En medio de la crisis judicial por la corrupción y la creciente desconfianza en los operadores de justicia, un reconocido abogado relató la amarga experiencia que pasó en el proceso de postulación para optar al cargo de juez de Instrucción Penal de La Paz, debido a que no fue suficiente su amplia trayectoria, sus méritos académicos y las buenas calificaciones que obtuvo en las evaluaciones, sino que le faltó “aportar” 15 mil dólares para una supuesta “recomendación” que le permita acceder a la designación judicial.
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La evaluación a postulantes al cargo de jueces se llevó entre diciembre de 2020 a mayo de 2021, en medio de denuncias por la elección de algunos que tenían notas bajas y no cumplían requisitos.
En medio de la crisis judicial por la corrupción y la creciente desconfianza en los operadores de justicia, un reconocido abogado relató la amarga experiencia que pasó en el proceso de postulación para optar al cargo de juez de Instrucción Penal de La Paz, debido a que no fue suficiente su amplia trayectoria, sus méritos académicos y las buenas calificaciones que obtuvo en las evaluaciones, sino que le faltó “aportar” 15 mil dólares para una supuesta “recomendación” que le permita acceder a la designación judicial.
Justo Contreras (nombre convencional, debido a que el abogado pidió a Página Siete guardar en reserva su identidad para evitar represalias en su trabajo) se presentó, junto a otros 302 abogados, a la convocatoria lanzada por el Consejo de la Magistratura, en diciembre de 2020, para optar a un cargo en la administración judicial para La Paz.
El candidato pensó que todos los postulantes iban a ser evaluados en las mismas condiciones, tal como manda el reglamento del Sistema de la Carrera Judicial: “Durante el proceso de selección de postulantes a juezas y jueces, se garantizará la transparencia y el acceso a la información en forma veraz, oportuna, comprensible y confiable, en cada una de sus fases”.
Los candidatos debían superar varias fases para acceder al cargo de jueces: la calificación de méritos (40 puntos), examen de competencia (60 puntos), evaluación psicológica (recomendable/no recomendable) y la entrevista (referencial).
Contreras reunió todos sus documentos para acreditar su currículo, en el que debía certificar su experiencia laboral en el ámbito jurídico, nivel académico, cursos de posgrado, entre otros. También debía certificar que no cuenta con antecedentes de violencia, pliego de cargo ejecutoriado, casos de prohibición e incompatibilidad, no haber sido destituido en un proceso disciplinario y otros.
Página Siete revisó el proceso de calificación de la primera fase de evaluación de los postulantes y el abogado Contreras fue “habilitado” para pasar a la siguiente fase.
Sin embargo, “muchos que fueron destituidos, han pasado, no sé cómo lo hicieron, pero pasaron y se han habilitado”, afirmó el jurista, al ver en la siguiente etapa a candidatos que habían sido destituidos anteriormente en una instancia judicial.
La siguiente prueba era el examen de competencia. Los postulantes habilitados de diferentes regiones del país debían trasladarse a Sucre para rendir la prueba escrita en la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier.
Contreras contó que el examen constaba de 60 preguntas y había un lapso de tres horas para concluir esa prueba. Dijo que el examen era muy complejo y complicado de resolver, pero había algunos que en una media hora concluyeron el examen. Acá los candidatos debían obtener un puntaje elevado para habilitar a la siguiente fase.
Según las calificaciones del examen, el abogado obtuvo una puntuación por encima de 40 puntos, que lo habilitó a la siguiente instancia.
Mencionó que la evaluación psicológica se llevó a cabo en el Colegio de Abogados de La Paz, para los postulantes de esta región, que también superó con éxito y fue habilitado, tal como cursa en la planilla de evaluación.
Frontis del Consejo de la Magistratura en la ciudad de Sucre Foto: Magistratura
Contreras llegó a la fase final: la entrevista. Esa etapa se llevó a cabo en el Consejo de la Magistratura, en Sucre, entre el 7 al 10 de abril de 2021. Cada postulante debía ser entrevistado de manera individual sobre temas concernientes a la ética, gestión de despacho y propuesta. Los parámetros a calificarse eran Bueno (B) y Regular (R), y para quienes no asistían simplemente se ponía NSP.
El jurista obtuvo una B (Bueno), según cursa en la planilla de calificaciones. Y con esa etapa finalizó todas las pruebas que iniciaron en diciembre de 2020 y debía concluir con la posesión de los nuevos jueces mejores calificados, en un acto programado para junio de 2021.
Dijo que una vez concluida la prueba, retornó a La Paz para continuar con sus labores. Semanas después recibió una llamada en la que lo citaron al Tribunal Departamental de Justicia, en referencia a las pruebas que había aprobado para acceder al cargo de juez.
“Un juez (de materia penal) me llamó y me convocó al Tribunal Departamental de Justicia para pedirme ese dinero. Él me dijo, por si acaso, los 15 mil dólares no es solo para mí”, aseguró el abogado, detallando que el mencionado juez le había indicado que esos recursos supuestamente iban a distribuirse entre las tres instancias que tienen que ver con el ámbito de la justicia.
Detalló que en ese encuentro le comentaron del porqué se postuló a un juzgado que era “muy apetecido”, habiendo tantos otros en materia civil y familiar. También le dijeron que ellos estaban a cargo de hacer un informe de “recomendación” para aquellos que iban a acceder al cargo, ya que no era suficiente las pruebas aprobadas en el proceso de calificación, sino tenía que poner los 15 mil dólares para la designación.
El abogado contó que era imposible pagar esa cantidad de dinero, además no vio ético hacer eso para acceder a un cargo que tiene la responsabilidad de administrar la justicia.
“Yo no estaba de acuerdo, y a la semana han posesionado a ese cargo, a los jueces”, apuntó.
Según el afectado, la autoridad judicial que lo llamó era un “recaudador” que cobraba esos montos para otros, quienes se resguardaban detrás de él para no verse involucrados en corrupción.
(Me dijeron) ese cargo es muy apetecido por todos. No es suficiente eso (de los méritos), tiene que dar 15 mil dólares
Postulante a juez
Jueces observados
2020-2021 Diferentes abogados cuestionaron la designación del exfiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco Soria, en el cargo de juez, debido a que otros tres postulantes obtuvieron mejores calificaciones, además es investigado por ocultar pruebas en el caso de Jhiery Fernández.
2021-2022 El abogado Jorge Valda denunció que Marco Antonio Vargas y Liz Avilés, jueces que juzgarán a Jeanine Añez, accedieron al cargo de forma irregular, con bajas notas.
