El Movimiento Al Socialismo (MAS) a través de la reposición de un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) busca que esta instancia designe a los fiscales departamentales por “mayoría absoluta” y ya no el Fiscal General del Estado.

El pasado 2 de febrero, la diputada Gladys Quispe (MAS) pidió la reposición del proyecto de ley 259/2020-2021 para modificar la Ley 260 Orgánica del Ministerio Público.

La solicitud fue aceptada y se repuso como PL 143-21 para ser considerada en esta gestión.

Los proyectistas, la diputada Quispe y el diputado Isaías Durán, ambos del partido oficialista, argumentan la modificación de la 260 para que el Legislativo designe a los fiscales departamentales por la serie de debilidades y vulnerabilidades institucionales que presenta la justicia boliviana.

Los diputados adecúan la propuesta a la presencia que tiene el partido oficialista en el Órgano Legislativo, es decir, a su mayoría absoluta.

El artículo 2 de la propuesta en su parágrafo II señala que “las o los Fiscales Departamentales serán designados por mayoría de la Asamblea Legislativa Plurinacional, previa convocatoria pública, calificación de capacidad profesional y méritos a través de un concurso público realizado por la Comisión Mixta competente, de acuerdo a reglamento ”.

En ese contexto, se establece que para presentarse al cargo “la o el Fiscal Departamental reunirá los requisitos generales de los servidores públicos, así como los específicos establecidos para la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia”.

Normativa actual

Actualmente, es atribución del Fiscal General del Estado designar a los fiscales departamentales.

El artículo 33 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que los fiscales departamentales serán designados por el Fiscal General del Estado, “previa convocatoria pública y calificación de capacidad profesional y méritos a través de concurso público”.

Las o los fiscales departamentales son los representantes de mayor jerarquía del Ministerio Público en su departamento. Sus funciones duran cuatro años y son evaluados anualmente conforme a reglamento.

Entre los cambios, se contempla el mismo periodo de funciones, pero se propone que la evaluación esté en manos de la Comisión Mixta respectiva.

Mayoría

Si bien en la actualidad el nombramiento está en manos del Fiscal General, el cambio sustancial, a parte de que la designación sea por la Asamblea Legislativa, lo sustancial es que adecúa la designación a la “mayoría absoluta” con la que cuenta actualmente.

Actualmente, la normativa 260 establece que “la o el Fiscal General del Estado será designada o designado por dos tercios de votos de los miembros presentes en la Asamblea Legislativa Plurinacional, previa convocatoria pública y calificación de capacidad profesional y méritos a través de concurso público”.

De acuerdo con los legisladores de oposición, el MAS busca copar las fiscalías departamentales con la mayoría absoluta con que cuenta en el Legislativo, al igual que adecuó el Reglamento de Debates de ambas cámaras a su mayoría.

COMUNIDAD CIUDADANA PLANTEÓ ELEGIR POR LA ALP

REDACCIÓN CENTRAL

Comunidad Ciudadana plantea reformar la justicia  a través de la construcción de paz y reconciliación y contempla la ley de modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público, la designación por la ALP del  fiscal general y fiscales departamentales, reforma Constitucional para modificar el sistema de elección de los magistrados del Órgano Judicial.

La propuesta plantea la conformación de un “consejo ciudadano”, compuesto por “notables”, para que realicen el trabajo de preselección de los aspirantes, tomando en cuenta la meritocracia, la capacidad y la probidad. 

“Este consejo de ciudadanos, que lo planteamos en su momento, debe estar compuesto por representantes de las facultades de las universidades públicas, privadas, colegios de abogados, las asociaciones de periodistas, las entidades empresariales, para que se le dé la legitimidad necesaria a estas futuras autoridades en caso de que sean electas por el Legislativo”, dijo en su momento el diputado por CC Marcelo Pedrazas.

En lo que se refiere la designación de autoridades para altos tribunales de justicia debe realizarse únicamente con base en méritos y capacidad profesional, incluidos mecanismos que garanticen la elección de igual número de hombres y mujeres. Para lo cual, no es necesaria una reforma a la Constitución Política del Estado.