La falta de independencia judicial y la vulneración de derechos humanos fueron los temas centrales que expresaron los líderes de las bancadas opositoras, Luis Fernando Camacho (Creemos) y Carlos Mesa (CC), en las reuniones que sostuvieron ayer con el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán.

Las dos reuniones fueron realizadas de manera virtual y ambos líderes opositores denunciaron que existen casos gravísimos de persecución judicial que sufren exautoridades del gobierno de Jeanine Áñez, activistas y líderes cívicos.

El gobernador Luis Fernando Camacho expuso ante el relator el estado actual de la democracia y justicia en Bolivia.

“Queda claro que la independencia de poderes hoy por hoy es inexistente, que la justicia está sometida al partido político de turno y que la violación a los derechos humanos se ha convertido en una práctica habitual”, afirmó.

Asimismo, pidió al representante de la ONU que se pronuncie sobre casos gravísimos como el de la expresidenta, Jeanine Áñez; del actual presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo; del exlíder cívico potosino, Marco Antonio Pumari; de los activistas de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC); de policías, militares y ciudadanos de a pie que “hoy están tras las rejas, silenciados por un gobierno que no respeta las diferencias y al que no le gusta que la democracia y la libertad se defiendan”.

Finalmente, pidió a García que se debe tomar en cuenta la emergencia que vive Santa Cruz por la presencia de grupos irregulares y avasalladores armados, tema que hasta la fecha no tiene una solución clara.

“En el diálogo que tuvimos, pedimos al relator que resalte en su informe la situación de violencia que generan grupos armados en los avasallamientos de tierras en nuestro departamento, que causaron la muerte del indígena chiquitano Lino Peña”, aseveró.

Por su parte, el expresidente Carlos Mesa entregó una propuesta para cambiar estructuralmente el sistema de justicia mediante la modificación de ocho artículos de la Constitución Política del Estado (CPE). El objetivo es establecer una nueva forma de elección de jueces e integrantes del Ministerio Público.

Mesa dijo que el país atraviesa por el momento más dramático y vergonzoso, “momento en el que hemos tocado fondo, con una justicia completamente destruida y un Ministerio Público totalmente sometido”.

Propone la necesidad de un cambio urgente de todos los operadores de justicia y la modificación parcial de la carta magna, para que juristas de alto nivel y personalidades presenten una terna a consideración de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Mesa señaló que abogó por Áñez indicando que es una “presa política”.

Plataforma entrega documentación

Según un comunicado público de la plataforma Una Nueva Oportunidad, que se reunió con el Relator Especial de la ONU para la Independencia de Jueces y Abogados, éste alto funcionario “compartió con nosotros su entendimiento de que el actual sistema de elección de altos magistrados es inadecuado”.

La nota de prensa de “Una Nueva Oportunidad” destaca también la entrega al Relator de  un documento escrito y un soporte digital con información sobre casos evidentes de mala administración de justicia y pérdida de independencia de jueces y fiscales.

También le ha comunicado su preocupación por la persistente degradación de la democracia y la justicia en Bolivia.