constitucional vía Referendo popular, que se la entregamos, señalándole que estaremos atentos a su informe final, que bien podría acompañar esa voluntad de cambio estructural de la justicia.