En noviembre de 2019, el país vivía un caos de grandes proporciones. Dos días de vacío de poder, entre el 10 de noviembre, fecha en la que renunció Evo Morales, y 12 de noviembre, fecha en la que Jeanine Añez asumió el gobierno, bastaron para saber que Bolivia se encaminaba hacia un enfrentamiento sin precedentes. No faltan quienes dicen que el país se encaminaba a una guerra civil.

En ese contexto, diversas instituciones contribuyeron a la pacificación del país, mediante reuniones con los representantes de los principales partidos en pugna y con líderes de la protesta cívica. La Embajada de la Unión Europea y la Iglesia Católica tuvieron un papel preponderante en esa tarea desde el mismo día de la dimisión de Morales. Además, cuatro días después de que Añez asumiera el mando, llegó a La Paz Jean Arnault, en representación del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para contribuir en la tarea de pacificar el país en el marco de la transición.

Los diálogos del nuevo oficialismo y los representantes de los movimientos sociales y del MAS, que mantuvo el control de la Asamblea Legislativa, dieron sus frutos el 24 de noviembre de 2019, cuando fue promulgada la ley de convocatoria a elecciones para el 2020 con Jeanine Añez y Eva Copa (entonces del MAS) como principales artífices del logro.

Como los mandatos de los parlamentarios y de la misma Añez, que emergió del Legislativo, iban a concluir el 22 de enero de 2020, se aprobó otra ley, de consenso de ambos bloques, para prorrogar esos mandatos, lo que implica un reconocimiento al mandato de Añez, que quedaba habilitada para conducir las futuras elecciones.

Arnault no fue indiferente ante estos hechos, así lo expresó en un comunicado: “El Enviado Personal del Secretario General aplaude el fallo emitido hoy por el Tribunal Constitucional Plurinacional respecto a la prórroga del mandato de los órganos Ejecutivo y Legislativo y de las autoridades subnacionales”.

Dos años después de aquellos sucesos, está de visita en Bolivia el relator de Naciones Unidas para la independencia de los jueces y abogados, Diego García-Sayán, verificando si la justicia del país es independiente de presiones políticas.

Resulta que la mayor muestra de sometimiento del sistema judicial al gobierno del MAS es justamente un paquete de juicios penales ordinarios en contra de la expresidenta Añez y sus colaboradores. Todos ellos están acusados de haber cometido un golpe de Estado inexistente.

En consecuencia, si García-Sayán representa a una institución más que a sí mismo, tendría que actuar en coherencia con lo dicho y hecho por Jean Arnault, y pronunciarse de manera clara en contra de esos procesos.

No decir nada sobre los juicios relacionados con la retórica oficialista del golpe de Estado  es como no haber venido a Bolivia, no haber entendido lo que ocurre en el país o, peor aún, haberlo comprendido y no haberlo expresado.

Una declaración de esa naturaleza ayudaría al país a embarcarse en la reconciliación tan ansiada.

En los primeros días de la visita de García-Sayán se sintió una especie de euforia mezclada con esperanza de que al final alguien iba a escuchar las penurias de las víctimas del sistema judicial. Pero, luego surgieron las dudas, escepticismo y hasta desconfianza porque el relator no quiso visitar a Añez en la cárcel para comprobar el estado en el que se encuentra, visitó en persona a altas autoridades del Gobierno en sus despachos y a algunos opositores apenas les concedió un link para hablar por zoom, o finalmente, porque no faltaron los que recordaron que, en un artículo de 2019, el mismo García-Sayán había llamado “autoproclamada” a Añez.

Son dudas que serán despejadas o confirmadas con el informe que García-Sayán hará público en junio de este año. Hasta entonces, es probable que Añez sea condenada a 12 años de cárcel y que se hayan consumado los abusos del MAS. García-Sayán, entonces, podría convertirse en una anécdota que sirvió de catarsis durante una semana de 2022.