Justicia es un término análogo que designa: 1) valor supremo del Derecho, “perpetua voluntad de dar a cada uno lo que es suyo”; 2) administración de justicia, función estatal de resolución de las controversias para la reposición del consenso y 3) poder u órgano judicial encargado de cumplirla. Las tres acepciones integran el concepto “justicia”: el poder judicial administra justicia con la voluntad de dar a cada uno lo que es suyo, conforme al derecho. Con respecto de ella en Bolivia se oyen los gritos reclamando que sea independiente.

Independiente, ¿de quién? De los otros poderes del Estado; en especial, del Ejecutivo, el “gobierno”, encargado de la administración pública, las relaciones exteriores, la seguridad externa y el orden interno del Estado; brazo ejecutor del poder, temible fuerza constrictora cuya limitación es vital para la vigencia de los derechos y las libertades de las personas, como ya lo señalaron los pensadores de la Ilustración, forjadores de las bases filosóficas del proyecto emancipador más grande de la historia, uno de cuyos aspectos fundamentales es la división de los poderes, apellidada Montesquieu, que distingue a la democracia del autoritarismo, de tal forma que cuando hay justicia independiente se trata de la primera y cuando no, sin ambages, del segundo. Esto porque es precisamente la justicia la encargada de frenar en la práctica al poder, resguardando y, en su caso, restituyendo, los derechos y las libertades de las personas conforme al derecho.       

Independiente, ¿por qué? Porque cuando se somete al Ejecutivo deja de aplicar el derecho, degenera en un garrote que cae sobre las personas, sus derechos y libertades, según la conveniencia de los que mandan, produciendo un desvalimiento general en el cual el prevaricato es cotidiano y se diluye la certeza y la seguridad en el amparo del derecho que entra en receso, dando paso a la arbitrariedad y la corrupción que se extienden hacia abajo, descomponiendo todo el aparato judicial. En tal contexto, la administración de justicia deja de ser un servicio público, entrando en riesgo todos pues es cierto que, como dice el refrán, “el que no cae, resbala” y nadie está libre de conflictos que le lleven a estrados judiciales. El desemboque: la descomposición del sistema porque sus operadores, llevados a la comisión de delitos por el poder que les designa, se sienten dueños de cometer otros por propia iniciativa, como vemos cada día con asco. 

Lugares comunes, verdades de Perogrullo. Sí, a repetirse más que nunca ante el estado de la justicia boliviana que no solamente se ve: se huele y a distancia. Salvando excepciones honrosas, contadas y anónimas que sobreviven conteniendo el resuello en algún rincón poco visible del aparato judicial, campean los prevaricadores emitiendo resoluciones contrarias al derecho, actuando a plena luz del día, en permanente flagrancia, dejando las constancias de su proceder criminal con firma, rúbrica y sello, seguros de la impunidad que les garantiza ese poder abusivo al que obedecen de rodillas. Dan cuenta de su asombrosa ignorancia de las leyes y, más aún, del derecho, provocando estupor por su cinismo al pisotear las normas morales de la profesión. Problemática pública, casi de seguridad común.