Los avasallamientos, tomas o despojos de tierras en Bolivia no son una problemática reciente, pero cada año se incrementan y se tornan más violentos. 

Expertos e investigadores del área coinciden, por separado, en que cuatro factores impulsan esta ocupación ilegal en el país y que se interrelacionan: la flexibilización y vulneración de la norma; las alianzas entre cooperativistas con capitales extranjeros; el poder político, económico y judicial, y la sostenibilidad de la economía en el país.

El investigador del Centro de Información y Documentación Bolivia (Cedib), Óscar Campanini, asegura que en los últimos 15 años la economía de Bolivia se ha basado, fundamentalmente, en tres actividades “no sostenibles” como son la hidrocarburífera, la actividad minera y la agricultura y ganadería para la exportación.

“En los casos de la minería e hidrocarburos son no renovables, entonces, se acaban. En el caso de la agroindustria, las características de su desarrollo hacen que sea extensiva con gran e importante uso de agroquímicos y, por tanto, estas actividades requieren más espacio. Las zonas tradicionales para producir estos recursos ya han sido ocupadas, ya han sido explotadas y, en algunos casos, hasta agotadas. Entonces, han tenido que avanzar en el espacio y al avanzar se han topado con diferentes delimitaciones de protección ambiental y los territorios indígenas”, dijo. 

El economista y exdirector ejecutivo de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque, señaló que la  principal causa de avasallamiento es la agricultura mecanizada y la ganadería cruceña y beniana. “Sin embargo, en el último tiempo, la minería legal e ilegal también está provocando avasallamientos en territorios indígenas o Territorios Comunitarios de Origen (TCO) y en áreas protegidas como el (parque) Madidi”.

Asegura que la minería se convierte en un factor problemático debido a que actualmente es el segundo sector económico de mayor exportación. “La subida de precio internacional y el contrabando del oro ilegal provocan nuevos avasallamientos en el norte de La Paz, cuenca del río Madre de Dios y otros”.

Normas flexibilizadas 

Aunque Bolivia cuenta con la Ley 477 Contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras, aprobada en 2013, que sanciona a los traficantes con privación de libertad de tres a ocho años, Colque afirma que el proceso se tramita como un delito flagrante, es decir, que el autor o los autores deben ser acusados sin mayor trámite cuando son sorprendidos traficando tierras. La pena por tráfico se agrava en un tercio en el caso de los servidores públicos. 

Sin embargo, hasta ahora, la mencionada ley se aplicó en algunos casos de avasallamientos de propiedades privadas. El proceso judicial se activó sobre todo en hechos relacionados con propiedades medianas y empresariales. “La razón es el interés de los propietarios por proteger sus tierras, siempre y cuando puedan asumir toda la carga procesal, es decir, pagar los gastos de operación del Ministerio Público, la Policía y demás funcionarios judiciales. En la mayoría de los casos, el proceso termina con el desalojo, sin llegar al ámbito penal”, aseguró.

En el caso específico de las reservas forestales, Campanini dijo que si bien rige la Ley del Medio Ambiente y que la reglamentación de áreas protegidas, que data de los años 90, permite algunas actividades de carácter extractivo cumpliendo alguna normativa ambiental y, además, con una estrecha supervisión de la institución que gestiona el área protegida, en la actualidad  se aprobaron, sobre todo, en el gobierno de Evo Morales, decretos supremos con los que se facilitan todos esos trámites e, incluso, actúan como un incentivo.

“Empezó con los hidrocarburos a raíz de la baja de los precios internacionales durante 2014 y, posteriormente, con la Ley Minera”, especificó. Luego, señaló Campanini, se modificaron normativas internas que tienen todas las áreas protegidas para organizar y conservar el territorio que está dentro de sus límites, como los planes de manejo. Estos permiten analizar cuál es el estado de conservación y delimitación, hacer una zonificación dentro del área protegida para clasificar qué zonas son las más ricas y que tienen que conservarse de forma más estricta y cuáles son las que no tienen mucha riqueza o donde se realizan actividades o bien habitan personas o comunidades que efectuaban alguna actividad, incluso, previa a la constitución del área protegida.

“Entre el 2013 y 2016, el Gobierno modificó varios planes de manejo y zonificaciones de varias áreas protegidas con el fin de viabilizar determinadas actividades. Por ejemplo, en la reserva de flora y fauna  de Tariquía en Tarija se modificó la zonificación donde iban a estar los dos pozos de exploración de hidrocarburos, que eran zonas de protección estricta, se modificaron para que tenga una protección menor o, en otras palabras, para ‘hacer legal’ esa explotación o el desarrollo de los pozos exploratorios”, explicó el experto.  

El pasado 10 de febrero, el Gobierno promulgó el Decreto Supremo 4667 para modificar la frontera hidrocarburífera e implementar nuevas medidas, vinculadas a las atribuciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) sobre las áreas designadas. 

La norma menciona 108 áreas reservadas a favor de YPFB, que ocupan una superficie de 26.416.698 hectáreas, pero, sumando los contratos vigentes, la frontera petrolera asciende a más de 27 millones de hectáreas, según un informe del Cedib. 

Esta modificación incluye la creación de nuevos bloques y el cambio de algunos existentes. Además de una preocupante concentración de estas áreas en la Amazonía, como una nueva frontera extractiva.

En el Parque Nacional Carrasco, en Cochabamba, se hizo algo similar para construir la represa hidroeléctrica Ivirizu y en el caso de Apolobamba y del Madidi, ambos en La Paz, se hizo lo mismo para permitir que se desarrollen más actividades mineras. 

Pese a la flexibilización de la normativa, las cooperativas mineras no cumplen en muchos casos las condiciones establecidas para ingresar a las reservas naturales. “Aunque no es legal, muchas cooperativas mineras ya empiezan su actividad, pese a no estar concluido todo el trámite de otorgación de licencias ambientales y con el hecho de decir que está en trámite a veces ya es justificativo suficiente para que se realicen actividades”, afirmó Campanini.  

Alianzas con extranjeros 

En 2018 se denunció que ciudadanos colombianos y chinos incursionaron en la explotación minera en parques nacionales bajo la alianza ilegal con cooperativistas mineros. Sin embargo, después de  más tres años, no se observó acción alguna por parte de las autoridades nacionales, departamentales o locales para poner un alto a esta situación; por el contrario, la expoliación de cuadrículas mineras en esas áreas protegidas se ha incrementado. 

El líder indígena de la comunidad de San José de Uchupiamonas, Álex Villca, también vocero de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), afirmó que las cooperativas mineras en realidad son una “fachada” para el ingreso de grandes capitales trasnacionales. 

“En el norte del departamento de La Paz, sobre todo, en la cuenca de río Kaka es notoria la presencia de capitales chinos y colombianos, lo que no excluye que empresas de otras nacionalidades también estén asentadas en esta región, prácticamente, saqueando nuestra riqueza natural y destruyendo los territorios indígenas, las áreas protegidas y ese es un tema muy delicado. La minería en nuestro país, si bien ha sido reconocida como una actividad económica importante, hoy está generando una destrucción mucho más grande de nuestro patrimonio natural y cultural”, dijo.    

Campanini aseguró que no sólo en el parque Madidi hay presencia extranjera, sino también en Apolo y Pilón Lajas, que se han convertido en sectores donde la actividad minera aurífera ha crecido de manera impresionante. “Vienen de lugares con experiencia; por ejemplo en el caso de Colombia la minería de oro de tipo fluvial e ilegal ya data de hace bastantes décadas y ha  hecho destrozos ambientales impresionantes, además de toda la experiencia de violencia que existe en Colombia. Entonces, hay personas de Colombia con esa experiencia que participan en la actividad minera, obviamente en alianzas con cooperativas mineras. De igual manera, personas y capitales de origen chino también han ingresado; en el caso de los chinos con tecnología y maquinaria algo más sofisticada para ese tipo de extracción de oro”, indicó.

Poder político, judicial y económico 

Esta problemática se agrava porque sectores económicos que tienen mayor fuerza son los que presionan al Gobierno o son, incluso, integrantes del Ejecutivo u otras instituciones con poder de decisión. Por ejemplo, dijo Campanini, el sector minero cooperativista ha tenido una fuerte presencia en los gobiernos de Evo Morales y Jeanine Áñez; en la actualidad pasa lo mismo con la administración del presidente Luis Arce.  

“Los cooperativistas tienen un poder impresionante. Tienen varias autoridades en el propio Ejecutivo que son del sector cooperativista. En la gestión de la expresidenta Jeanine Áñez, el ministro  de Minería fue parte de una cooperativa y hay un Viceministerio del Ministerio de Minería vinculado al sector corporativo que usualmente es ocupado por un cooperativista o por asesores de cooperativistas”, afirmó Campanini.

En el Legislativo, hay varios senadores y diputados cooperativistas de distintas organizaciones políticas. “Entonces, cuando tienen que actuar a favor del sector cooperativista, operan como una bancada del cooperativismo minero dentro el Legislativo y lo mismo ocurre con las alcaldías y en las asambleas departamentales” de las gobernaciones, agregó. 

En otras palabras, según Campanini, el Gobierno está en manos de estos sectores económicos.

El poder político, económico y judicial también se observa claramente en el tráfico o los avasallamientos con fines inmobiliarios como sucede, por ejemplo, en Cochabamba, porque pese a las denuncias ante el Ministerio Público, la Policía u otras instancias judiciales, no hay una acción concreta y real de las autoridades que frene estas tomas de tierras. Hace poco, la hacienda Maicapampa, en el valle alto, fue tomada por loteadores armados. 

El investigador del Cedib dijo que el crecimiento urbano causa un tráfico de tierras que al mismo tiempo presiona para urbanizar zonas agrícolas o áreas verdes, con el fin de generar un mercado inmobiliario fundamentado en las tomas ilegales. “En el caso de Cochabamba, el problema es impresionante en todo el valle central y en el valle de Sacaba se ha transformado lo que era antes una zona agrícola en una zona urbana y parte de todo eso es el cambio que ha existido en el Parque Nacional Tunari”, explicó. 

La presión para “legalizar” el ingreso al parque Carrasco o Tariquía también se dio con el Parque Tunari, pero en este caso no fue para una actividad extractiva sino para un mercado inmobiliario que “legaliza” ciertas zonas.