En plena crisis de la justicia en Bolivia y con suficientes y evidentes pruebas de su falta de independencia y sumisión al gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), el relator especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, al momento de emitir sus conclusiones, deberá equilibrar  entre su afinidad ideológica  y los principios básicos que deben regir  la actuación de un funcionario de su rango.

García-Sayán visita el país hasta el 22 de febrero, día en que - según su agenda - dará un informe preliminar con base en los encuentros  que tuvo esta semana con diferentes actores políticos y de la sociedad civil.

Idealmente, este informe debe adecuarse a los 20 principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, según la Organización de  las Naciones Unidas (ONU). 

Sin embargo, algunos escritos y actuaciones del Relator lo muestran afín a algunas corrientes políticas y crítico con otras, como su defensa del régimen de Rafael Correa en Ecuador, sus gestiones para  indultar a un condenado por terrorismo en Perú y sus cuestionamientos al  gobierno transitorio de Jeanine Áñez en Bolivia en 2020.

Entre los principios que deberá tomar en cuenta están la independencia judicial, la separación de poderes, su no vinculación con la corrupción y crimen organizado, entre otros, para evitar cuestionamientos de sectores que esperan un informe real y transparente sobre la justicia en Bolivia  y que observan  cierta  afinidad del alto funcionario de la ONU con el MAS y que, además, fue invitado por el Gobierno.

A la fecha, García-Sayán sostuvo reuniones con autoridades gubernamentales, legislativas, judiciales, organizaciones de la sociedad civil y otros para hacer un diagnóstico de la justicia. El informe final lo entregará en junio de este año.

Dicho diagnóstico debe enmarcarse en los siguientes 20 principios básicos: independencia institucional y personal (principios 1 a 4, 6 y 7); el principio del juez natural (principio 5); la libertad de expresión y asociación (principios 8 y 9); la competencia profesional, selección y formación (principio 10); las condiciones de servicio (principio 11); la inamovilidad de los jueces (principio 12) y los ascensos (principio 13); la asignación de casos como asunto interno (principio 14); el secreto profesional (principio 15) y la inmunidad personal (principio 16); las medidas disciplinarias y el derecho del juez a ser oído imparcialmente, la suspensión y la separación del cargo (principios 17 a 20).

En un informe que dio en 2016 ante la Asamblea General de la ONU dijo que “la independencia judicial es fundamental para la protección de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho”.

¿Qué  dice la  ONU?

En ese contexto, el Comité de Derechos Humanos de naciones Unidas sostiene que “los Estados deben adoptar medidas concretas que garanticen la independencia del poder judicial y proteger a los jueces de toda forma de influencia política en la adopción de decisiones por medio de la Constitución o la aprobación de leyes que establezcan procedimientos claros y criterios objetivos para el nombramiento, la remuneración, el mandato, la promoción, la suspensión y la destitución y las sanciones disciplinarias en relación con los miembros de la judicatura”.

En julio de 2019 , García-Sayán presentó un informe ante la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la “independencia de los magistrados y abogados”.

El documento señala que “el Relator Especial considera que, para velar por la independencia del sistema judicial, los jueces, abogados y fiscales no deben ser objeto de injerencia, presión o amenaza alguna que afecte a la imparcialidad de sus fallos y decisiones”.

Agrega que “el empleo del poder político para ejercer influencia en el poder judicial y en el aparato estatal en su conjunto es una tentación que se repite en la historia”.

Informes previos

Anteriormente, el Comité de las Naciones Unidas y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) señalaron que el sistema judicial en Bolivia no es independiente.

“Preocupa al comité la falta de independencia y autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público, evidenciado en procesos judiciales por sedición y terrorismo contra opositores políticos (…). El Estado parte debe llevar a cabo una reforma urgente del sistema de justicia a fin de garantizar su independencia y el respeto al debido proceso”, refiere.

Durante sus encuentros con los diferentes sectores, García-Sayán recibió varias denuncias en sentido de que la independencia judicial se ha perdido con la forma de designación de las altas autoridades judiciales.

Consideran que la justicia fue secuestrada desde la elección de las altas autoridades mediante voto popular, pero con previa selección y aprobación de los postulantes en el Legislativo en manos de los dos tercios del partido gobernante.

En una evaluación que realizó al sistema de justicia de Honduras, García -Sayán consideró que “un aspecto que debilita la institucionalidad del sistema judicial es la inexistencia de métodos claros, transparentes y regulados con precisión en los procesos de selección y acceso a la función judicial”.

Corrupción judicial

En el análisis que realiza el Relator Especial incorpora lo que es la corrupción y la organización criminal, elementos fundamentales que afectan a la independencia de la justicia.

“La  corrupción dentro de la judicatura no se circunscribía a la corrupción económica en el sentido de la malversación de fondos asignados al poder judicial o los sobornos, ni mucho menos. Por ejemplo, podía adoptar la forma de la falta de imparcialidad en los juicios y fallos como resultado de la politización del poder judicial, las lealtades partidarias de los jueces y todos los tipos de clientelismo judicial”, señaló  en la Asamblea de la ONU.

Cuestionado

Pese a existir los principios básicos que regulan la evaluación, diferentes actores de la sociedad ponen en duda la imparcialidad con la que llevará adelante su misión.

Sostienen que responderá a  los fines del gobierno, toda vez que llegó a invitación de esta instancia, además que durante la administración transitoria, emitió juicios en contra y defendió al régimen que renunció.

García-Sayán estuvo al tanto del gobierno de Jeanine Áñez y la persecución judicial contra colaboradores de Evo Morales.

Esto se puede constatar en los tuits y artículos de opinión que publicó desde noviembre de 2019 hasta la fecha sobre la situación de la justicia en Bolivia.

En un artículo que escribió en El País, cuatro días después de la renuncia de Morales, hace referencia a “la instalación accidentada de una autoproclamada presidenta de transición premunida no de la Constitución, sino de dos Biblias”.

En este periodo, cuestionó la detención del exministro de Gobierno, Carlos Romero, y otros exministros y la persecución que se habría desatado contra exautoridades del MAS y que se refugiaron en la Embajada de México, mientras otros huían del país.

En ese entonces, la Cancillería, mediante comunicado señaló: “el señor García-Sayán se equivocó de gobierno. Dichas denuncias debió plantearlas durante la gestión de Evo Morales, un gobierno de profesionales de la política totalitaria que organizaron un sistema donde los jueces y los fiscales, elegidos por una asamblea nacional bajo su control, fueron el instrumento para silenciar, intimidar, perseguir y asesinar a los opositores políticos”.

PRESENTACIÓN DE INFORME PRELIMINAR

Mediante comunicado, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) confirmó que el relator especial para la Independencia de Jueces y Abogados de Naciones Unidas, Diego García- Sayán, presentará en junio próximo su informe final sobre su visita a Bolivia. Inicialmente estaba prevista la presentación del documento para junio de 2023.

EXDIPLOMÁTICO CRITICA LAS AFINIDADES DEL RELATOR

REDACCION CENTRAL

El diplomático y exembajador de Bolivia en diferentes legaciones Jaime Aparicio señaló que de un tiempo a esta parte los organismos internacionales responden a posiciones ideológicas del denominado socialismo del Siglo XXI.

“Todos estos organismos internacionales están pues, de alguna manera, trabajando con un enfoque muy político ideológico, entonces van contra la universalidad de los derechos humanos, porque las víctimas son juzgadas de acuerdo con que corriente política pertenece y no a las violaciones que han sufrido en la falta de debido proceso, en los casos, por ejemplo, de la expresidenta (Jeanine) Áñez de ser sometida a torturas, detención arbitraria, juicios sin prueba y otros, entonces, esa es una gran preocupación”, señaló.

Por otra parte, puso en duda la imparcialidad del relator especial Diego García-Sayán, que a través de diferentes mecanismos emitió opiniones de carácter político y de apoyo a un régimen.

“El expresidente de la CIDH en Twitter  y periódicos  se ha quitado la máscara y muestra que es un activista político, no un jurista encargado de vigilar la independencia de la comisión, sino que ha tomado un partido, ha tomado una actitud política y ha causado un gran daño en Bolivia y esa es la verdad. Muchos de estos organismos están influenciados en forma muy importante por el Grupo de Puebla, por estos grupos que apoyan a estos regímenes populistas”, dijo.

DEFIENDE A CORREA

En septiembre de 2021, el relator especial Diego García Sayán presentó varias observaciones al proceso planteado contra el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, que fue sentenciado a ocho años de prisión dentro del caso “sobornos”, lo que le impidió participar de los comicios pasados.

“En el contexto general se trataría de un caso de persecución política dada la indebida utilización del aparato de administración de justicia, con el fin de dictar una sentencia condenatoria para evitar la participación del señor Correa en la pasadas elecciones de febrero de 2021, por medio de un proceso judicial acelerado, que no contó con las garantías básicas de un juicio justo y las garantías de debido proceso”.

El Relator pidió al Gobierno de Ecuador información sobre el caso, ante la denuncia recibida.  El exvicepresidente Jorge Glas, que como Correa fue considerado culpable de ser instigador de un delito de cohecho pasivo agravado, también fue condenado a ocho años de prisión.

TERRORISTAS LIBERADOS

En noviembre del 2000, Diego García-Sayan, ministro de Justicia de Perú, en ese entonces, firmó dos resoluciones con carácter de “estrictamente secreto” (no publicadas en el diario oficial El Peruano), sobre conmutación de penas y rebajas de sentencias para liberar a dos terroristas de la cárcel.

Posteriormente, firmó otras 11 resoluciones supremas, éstas sí publicadas el 2 de diciembre de 2000 en la gaceta oficial, para beneficio de indultos, y a los tres días se publicaron otras ocho resoluciones otorgando perdón a igual número de terroristas sentenciados. 

El 10 de diciembre de 2000 salieron a luz otras 10 normas de indulto a condenados por “traición a la patria”. 

En 15 días, García-Sayán indultó a 31 sentenciados por terrorismo. 

Este fue apenas el inicio de su política de “humanización” de los establecimientos penales, de flexibilización carcelaria, es decir, de liberación de cientos de terroristas sentenciados.