Ni siquiera porque está en La Paz el Relator Especial de la Naciones Unidas para la independencia de los jueces y fiscales, el Gobierno guarda las formas. Por el contrario, este viernes hizo la mayor demostración de manipulación de la justicia en contra de la expresidenta Jeanine Añez. La estrategia incluyó el descarado cambio de decisión de un juez en pocas horas y la acción de sus violentos grupos de choque integrados por funcionarios de los ministerios.

En el décimo día de la huelga de hambre de Añez, el juez Franklin Siñani decidió, alrededor del mediodía, el traslado de la exmandataria al Hospital de Clínicas para evitar un “desenlace fatal”.

“Este juez, al evidenciar claramente y tener la certeza de que día a día y con el paso de las horas se agrava y se va a agravar más la situación de la señora accionante, debe actuar en representación del Estado y disponer que la misma sea trasladada a un centro de salud”, indicó, luego de que Añez vomitara en plena audiencia.

Cinco horas más tarde, el mismo juez cambió su decisión indicando que Añez debe ser atendida en el penal. Basó su nueva resolución en un pedido de la gobernadora del penal, quien le habría expresado su imposibilidad de sacar a Añez de la cárcel debido a la presencia de los grupos movilizados en los alrededores.

Poco antes, la médica del penal, Mariana García, había dicho que Añez no va a ser llevada a un hospital porque el problema de fondo es que ella no acepta ningún tipo de tratamiento. Esta declaración desmiente a la propia gobernadora y al juez. No fueron los grupos de choque los que impidieron el operativo, sino la decisión del gobierno de Luis Arce, de quien dependen, en orden de jerarquía, el Ministerio de Gobierno, la dirección de régimen penitenciario, la gobernadora del penal y la médica del mismo.

Cuando hay voluntad, las órdenes judiciales se cumplen, tal como ocurrió con el narcojefe Maximiliano Dávila que, pese a estar buscado por la DEA, fue sacado del penal de San Pedro para recibir atención médica en el Hospital del Tórax.

Y, respecto a los grupos de choque hay que decir, sin temor a equivocarnos, que estaban integrados por funcionarios del Gobierno, entre ellos trabajadores del Ministerio de Gobierno y de la Procuraduría, quienes quemaron la caseta que mantienen las personas que hacen vigilia en apoyo a Añez. Carolina Ribera, la hija de la expresidenta, se llevó la peor parte porque fue sacada a empujones de la cárcel y prácticamente entregada a los grupos violentos.

Esta suma de hechos demuestran, una vez más, la actitud criminal del gobierno de Arce en contra de Jeanine Añez. Lo que ocurra con ella, será su entera responsabilidad.