En dependencias de la administración pública se muestran sendos letreros que dicen “Todos somos iguales ante la ley”; sin embargo, el primer golpe de realidad nos dan funcionarios muy empoderados por el puesto que ocupan y sin importar la jerarquía de su cargo, que ni siquiera se molestan en responder al saludo, peor si no es conocido/a por su poder y no pregona que va en nombre de algún/a “compañero/a del proceso de cambio”. Si bien es apenas un detalle que desdice lo que señalan los letreros, lo grave es cuando se trata de demandar el respeto a los derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado Plurinacional, los tratados y convenios internacionales, o de recordarles que Bolivia en innumerables ocasiones ha sido objeto de observaciones de organismos internacionales por la facilidad con la que viola los derechos humanos de hombres y mujeres independiente de que sean infantes, pobres, ricos, indígenas, discapacitados u otros; que existen recomendaciones reiterativas para el cese del abuso de poder, privaciones ilegales de libertad, ejecuciones sumarias, tortura, abuso de la prisión preventiva, avasallamiento a la independencia de poderes, subalternización de la justicia, corrupción, atentados contra la democracia, etc. Autoridades nacionales que se las dan de grandes jurisconsultos, sin el menor pudor defienden el desprecio gubernamental a los Derechos Humanos.

Pero lo que definitivamente desnuda por completo la falacia del  “todos somos iguales ante la Ley” es la diferencia de trato que hoy mismo se da a personas acusadas de delitos políticos como a la exdignataria de Estado Jeanine Áñez, que desde hace cerca de un año se halla privada de libertad por orden de un tribunal que no tiene competencia para juzgarla; se le niega una y otra vez la cesación de detención preventiva y el derecho de recibir atención a su salud en un centro médico adecuado a sus dolencias. El ensañamiento es tal que ella ha decidido acabar con su calvario sosteniendo una prolongada huelga de hambre que pone en riesgo su vida, acto que obviamente debe producir placeres orgásmicos en sus verdugos misóginos que detentan el poder político y digitan el actuar de la servil justicia.

Por otro lado, una persona a la que se le atribuye ser hombre fuerte de una red de narcotraficantes, que se halla privado de libertad, sufrió una descompensación en su salud e inmediatamente fue trasladado a un centro médico para su atención. Medida que no está mal, pero es la muestra de que no todos somos iguales ante la Ley. ¿Será que la igualdad ante la ley es privativa para violadores, tratantes de niñas y mujeres, narcotraficantes o asesinos? O el detalle será ser poseedor de grandes secretos del poder.

DE FRENTE

JULIETA MONTAÑO S.

Abogada, feminista, defensora de DDHH

julietamontaño@gmail.com