ue la justicia boliviana sea sentada en el banquillo de los acusados del organismo internacional más importante del mundo, por la acusación de que se ha convertido en un aparato sumiso y dependiente del Poder Ejecutivo, revela que algo realmente muy grave está ocurriendo en la vida nacional y que nunca se había presentado en ese lamentable nivel.
La presencia en el país de un Relator de Naciones Unidas, profundo conocedor no solo de la realidad nacional sino también de la internacional, ofrece la posibilidad de que la denuncia sobre pérdida de independencia de la justicia en Bolivia sea verificada en forma específica, de tal forma que retorne la tranquilidad a la población o, en caso necesario, se proceda a la rectificación de las anormalidades que se viene denunciando con insistencia desde hace varios años y que, en vista de su gravedad, han provocado que Naciones Unidas hubiera decidido enviar a Bolivia al doctor Diego García-Sayán.
El abogado internacional abordará cuestiones relacionadas con la estructura, organización e independencia de jueces y fiscales, la administración imparcial de la justicia.
La investigación del Relator de Naciones Unidas destaca que el objeto de su presencia en Bolivia es “examinar, con un espíritu de cooperación y diálogo, la situación de la justicia en Bolivia y poder contribuir a los esfuerzos de la reforma en curso en el país”. Tal afirmación proyecta el futuro de la justicia boliviana, objeto de críticas y denuncias desde varias fuentes. El doctor García Sayán reiteró que tiene la intención “de establecer un diálogo constructivo con todas las partes interesadas en fortalecer la administración de justicia en Bolivia”.
La investigación y estudio de la misión de Naciones unidas durará hasta el 22 de este mes. El Relator Especial presentará un informe exhaustivo con sus respectivas conclusiones y recomendaciones al Consejo de Derechos Humanos con sede en Ginebra en junio del próximo año.
Tan pronto llegó al país, el Dr. García-Sayán empezó la labor encomendada por Naciones Unidas y continuará en próximos días, dando la esperanza a Bolivia de que su gestión pondrá fin a las denuncias y servirá de base para una reforma de la justicia y administración correcta de la misma.