La visita del relator de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán, ha generado una expectativa natural no solo por haber constatado que no existe independencia judicial, y por eso la justicia boliviana ha tocado fondo, sino también por las oportunidades que existen de poder iniciar un proceso transformador del sistema judicial. El alto burócrata internacional tiene que honrar un mandato del sistema de Naciones Unidas, que se resume en supervisar los avances conseguidos a la hora de proteger y mejorar la independencia judicial; realizar recomendaciones concretas a los Estados; e identificar vías para mejorar la independencia del Poder Judicial y garantizar el trabajo de los abogados (las pruebas abundan).

En un Estado donde todo se concentra en el Órgano Ejecutivo y se impone la voluntad del gobernante de turno, como ocurre en Bolivia, no puede haber un Órgano Judicial independiente, imparcial, creíble y fortalecido. Y aunque el Gobierno central enarbole la independencia judicial, le conviene tener un sistema judicial débil, frágil, sometido y pervertido para poder conseguir sus fines políticos: el control monolítico del aparato estatal y la reproducción del poder político. En cambio, un sistema judicial fuerte, robusto, honesto, eficiente, transparente, etc., constituye un freno a la angurria de poder y su inefable correlato: la criminalización de la política.

El modelo presidencial hiperconcentrado viene a ser una de las causas de que nuestro país sea uno de los Estados más atrasados, pobres y con menos perspectivas de crecimiento y desarrollo en el continente. La concentración del poder erosiona el sistema democrático, el pluralismo político, la independencia judicial, la transparencia de la cosa pública y facilita la corrupción. La necesidad de cambiar esta tendencia autoritaria, supone un desafío mayúsculo, ya que forma parte de la tradición y cultura política boliviana, y está “blindada” en la propia Constitución (art. 172).

En el actual Estado “fallido” y decadente no puede brillar (ni brillará) la justicia y aunque la Constitución y los pactos internacionales proclamen su independencia, tiene que haber una reforma integral para imponer una verdadera independencia judicial. Las groseras limitaciones presupuestarias, la falta de institucionalización de la carrera judicial, el uso impropio del juicio de responsabilidades a los magistrados, la persecución o judicialización de la política, etc., han estado entre los mecanismos más usados para someter y pervertir al Órgano Judicial.

La reforma integral del sistema judicial depende de que haya voluntad política de los gobernantes, el compromiso de los partidos políticos, las fuerzas representativas y la sociedad civil mediante sus instituciones (colegio de abogados, universidades y academias). En un sistema democrático, los pesos y contrapesos tienen que funcionar para que ni la Asamblea Legislativa sea superior al presidente del Estado, ni éste sea superior al Judicial, ni el Órgano Judicial sea superior a ambos.

Lo que está clarísimo es que un Órgano Judicial sin independencia no solo degrada la institucionalidad democrática y genera corrupción, pobreza, miseria y la Ley de la Selva, sino además pone en duda la viabilidad y sostenibilidad del Estado. Los gobernantes tienen que “sacar las manos” del sistema judicial, condición sine qua non para el fortalecimiento de las instituciones republicanas, y honrar a los convenios y pactos internacionales que existen sobre esta materia. En general, mientras no se erradique este viejo sistema político (presidencialista, concentrado y autoritario) y su pesada carga ideológica y cultural, será muy difícil resolver el principal problema del Órgano Judicial: su independencia institucional para emprender las otras reformas estructurales.

Las conclusiones y recomendaciones de Diego García-Sayán serán importantes para la reforma judicial integral, pero el trabajo de fondo corresponde a todos los bolivianos. La justicia es transversal a todo el quehacer nacional, por eso la necesidad de tomar consciencia de su lamentable realidad y comprometerse con la reforma judicial, antes de que terminen de salir de la cárcel los feminicidas, los asesinos, los estafadores, etc.

Williams Herrera Áñez es jurista y autor de varios libros