Curiosamente, las autoridades del actual Gobierno defienden reiteradamente la independencia de la justicia. Además, dicen que sus falencias apenas obedecen a la corrupción de algunos de sus operadores, los cuales nada tienen que ver, según aquéllas, con favores al régimen.

Lo cierto es que en la crisis galopante que atraviesa la justicia participan precisamente tanto el favor como la corrupción. La gran mayoría de jueces, especialmente de la jurisdicción penal, tienen una indisimulada actitud proteccionista para con el gobierno o sus autoridades, pero también una decisión inquebrantable de sancionar con excesiva severidad delitos iguales, y hasta frecuentemente inexistentes, tratándose de líderes políticos o de activismo político opositor al régimen. Y no es menos evidente que cuando en el juzgamiento de casos ajenos a la política la corrupción es moneda corriente, haciendo de la ley y de la sana crítica (presupuesto insustituible de una correcta decisión judicial) instrumentos ajenos a la composición de los fallos, que, en consecuencia, condenan a quien no ha infringido la ley o exculpan a quienes, para ese fin, han recibido jugosos incentivos.

Ese cambio de discurso de nuestros gobernantes contraviene con lo que ni los del gobierno de Evo Morales ya pudieron ocultar: la repugnancia de nuestra justicia. Y como, de entonces a hoy, en esa materia no ha cambiado absolutamente nada, todo parecería encaminarse a un lapidario diagnóstico que el sobresaliente jurisconsulto Diego García-Sayán, relator de Naciones Unidas, hará luego de los encuentros que mantuvo con sus anfitriones, con el Tribunal Supremo de Justicia, con otros tribunales de menos jerarquía y demás segmentos de la sociedad boliviana.  Pero los pergaminos y las credenciales -que no dudo son absolutamente bien ganados de quien tiene una más que brillante trayectoria como hombre de leyes- no van a determinar que, luego de compulsar los informes de uno y otro lado, García-Sayán sea dirimidor muy imparcial, como del lado de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, de la democracia y de la sociedad civil se está esperando.

Y es que los organismos internacionales aglutinan a los Estados, pero tienen una marcada complacencia por sus respectivos gobiernos… Ése es uno de los factores, pero no el único y ni siquiera el principal, para pensar que Diego García-Sayán, dentro de unos meses, emita un informe-opinión sobre el comportamiento de la justicia en nuestro país que no se ajuste a la realidad. El otro componente, y con seguridad decisivo como para que el insigne relator concluya pálidamente que la justicia en Bolivia tiene solo algunas limitaciones y en su mérito haga algunas recomendaciones más de protocolo que conminativas para mejorar un desempeño que lo verá aceptable, tiene que ver con que en regímenes como el nuestro la pluralidad de posibilidades de entrevistas a autoridades que tienen todo el poder no solo para disponer de tiempos, sino de mecanismos que pueden ser determinantes para penetrar en el subconsciente de quien circunstancialmente hace de juez de la justicia, adolece de una inequidad que el fugaz auditor no tenga ninguna posibilidad de juzgar con sindéresis. En cambio, quienes tienen una visión contraria de las atrocidades que cometen los jueces de todos los niveles y de distintas áreas pero carecen de los medios para, por ejemplo, acceder a los cuadernos investigativos o disponer de las facilidades que el oficialismo tiene, la visión centrípeta que debe tener quien emite juicios, sin escuchar los testimonios de quienes efectivamente han sufrido los rigores de una abierta parcialización judicial, no solo en el gobierno del MAS, sino también incluso en el régimen transitorio de Añez, se halla en gran entredicho. En ambos casos, el Ministerio Público, la justicia ordinaria y el Tribunal Constitucional Plurinacional han tenido y tienen un comportamiento escandaloso.

Luego, no se justifica el optimismo opositor, en cuyo criterio (y espero ser yo el equivocado) García-Sayán desnudará la podredumbre del sistema. Lo que sí habrá será una tibia valoración de una impenitente justicia.

Augusto Vera Riveros es jurista y escritor